Quién es quién en los ERE y cuál es su condena definitiva

El Tribunal Supremo ha confirmado las principales condenas por el caso de los ERE y, salvo respecto a cuatro personas, ha mantenido la mayor parte de los pronunciamientos de la sentencia de la Audiencia de Sevilla en noviembre de 2019. Pero, ¿quién es quién en esta macrocausa? ¿Cuáles son las penas que tendrán que afrontar finalmente? En primer lugar, el alto tribunal ha estimado totalmente tres recursos de casación y parcialmente uno de ellos, desestimando los restantes recursos, acordando por mayoría de sus miembros anular la sentencia de primera instancia, dictando nueva sentencia respecto a cuatro personas:

Juan Márquez Contreras. Director General de Trabajo entre el 29 de abril de 2008 y el 6 de abril de 2010. Fue condenado por la Audiencia a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día por prevaricación y malversación. Ahora el Supremo le sigue considerando autor responsable de sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, en relación de concurso ideal, pero apreciando la atenuante analógica y muy cualificada de reparación del daño, con la consiguiente reducción de sanciones. Por tanto, le impone la pena de prisión de tres años, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de siete años y seis meses. Según la Audiencia, “asumió” e “impulsó” el desarrollo del sistema, y “promovió de manera directa” su “mantenimiento” para la distribución de ayudas y subvenciones. La Fiscalía había pedido 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Javier Aguado Hinojal. Secretario General de Trabajo entre 1994 y el 14 de mayo de 2000 y Secretario General Técnico de la Consejería de Empleo del 2 de mayo de 2004 al 3 de mayo de 2008. Absuelto del delito continuado de prevaricación administrativa. La Audiencia le había condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación y ya le había absuelto del delito de malversación. La Fiscalía había pedido en primera instancia 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Juan Francisco Sánchez García. Secretario General Técnico de la Consejería de Empleo del 14 de mayo de 2000 hasta el 2 de mayo de 2004, Secretario General Técnico de la Consejería de Innovación del 2 de mayo de 2004 al 1 de abril de 2010 y Director de Administración y Finanzas IFA-IDEA desde mayo de 2010 al 30 de octubre de 2012. Absuelto del delito continuado de prevaricación administrativa. La Audiencia de Sevilla había condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación y ya le había absuelto del delito de malversación. La Fiscalía había pedido en primera instancia 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Lourdes Medina Varo. Secretaria General Técnico de Empleo del 3 de mayo de 2008 al 17 de mayo de 2012. Absuelta del delito continuado de prevaricación administrativa. La Audiencia la había condenada a 8 años, 6 meses y un día de inhabilitación especial por prevaricación y ya había sido absuelta del delito de malversación. La Fiscalía había pedido para ella en primera instancia a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Respecto al resto de condenados, según la escueta información remitida por el Supremo, “se mantienen los restantes pronunciamientos de la sentencia impugnada”. Cabe recordar que el que fuera director general de Trabajo entre el 6 de octubre de 1999 y el 29 de abril de 2008, Francisco Javier Guerrero, principal acusado, falleció en octubre de 2020. El resto de condenas, de acuerdo con el alto tribunal, se quedan como estaban:

Manuel Chaves González. Presidente de la Junta de Andalucía entre el 27 de julio de 1990 y el 7 de abril de 2009. Condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación. Como responsable máximo del Gobierno de la comunidad, “impulsó la implantación” de dicho procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones “conociendo” las mencionadas presuntas irregularidades. La Fiscalía había pedido 10 años de inhabilitación por prevaricación.

José Antonio Griñán Martínez. Condenado a 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días por malversación y prevaricación. Consejero de Economía y Hacienda entre el 24 de abril de 2004 y el 23 de abril de 2009 y presidente de la Junta de Andalucía entre el 23 de abril de 2009 y el 7 de septiembre de 2013. Como responsable de la Consejería de Hacienda, “mantuvo” el procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones. La Fiscalía había pedido para él 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Gaspar Zarrías Arévalo. Consejero de Presidencia desde el 17 de abril de 1996 hasta el 24 de abril de 2009. Condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación. Como responsable del gobierno de la comunidad, “impulsó” igualmente la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, según las conclusiones a las que llegó el juzgado. La Fiscalía había pedido 10 años de inhabilitación por prevaricación.

