El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PSOE andaluz contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno por supuesta malversación y prevaricación en la adjudicación a dedo de 243 millones de euros a clínicas privadas -sin publicidad ni concurrencia competitiva- acogiéndose al procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el Gobierno central para agilizar la respuesta sanitaria ante la pandemia cuando ya estaba derogado.
El auto, adelantado por la Cadena SER y confirmado por este periódico, supone la apertura de la primera investigación judicial al Gobierno de Moreno, tras seis años en el poder, y parte de la denuncia del equipo de Juan Espadas, registrada en el juzgado el pasado 20 de junio.
El 12 de marzo de 2023, elDiario.es Andalucía adelantó en exclusiva que los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas seguían vigentes -“hasta el 30 de junio de 2023”- dos años después de la derogación del marco legal extraordinario habilitado por el Ejecutivo central para hacer frente a la pandemia. 24 horas después, el Ejecutivo andaluz se apresuró a anunciar que cancelaría ese sistema de contratación tras haber aprobado cuatro prórrogas consecutivas que en dos años triplicó el gasto inicialmente aprobado para adjudicaciones a dedo, de 70 a 243 millones.
Durante meses, los socialistas han estado anunciando la presentación de una denuncia contra los contratos a dedo en el SAS y driblando a los periodistas cuando preguntaban cuándo lo harían. La realidad es que, por “estrategia procesal” y recomendación de sus abogados, han guardado el secreto de una denuncia ya registrada hace tres meses.
El PSOE presentó la denuncia en junio a través de sus 30 diputados, a título personal, con firma y DNI, pero por ahora el partido no está personado como acusación particular. El juzgado comunicó este miércoles al representante legal de los socialistas la apertura de diligencias y les advirtió de que para ser parte de las actuaciones tendrían que presentar un escrito de acusación particular, cosa que hicieron de inmediato, según fuentes del partido.
En ese escrito de solicitud, el equipo de Espadas menciona nuevos escritos registrados el 4 y 31 de julio para “ampliación de la denuncia” presentada un mes antes. Ahora el juez debe dirimir si acepta al PSOE como acusación particular.
El líder de los socialistas ha explicado este jueves, en los pasillos del Parlamento, que sus abogados decidirán si la denuncia por la fragmentación de contratos menores “en fraude de ley” destapada por los interventores del SAS -y avanzada esta semana por elDiario.es- se adjuntará a esta denuncia, para que el mismo juez investigue toda la contratación pública de la Junta, o si se cursa una denuncia aparte.
“El Gobierno de Moreno generó un sistema de trabajo al margen de la legalidad, provocando un deterioro de las arcas públicas. Utilizó una fórmula irregular de contratación a sabiendas, con adendas y prórrogas a contratos anteriores amparados en la legislación excepcional de la pandemia cuando ya había sido derogada, y creemos que eso es delito de prevaricación. No son expedientes concretos, hablamos de un modus operandi”, ha subrayado Espadas.
Los socialistas han manejado en su denuncia el expediente inicial de los contratos de emergencia, de 2021, las cuatro prórrogas que alargaron la adjudicación a dedo hasta mediados de 2023, y amplia documentación interna con advertencias -incluida una instrucción de la Consejería de Hacienda- para que dejaran de usar el marco legal de contratación de la pandemia porque ya había sido derogado, y porque la crisis sanitaria se había convertido en algo “previsible” desde el punto de vista de la gestión. También se incluye el informe de la Cámara de Cuentas, relativo a los contratos de emergencia de 2020, que adelanta serias advertencias para que la Junta deje de usar esta fórmula en 2021, y varios informes de los interventores en el mismo sentido.
El origen de estos 79 contratos con clínicas privadas está en el Expediente 110/2021, un Acuerdo de Emergencia de 20 de enero de 2021 firmado por el director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán [luego viceconsejero de Salud], con un presupuesto inicial de 70 millones de euros, y un periodo de ejecución de febrero a diciembre de ese año.
Sobre ese acuerdo marco, el Gobierno andaluz siguió encadenando adendas a cada contrato (con ampliaciones de gasto) y resoluciones de prórroga del expediente original durante al menos año y medio. “Debido al incremento de contagios de la sexta ola de pandemia”, justificaron entonces fuentes de la Consejería de Salud a este periódico.
El Acuerdo de Emergencia, de 70 millones de euros, sumó otros 55,7 millones a lo largo de 2021 y 100,9 millones más durante 2022. Hasta septiembre de 2022, la Junta triplicó el presupuesto inicial en adjudicaciones a dedo con clínicas privadas: 156,7 millones por encima de la licitación inicial. En marzo de 2023, cuando elDiario.es publica esta noticia, la cifra total de adjudicaciones a dedo a través de este procedimiento alcanzaba los 248 millones de euros.
En total hubo cuatro resoluciones de prórrogas aprobadas por el SAS, entre 2021 y 2023, amparadas en dos preceptos legales: el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público para contratos de emergencia [que ya existía antes de la pandemia pensado para responder a situaciones de crisis]; y el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, aprobado por el Gobierno central durante el primer estado de alarma para “justificar la necesidad de actuar de inmediato” y dar respuesta al impacto económico de la Covid-19.
Este marco normativo permitió a las comunidades autónomas contratar a dedo con empresas sanitarias con un procedimiento más ágil para contener la propagación del virus sin necesidad de pasar por todos los trámites de contratación en la Administración Pública en lo peor de la crisis. En la práctica, ese atajo para que los Gobiernos pudieran hacer frente a la emergencia supuso menos controles y fiscalización del dinero público por parte de los interventores. El artículo 16 del Real Decreto dice así: “La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de la Administración general del Estado para hacer frente a la Covid-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público”.
La resolución del SAS para prorrogar y ampliar los contratos a dedo con clínicas privadas mucho después de que decayese el estado de alarma alude directamente a ese artículo 16 [aunque evita citar su número], y reproduce una parte en su exposición de motivos, argumentando que “refuerza la aplicación del trámite de emergencia” para contratos sin concurrencia competitiva ni publicidad.
Acto seguido, la Consejería de Salud justificó su vigencia y aplicación en el momento de la prórroga: “Si bien este artículo se refiere a la Administración General del Estado, es igualmente aplicable a la contratación de otras administraciones y a todo el sector público con la misma finalidad”. Pero ese artículo llevaba ocho meses derogado, desde el 9 de mayo de 2021.
Y el Gobierno andaluz era plenamente consciente de ello, porque el 18 de junio, la Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda había remitido una instrucción escrita a todas las consejerías advirtiéndoles de que el artículo 16 estaba “plenamente derogado”; que la justificación del coronavirus ya no era motivo suficiente para usar regularmente el artículo 120 de la Ley de Contratos Públicos, y que “el recurso a la contratación de emergencia” orientado a “hacer frente al Covid-19” debía tener “carácter excepcional y residual”. Pese a ello la Junta adjudicó decenas de millones de euros a la sanidad privada sin concurso ni controles, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía.
La resolución del SAS alega que era “imposible el haber realizado por la vía ordinaria de urgencia” los contratos con las clínicas privadas para derivación de pacientes. Esta premisa está vigente desde enero de 2021 hasta finales de 2022, periodo en el que el Gobierno andaluz siguió amparándose en la pandemia y evitó volver al procedimiento ordinario para adjudicar contratos a clínicas privadas. En lugar de optar por los concursos abiertos, el Ejecutivo de Moreno prolongó año y medio una figura excepcional, sin publicidad ni concurrencia pública, y sin apenas controles de la Intervención.
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