La entrada de la Fiscalía Anticorrupción como parte de la causa judicial contra el Gobierno andaluz por la adjudicación a dedo de casi 300 millones de euros a clínicas privadas, amparándose en una ley derogada tras la pandemia, ha empujado al equipo de Juan Manuel Moreno a replantearse la personación en el caso.
“No tengo ninguna opinión, me parece razonable dentro de cualquier causa”, ha respondido este jueves el presidente andaluz, a la entrada del Parlamento, cuando le han preguntado por el paso dado por el Ministerio Público. Acto seguido Moreno ha confirmado que “estudiarán” si la Junta de Andalucía se persona en la causa abierta por un juzgado de Sevilla por un posible delito de prevaricación administrativa en el abuso de esos contratos de emergencia que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) prorrogó, sin amparo legal y en contra del criterio explícito de la Consejería de Hacienda, hasta junio de 2023.
La investigación judicial parte de una denuncia presentada por el PSOE andaluz el pasado 20 de junio, ampliada posteriormente en dos ocasiones con nueva documentación. La Junta y el PP van a ciegas, desconocen los términos de la denuncia, hacia quién van dirigidas las acusaciones, si es hacia la institución, si es hacia altos cargos concretos y qué delitos les imputan. Los socialistas han revelado dos: prevaricación, que es por ahora el objeto de la apertura de diligencias por parte del juez, y malversación de caudales, que el magistrado no ha considerado de momento, con independencia de que el desarrollo de las pesquisas aporten otros indicios.
El equipo de Moreno defiende públicamente que están tranquilos, porque las prórrogas de todos esos contratos a dedo del SAS hasta 2023 están avaladas por informes jurídicos de la Junta de Andalucía. Los informes reconocen que el marco legal habilitado por el Gobierno central durante el segundo estado de alarma de la pandemia, incluido el Real Decreto Ley que facultaba a las comunidades a realizar contratos de emergencia a dedo, “ha perdido su vigencia en el momento de emisión de este informe”.
Pero acto seguido añaden: “Pese a todo [las prórrogas de los contratos firmadas por el SAS] tienen su razón de ser en la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, el 22 de enero de 2020”, y en el “Reglamento Sanitario Internacional”.
El archivo de la investigación de 2020
A pesar del discurso de tranquilidad, en el entorno del presidente andaluz hay voces que defienden la necesidad de personarse en cuanto el juez plantee este escenario al Gobierno andaluz, porque ahora “vamos a ciegas y el PSOE nos gana en estrategia”.
Moreno ha llegado este jueves a la sesión de control en el Parlamento, 24 horas después de que Anticorrupción irrumpiera en la causa judicial por los contratos a dedo. El presidente de la Junta iba preparado para que cualquiera de sus rivales políticos -singularmente Juan Espadas- le atacase con este asunto, pero el socialista ni siquiera lo ha mencionado.
Moreno llevaba consigo una documentación que no ha usado, pero que luego ha distribuido su gabinete a la prensa: la fiscalía del Tribunal de Cuentas abrió una investigación de oficio el pasado mes de septiembre, tras analizar el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre los contratos exprés en toda la Junta -no sólo en el SAS- durante el ejercicio 2020, el año más duro de la pandemia. El pasado 20 de octubre archivó las diligencias.
Este informe del órgano fiscalizador de extracción parlamentaria se publicó el pasado mes de julio y analiza, con dos años de retraso, la contratación pública de la Junta en el curso más duro de la pandemia de Covid-19, durante el cual estuvo habilitada una legislación excepcional para que todas las administraciones recurriesen a los contratos de emergencia.
La denuncia del PSOE no se centra en el año 2020, sino en la continuidad de esos contratos a dedo dos años y medio después, cuando esa normativa estaba derogada, en mayo de 2021. Ni la evolución de la pandemia ni la legislación habilitada para agilizar la contratación de las administraciones públicas era la misma en 2020 que en 2021.
De ahí que la Intervención Central del SAS emitiese un informe de fiscalización desfavorable relativo a 2021, acusando a la Junta de servirse de un marco legal estatal “plenamente derogado” para seguir prorrogando “sin justificación alguna” un sistema de contratación a dedo “de forma indebida”, cuando la pandemia ya estaba “muy atemperada”. El pasado 31 de julio, el PSOE llevó al juzgado que había abierto diligencias una ampliación de su denuncia, incluyendo este informe.
La Cámara de Cuentas analizó solo el ejercicio 2020, pero incluyó un breve anexo sobre 2021 en el que ya apuntaba algunas de las irregularidades que estaba denunciando públicamente el PSOE en ese momento. elDiario.es había publicado meses atrás que la Junta llevaba dos años prorrogando los contratos a dedo con clínicas privadas, por un valor de 243 millones de euros, amparándose en un decreto ley derogado.
Cuando se hace público el informe de la Cámara de Cuentas, los socialistas hicieron una comparecencia ante la prensa para subrayar que las conclusiones de aquel documento confirmaban sus denuncias sobre la “corrupción sanitaria en el Gobierno de Moreno”, y aventuraron que era “la punta del iceberg”.
Con el archivo de la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas sobre aquel informe, el PP andaluz ha tratado este jueves de enfriar el supuesto “escándalo” que denuncian los socialistas, aunque la causa judicial por prevaricación sigue abierta, y Anticorrupción forma ya parte de la instrucción.
El juez Francisco Javier Santamaría, que instruye la causa de los contratos a dedo contra el Gobierno de Moreno, ha requerido ya documentación sobre los contratos de emergencia con clínicas privadas a la Intervención General de la Junta de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Intervención Central del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
El Tribunal de Cuentas carece de información relevante sobre el periodo que denuncia el PSOE, porque su investigación solo se ha centrado en el ejercicio 2020 -último informe de fiscalización publicado por la Cámara de Cuentas de Andalucía- y el hecho significativo -los contratos a dedo posteriores a la derogación del Decreto Ley que los amparaba (mayo 2021)- corresponden al ejercicio siguiente, que aún no ha sido analizado por la Cámara de Cuentas.
La Fiscalía Anticorrupción, que acaba de asumir la investigación sobre los contratos a dedo, tendrá acceso a la documentación que ha solicitado el juez, que es quien dirige la investigación. A partir de ahora, el fiscal puede instar al magistrado a seguir una línea de investigación concreta, a partir de sus propias pesquisas, pero será el juzgado el que acepte o rechace su planteamiento.