José Antonio Viera Chacón. Consejero de Empleo entre el 29 de abril de 2000 y el 25 de abril de 2004, presidente de IFA-IDEA 2003-2004. Condenado a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día por malversación y prevaricación. Como responsable máximo de la Consejería de Empleo, “asumió” el desarrollo del sistema ideado e “impulsó de manera directa la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones”. La Fiscalía había pedido 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Antonio Fernández García. Viceconsejero de Empleo entre el 29 de abril de 2000 y el 24 de abril de 2004, consejero de Empleo entre el 25 de abril de 2004 y el 22 de marzo de 2010, presidente del IFA-IDEA entre mayo de 2001 y el 2003. Condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día por prevaricación y malversación. Al igual que los anteriores, “asumió” y “mantuvo” el sistema pese a “conocer” la “falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones”. Ha sido el único consejero que pasó unos meses en prisión preventiva. La Fiscalía había pedido 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Magdalena Álvarez Arza. Consejera de Economía y Hacienda entre el 2 de agosto de 1994 y el 7 de febrero de 2004. Condenada a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación. Fue quien “instauró” el procedimiento para lo cual “propuso”, como consejera, y “aprobó”, como miembro del Consejo de Gobierno, las modificaciones presupuestarias relativas al programa 22E y 31L que han sido objeto de juicio. La Fiscalía había pedido 10 años de inhabilitación por prevaricación.

Carmen Aguayo. Viceconsejera de Hacienda entre el 26 de abril de 2004 y el 24 de abril de 2009 y Consejera de Hacienda entre el 23 de abril de 2009 y el 9 de septiembre de 2013. Condenada a 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días por prevaricación y malversación. Según la instrucción, “asumió” el desarrollo del sistema “ideado” e “impulsó de manera directa el mantenimiento del procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones”. La Fiscalía había pedido 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Francisco Vallejo Serrano. Consejero de Innovación entre el 25 de abril de 2004 y el 24 de abril de 2009, presidente IFA-IDEA en los años 2004 a 2009. Condenado a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día por prevaricación y malversación. De su departamento dependía IFA-IDEA e “impulsó” los anteproyectos de presupuestos de los años 2005 a 2009. Como miembro del Consejo de Gobierno, aprobó dichos proyectos “pese a que en ellos se contenían de manera inadecuada las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo hacia IFA-IDEA”. La Fiscalía había pedido 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Agustín Barberá Salvador. Viceconsejero de Empleo entre el 26 de abril de 2004 y el 30 de abril de 2010.Condenado a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día por prevaricación y malversación. “Asumió” el desarrollo del sistema e “impulsó de manera directa” su “mantenimiento”. La Fiscalía había pedido 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Jesús Mª. Rodríguez Román. Viceconsejero de Innovación entre el 19 de marzo de 2005 y el 1 de abril de 2010 y vicepresidente de IFA-IDEA entre los años 2005 y 2008. Condenado a 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días por prevaricación y malversación. Mismas acusaciones que el anterior. La Fiscalía había pedido 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

José Salgueiro Carmona. Viceconsejero de Hacienda entre 1990 y el 7 de febrero de 2004 y Consejero de Hacienda entre febrero y mayo de 2004. Condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación. Mismas acusaciones que el anterior. La Fiscalía había pedido 10 años de inhabilitación por prevaricación.

Antonio Vicente Lozano Peña. Director General de Presupuestos del 21 de abril de 2002 al 26 de abril de 2009. Condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación. En el desempeño de sus competencias fue “asumiendo” el desarrollo del sistema y “promovió” su “mantenimiento”. La Fiscalía había pedido 10 años de inhabilitación por prevaricación.

Miguel Ángel Serrano Aguilar. Director General de IFA-IDEA entre junio de 2004 y mayo de 2008. Condenado a 6 años y 6 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 17 años y un día por malversación y prevaricación. Se le acusa de suscribir 42 convenios “pese a conocer de las irregularidades de las subvenciones y ayudas sociolaborales que se articulaban a través de ello”. La Fiscalía había pedido 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Jacinto Cañete Rolloso. Director General de IFA-IDEA entre el 14 de mayo de 2008 y el 22 de diciembre de 2009. Condenado a 8 años, 6 meses y un día de inhabilitación especial por prevaricación y absuelto del delito de malversación. Se le acusa de suscribir 124 convenios “pese a conocer de las irregularidades de las subvenciones y ayudas sociolaborales que se articulaban a través de ello”. La Fiscalía había pedido 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.