El Gobierno de Moreno pagó 4,1 millones de euros en 2023 de los ERE legales que el PP sigue denunciando como fraude

A la espera de que la Audiencia de Sevilla dicte las nuevas sentencias del caso de los ERE derivadas de la decisión del Tribunal Constitucional de revisar las condenas de los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros, el Gobierno de Juan Manuel Moreno sigue abonando mes a mes las ayudas a miles de prejubilados que en su momento se acogieron legalmente a un ERE y que el PP y la Junta insisten en incluir en “el robo de 680 millones”.

En concreto, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo reconoce haber pagado en 2023 un total de 4.155.875,47 euros a la financiación de la prima de los contratos de seguro colectivo de rentas de prima única o pólizas, como consecuencia de las acciones de control y seguimiento de una docena de pólizas el pasado año (1.354.904,12 euros), así como al pago de las prestaciones económicas mensuales (por valor de 2.800.971,35 euros), según se detalla en una respuesta a una pregunta escrita del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía.

Estos abonos los viene realizando el actual Gobierno de la Junta, al igual que el anterior Ejecutivo socialista, desde su primer ejercicio presupuestario de 2019, si bien el PP sigue usando la cifra total de la partida presupuestaria de la que salieron las ayudas fraudulentas, pero también las legales, incluyendo en el fraude. “Se defraudaron 680 millones de euros de fondos públicos para dárselos a empresas que a ustedes les interesaban”, les espetó el presidente andaluz a los socialistas en la última sesión del período de sesiones antes del verano, obviando descontar el cómputo global que aparece en la sentencia de los ERE que ahora revisará la Audiencia.

Hasta 2026

La Junta, como ya informó este periódico, seguirá ejecutando las pólizas de seguros de rentas, derivadas de las ayudas contempladas en el Decreto-Ley de 2012 que cambió el mecanismo de pago de los ERE regularizando los abonos. El Gobierno autonómico consigna cada año una cantidad en el presupuesto autonómico para seguir abonando las ayudas sociolaborales de pago directo y a través de la financiación de pólizas de seguro colectivo de rentas a unos 6.400 prejubilados que en su momento se acogieron legalmente a un ERE. En su primer ejercicio presupuestario respaldado por Ciudadanos y Vox (2019), el Gobierno de Moreno pagó 35,7 millones en ayudas a los prejubilados de los ERE, según ya dijeron fuentes de la Consejería de Empleo.

En esa línea, es de recordar que el PSOE de Andalucía registró a finales de julio en dos juzgados de Madrid y Sevilla cuatro demandas de actos de conciliación previa a una querella por delitos de calumnias e injurias contra 11 dirigentes del PP y de Vox por sus declaraciones públicas, sus comentarios en redes sociales y algunos vídeos que han difundido acusando abiertamente al partido de “ladrones” y de “robar a los andaluces”, en alusión al fraude de los ERE. El PP, por su parte, tiene registrada una proposición no de ley con la que buscan que el Congreso repruebe las “acciones políticas” que lo facilitaron después de que el Constitucional descartase una trama.

Las resoluciones del Constitucional que han amparado a casi todos los antiguos altos cargos socialistas de la Junta adelgazan al mínimo las acusaciones, aunque no elimina la existencia de irregularidades en el sistema de ayudas ni las responsabilidades penales de varios de los responsables públicos. El balance reciente ha sido de diez recursos estimados, cinco excarcelados y la duda de cómo afectará a las decenas de piezas separadas pendientes de juicio por cada adjudicación concreta de dinero público salida de esas partidas presupuestarias.

855 millones, según la jueza Alaya

Las ayudas que se concedieron no fueron objeto de aquel mediático juicio, ni su concesión, ni su pago. Algunas de las defensas también plantearon en el juicio del 'procedimiento específico' que no podía enjuiciarse a los acusados por malversación porque no habían sido llamados al caso los “partícipes a título lucrativo”, es decir, esos más de 6.000 beneficiarios reales de las prejubilaciones. En mayo de 2015 ya lo planteó una empresa afectada por un ERE pero aún ningún tribunal ha sabido concretar cuánto de ese dinero han cobrado ya aquellos trabajadores que, de buena fe, al margen de los 'intrusos', se acogieron al ERE de su empresa. Los prejubilados de Mercasevilla, sin ir más lejos, siguen buscando a estas alturas una solución extrajudicial con el Ayuntamiento de Sevilla, sin conseguir cerrar el círculo que, involuntariamente, abrieron una vez. La Junta, aunque tardó, adopto el criterio de la jueza Bolaños en los ERE: fueron ayudas a trabajadores, no a empresas.

Como ya informó elDiario.es Andalucía cuando la Audiencia de Sevilla sentenció la pieza política de los ERE, la jueza instructora del caso, Mercedes Alaya, calculó que se desviaron 855 millones, la Fiscalía lo estimó en 741,6 millones y aquella sentencia, ratificada luego en el Supremo, rebajó hasta los 680 millones, si bien parte de ese dinero se pagó y se sigue pagando a trabajadores que tenían derecho a cobrarlo. El PP se llegó a descolgar en un momento dado con una cifra que nadie contempló durante la instrucción, llegando a cifrar el fraude en “1.200 millones de euros”.