El exconsejero Fernández plantea que no se puede juzgar dos veces lo mismo en el caso ERE
¿Ha excedido el juez Álvaro Martín el planteamiento de división del caso de los ERE acordado por la jueza María Núñez hace casi un año? Es la sugerencia que ha hecho llegar el juzgado el abogado del exconsejero Antonio Fernández, investigado ya en varias piezas, alertando de que el auto que continuó el proceso por el 'procedimiento específico' pudo dejar sin efecto aquella delimitación tal y como fue concebida. El argumento que utiliza es que la resolución judicial conecta los hechos relacionados con la disposición de fondos públicos (la causa) a “la aceptación de las consecuencias” (los efectos) a través de una supuesta “coparticipación subjetiva” por parte de los investigados.
Núñez Bolaños acordó en julio de 2015 dividir el caso, en contra del criterio que había mantenido Alaya, pero avalada por la opinión previa del Supremo, el TSJA y la Fiscalía Anticorrupción. Entendía la titular del juzgado que el resultado derivado del juicio por el 'procedimiento específico' “en ningún caso afectaría al resultado del enjuiciamiento de las demás piezas”. Ya existe una segunda pieza relativa a las sobrecomisiones y un tercer bloque de piezas que no será inferior a 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas. Actualmente se han abierto ya 23 piezas en este último sentido, según el escrito del letrado de Fernández, el único exconsejero que llegó a pasar por prisión preventiva, de la que salió en agosto de 2012 tras abonar 450.000 euros de fianza.
“Antonio Fernández -como aquellas personas en su misma situación- no puede ser investigado ni puede ser enjuciado más que una sola vez por hechos que presenten una obvia identidad de objeto y fundamento”, considera el escrito, que pide que el exconsejero sea “apartado” de “todas y cada una de las investigaciones” sobre ayudas sociolaborales o directas a empresas ya abiertas, y no ser incluido en ninguna de las nuevas piezas o diligencias que en el futuro pudieran incoarse.
La “aceptación de las consecuencias”
El abogado considera que “la lógica” de la división en piezas planteada por Núñez “pasaba por examinar separadamente, de un lado y en primer lugar, el 'procedimiento específico' y, de otro, las consecuencias dispositivas del mismo”, pero opina que el auto que continúa las diligencias de la pieza del 'procedimiento específico' “tiene como uno de sus primordiales efectos el de vaciar de contenido y dejar sin efecto aquella proyectada división”.
Según expone el abogado, el auto de Álvaro Martín, a quien Núñez encargó en diciembre finalizar la instrucción de la pieza política de los ERE, “deja definitivamente delimitado desde la perspectiva objetiva dicho procedimiento en términos de alejarse de aquella delimitación tal y como fue inicialmente concebida”. A su juicio, aquel auto “desborda netamente” aquella delimitación que se ceñía a la “eventual naturaleza prevaricadora” del 'procedimiento específico' al incluir en su objeto “los hechos conectados a la aceptación de las consecuencias de ese procedimiento, es decir, los hechos relacionados con la disposición de fondos públicos”.
El abogado del exconsejero recuerda el principio de legalidad penal recogido en la Constitución Española y por el que “se designa la prohibición de sancionar más de una vez un mismo hecho ilícito”. Todos estos argumentos los expuso verbalmente el letrado el pasado 14 de junio para pedir la suspensión de la declaración del exconsejero por una ayuda de 30.000 euros que concedió en 2003 la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social al Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) para la II Feria de Muestras y Artesanías. En dicha comparecencia, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el resto de acusaciones se opusieron a la petición de suspensión de la declaración. No obstante, la jueza que se encarga de esta pieza accedió a suspenderla para responder por escrito al planteamiento del letrado.
