El Gobierno de Moreno autorizó a otros cuatro ex altos cargos a pasarse a la privada antes de su pulso con el ex número dos de Salud

El Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles un decreto que endurece la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, de 2005, para evitar que se repitan situaciones como las del polémico fichaje del ex viceconsejero de Salud por parte de la aseguradora privada Asisa, tres meses después de su cese.

Miguel Ángel Guzmán había adjudicado 44 millones de euros a dedo al grupo hospitalario de Asisa mientras fue gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La Junta se enteró de su fichaje “por la prensa”, dijo, y tras maniobrar para aplazar su contrato al mes de julio, anunció una reforma exprés de la Ley de Incompatibilidades.

Lo urgente de esta reforma, que ha contado con la mayoría absoluta del PP y el apoyo de Vox, era precisamente establecer la obligatoriedad de los altos cargos de informar previamente al Gobierno andaluz antes de fichar por una empresa privada del sector en el que han tenido responsabilidades públicas, algo que hasta ahora no ocurría. Algo que Guzmán no hizo y que desató un terremoto político.

La ley actual fija un plazo mínimo de dos años desde que un directivo abandona la administración hasta que puede incorporarse al sector privado. A partir de ahora, tendrán que comunicárselo antes a la Junta y esperar un informe preceptivo de incompatibilidades.

Hasta ahora no estaban obligados a hacerlo. Sin embargo, algunos sí lo hicieron voluntariamente. Durante el mandato de Juan Manuel Moreno, que dura casi seis años, la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Justicia, ha gestionado cuatro consultas de ex altos cargos que pretendían fichar por una empresa privada al abandonar sus puestos, antes de cumplir los dos años preceptivos: dos ex viceconsejeros, un secretario general y un director general, sometidos todos al régimen de incompatibilidad.

En todos los casos, la Junta validó su solicitud y “autorizó” los contratos, descartando que se vulnerase la legislación, según los cuatro informes de Inspección a los que ha tenido acceso este periódico (dos de ellos fechados en los dos últimos años).

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, aseguró este miércoles en el Parlamento que esos cuatro casos –gestionados bajo el mandato de Moreno– son los “únicos de los que tenemos constancia en los últimos 20 años”.

Para defender la reforma, Nieto explicó a la Cámara que el polémico fichaje del ex viceconsejero de Salud hizo que “nos diéramos cuenta de que no existía un procedimiento” para regular y controlar las llamadas “puertas giratorias”. “Ni se sabía cómo ni se sabía a quién dirigir la consulta”, dijo, aunque los cuatro casos precedentes siguen el mismo procedimiento y fueron gestionados por el mismo órgano de Inspección que intervino en el caso de Guzmán.

Altos cargos con gobiernos del PSOE, PP y Ciudadanos

Los cuatro informes de compatibilidad redactados por la Inspección corresponden a Diego Ramos, viceconsejero de Turismo y Deporte en el último Gobierno socialista de Susana Díaz –desde el 23 de junio de 2015 hasta el 27 de enero de 2019–; Fernando Francés, secretario general de Innovación, Cultura y Museos en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico desde el 14 de febrero hasta el 29 de agosto de 2019; Fernando Casas Pascual, director general de la Agencia IDEA desde el 14 de febrero de 2019 al 23 de febrero de 2021; y por último, Lorena García Izarra, viceconsejera de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad desde el 28 de enero de 2019 hasta el 8 de septiembre de 2020, e inmediatamente después, viceconsejera de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 8 de septiembre de 2022.

Este último caso, el de la número dos del ex consejero de Economía Rogelio Velasco, nombrado por Ciudadanos en el anterior gobierno de coalición con el PP, es donde la Inspección encontró más señas de incompatibilidad en tanto que García Izarra había tenido autoridad y manejado competencias en materia de minas que podían beneficiar directamente a la empresa Cobre Las Cruces, de donde provenía antes de entrar en la Junta y por cuyo reingreso consultó al servicio de Inspección.

Ex secretario general de Cultura

Fernando Francés, ex director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC) y número tres de Cultura en el primer Gobierno de Moreno, estuvo apenas seis meses en este último puesto. Fue cesado en pleno agosto y tres meses después –el 25 de noviembre de 2019– solicitó por escrito a la Junta un informe “que declare si su nombramiento como Administrador Único” de una sociedad mercantil “resulta compatible a los efectos” establecidos en la legislación.

Sin embargo, cuando Francés hace esta consulta, ya figuraba como administrador único de una empresa dedicada a la gestión de pisos turísticos -El Museo Cultura y Turismo S.L.- desde el 11 de octubre, un mes antes de preguntar a la Junta.

En su solicitud, el gestor cultural advierte de que la sociedad para la que ya trabaja tiene una participación del 5,05% del capital social de otra entidad –en la que no ostenta cargo alguno– “pero que ha resultado adjudicataria de un Contrato de Prestación de Servicios del CAC Málaga –del que ha sido director– celebrado con el Ayuntamiento de Málaga [PP] el día 18 de septiembre de ese año, apenas un mes antes de entrar él como administración único de la empresa beneficiaria. Ambos supuestos están limitados en la Ley de Incompatibilidades.

La respuesta de la Junta llega cinco meses después de la consulta, en un informe del 30 de abril de 2020, en el que la Inspección y el Gabinete Jurídico concluyen lo siguiente: “no se observa” en la Ley de Incompatibilidades “un impedimento legal para que un ex alto cargo de la Junta pueda ejercer como Administrador Único de una entidad mercantil cuyo objeto social es el que se comunica en su escrito. Tampoco sería impedimento el que dicha sociedad ostente un porcentaje minoritario de acciones de otra mercantil adjudicataria de un contrato público, cuando la administración adjudicadora, como es el caso, es ajena a la Junta de Andalucía”.

Sin embargo, la entonces secretaria general para la Administración Pública, Ana Vielba, advierte en su escrito a Francés de que sus funciones dentro de esta empresa privada deberán estar “limitadas” durante los dos años posteriores a su cese como alto cargo de la Junta. “Ni a título personal ni ejerciendo de administrador único de la entidad podrá desarrollar actividades de gestión, defensa, dirección o asesoramiento de asuntos particulares ajenos cuando por la índole de las operaciones de los asuntos competa a las Administración de la Junta de Andalucía resolverlos”. Y añade que todas las actividades que pretenda desarrollar en esta empresa están “limitadas” por la Ley de Incompatibilidades y la Ley de Contratos del Sector Público.

Exdirector de la Agencia IDEA

Fernando Casas fue director general de Presupuestos, de Tesorería y secretario general en la Consejería de Hacienda durante los últimos años de Gobierno socialista. En 2019, el primer Ejecutivo de PP-Ciudadanos lo mantiene en el gabinete, poniéndole al frente de la Agencia IDEA, adscrita a la Consejería de Economía, donde desempeña el puesto hasta febrero de 2021. A los pocos meses de su cese, Casas solicita por escrito “información de compatibilidad sobre una oferta de contrato laboral por cuenta ajena de una entidad para una actividad comercial en el departamento de mercados”.

Desde febrero de 2022 hasta a la actualidad, Casas figura en su perfil de Linkedin como socio de la consultora financiera KPMG, con servicios financieros, fiscales, legales, de asesoría y digitalización, entre otros. En octubre de 2019, KPMG celebró sus 30 años de presencia en Andalucía inaugurando una nueva sede en Sevilla, acto al que asistió el presidente Moreno.

Casas pregunta a la Junta si sus decisiones en esta empresa están sometidas al artículo 7.2 de la Ley de Incompatibilidades, que regula “la abstención para desarrollar actividades privadas directamente relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del alto cargo, durante los dos años siguientes a su cese”. Es decir, el mismo caso por el que la Junta maniobró para frenar el fichaje del ex viceconsejero de Salud a la aseguradora Asisa, hace sólo unos meses.

También en este caso, la Inspección de la Junta respondió a Casas –en un informe del 10 de noviembre de 2021– que “no existirá obligación de abstención para desarrollar actividades laborales en la entidad privada dentro de los dos años posteriores a su cese como Director General de IDEA”. La posible fricción entre su puesto como alto cargo de Hacienda y la consultora financiera para la que fichó después había expirado, advierten.

No obstante, el informe se detiene sobre el supuesto de que la empresa privada que va a contratar a Casas –“aunque no está participada por el sector público”– puede haber recibido “ayudas del sector público”, extremo que podría colisionar con la ley. Pero el documento matiza: “parece ajustado con el espíritu de la norma que la incompatibilidad solo se produzca cuando las ayudas o subvenciones a la empresa en la que el ex alto cargo pretende prestar servicios, hayan sido concedidas por él mismo”.

Exviceconsejera de Economía

El informe de compatibilidad de Lorena García, viceconsejera de Economía entre 2019 y septiembre de 2022, está fechado en septiembre de 2020. Es decir, García hizo la consulta a mitad del que fue su mandato para volver a la empresa minera de la que venía, un complejo minero hidrometalúrgico ubicado en la provincia de Sevilla, compañía propiedad 100% de una multinacional canadiense First Quantum Minerals, uno de los líderes mundiales del sector.

García se acogió a una excedencia en la mina para ser viceconsejera de Economía en el Gobierno andaluz. En su empresa desempeñó trabajos directivos en las áreas de servicios jurídicos y de relaciones institucionales y de secretaria de su Consejo de Administración. La ex alto cargo consultó a la Junta si, en caso de volver, debía “inhibirse” en los asuntos susceptibles de leerse como un conflicto de intereses, y si existía “impedimento o imposibilidad” para su reingreso tras cesar como alto cargo.

El informe de Inspección hace un análisis de la estructura orgánica de la Consejería de Economía y concluye que “es a la Secretaría General de Industria y Minas, a la que se le atribuye las funciones en la materia de minas y, en consecuencia, es dicho órgano el llamado a ejercer la dirección, coordinación y control de dicha materia”.

Aunque ésta depende jerárquicamente de la viceconsejera, avisa el documento, que acto seguido advierte a García de que sus funciones en todo lo relativo a la política de Minas debe estar “limitada”. “Deberá inhibirse del conocimiento de cualquier asunto relacionado o que interese o pueda de cualquier forma afectar directa o indirectamente tanto a la entidad como a la multinacional o a otras entidades que puedan formar parte de dicho grupo empresarial”, reza el texto, subrayando especialmente “cualquier asunto competencia de la Secretaría General de Industria y Minas”.

Sobre la solicitud de reingreso a su empresa, avisa el informe: “En dicho reingreso deberá tenerse en cuenta la prohibición de asumir durante los dos años posteriores al cese, la gestión, defensa, dirección o asesoramiento de asuntos particulares, cuando por la índole de las operaciones de los asuntos competa resolverlos a la Junta”.

Exviceconsejero de Turismo

El informe de compatibilidad sobre Diego Ramos, viceconsejero de Turismo en el último Gobierno del PSOE, es del 29 de mayo de 2019. Ramos pregunta sobre una oferta de contrato laboral por cuenta ajena en funciones de estrategia y profesionalización, que obliga a la Inspección a revisar la normativa en relación a las federaciones deportivas andaluzas.

Los estatutos de la federación por la que pregunta Ramos la definen “como una entidad asociativa de derecho privado, declarada de utilidad pública, que se rige por la vigente Ley del Deporte de Andalucía y la restante normativa autonómica o estatal de aplicación”. El informe, también aquí, descarta incompatibilidad en el puesto y reitera que “no existe obligación de abstención para desarrollar actividades laborales” en su nueva empresa dentro de los dos años posteriores a su cese. Esta conclusión, no obstante, está condicionada dentro del propio informe a que no haya adoptado ninguna decisión en beneficio de la federación deportiva mientras ostentó su cargo, y tampoco haya otorgado ayudas públicas a dicha entidad.

Desde el departamento de Justicia aclaran a este periódico de que “la Inspección General de Servicios no tiene entre sus competencias la emisión de informes de incompatibilidad de los altos cargos de la Junta”. “Únicamente se requiere la autorización expresa de la persona titular de la Consejería competente en materia de administración pública en algunos supuestos –docencia universitaria, así como investigación y asesoramiento científico y técnico vinculadas a la universidad–, recogidos en un decreto ley del año pasado que modificó la legislación en materia de incompatibilidades”.

El Parlamento andaluz, una vez convalidada la reforma de la Ley de Incompatibilidades vía decreto, aprobó tramitarla como proyecto de ley para abordar una modificación más exhaustiva de la norma, que debería estar lista antes de final de año, según anunció el consejero de Justicia.

La oposición de izquierdas ha acusado al Gobierno de Moreno de “querer tapar” el escándalo del fichaje del ex viceconsejero de Salud por Asisa con esta reforma, que el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado de “una forma de legalizar las puertas giratorias”. El PSOE también atacó a la Junta por otros supuestos de conflictos de intereses que han denunciado ante la Oficina Antifraude, como el del actual director general de Pesca o por los patrocinios de Turismo.