El Ministerio de Educación ha redistribuido entre siete comunidades autónomas –cuatro gobernadas por el PP y tres por el PSOE– parte de los casi 120 millones de euros que recibió Andalucía para la creación de plazas públicas del primer ciclo de Infantil, y a los que renunció.
El Gobierno de Juan Manuel Moreno decidió devolver ese dinero –de una partida de los fondos europeos Next Generation– al considerar que no necesitaba más guarderías (porque muchas tienen plazas libres), y pidió (sin éxito) destinarlo a bonificar a más familias para que llevaran a sus hijos a las escuelas que ya existían.
Era un problema de modelo de gestión. El Ministerio de Educación repartió esos fondos entre las comunidades para construir guarderías públicas y gratuitas, pero en Andalucía –desde la época socialista– la gran mayoría de escuelas infantiles (dos tercios) son privadas concertadas, y la Junta bonifica a las familias en función de su renta para que escolaricen a sus hijos de 0 a 3 años.
Aceptar ese dinero, esgrimen en la Consejería de Desarrollo Educativo, implicaba echar a pelear a las públicas con las privadas, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, y poner en riesgo a un sector que da trabajo a 16.000 personas, casi todas mujeres.
Este martes, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la redistribución de 32,2 millones de euros –de esos 112 millones que recibió Andalucía– entre siete comunidades que han solicitado más fondos para ampliar su red de guarderías públicas y gratuitas.
En concreto, se reparten los fondos entre Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra, que habían manifestado su disposición a recibir más financiación dentro del programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años, que forma parte del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha censurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la “renuncia expresa” del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla a los fondos, perjudicando así, ha dicho, a 12.000 familias andaluzas que podrían haber disfrutado de esas plazas.
Las comunidades que se van a beneficiar de la renuncia de Andalucía no comparten modelo de gestión de escuelas infantiles ni tampoco soportan la población escolar de esta comunidad. Madrid, por ejemplo, tiene un marcado déficit en su oferta del primer ciclo de Infantil; Castilla y León tiene un problema de dispersión geográfica y despoblación... Sin embargo todas, sean del PP o del PSOE, han aceptado las condiciones del programa para recibir los fondos europeos, a saber: la creación de plazas públicas y gratuitas.
Cuando se anunció este programa, en 2021, Andalucía estaba gobernada por un Ejecutivo de coalición PP-Ciudadanos. Una de las razones para desechar el dinero que se dio entonces también tenía que ver con la disponibilidad presupuestaria. La Junta temía que si aceptaba los fondos ahora, una vez se agotase la partida inicial, tendría que preservar esas 12.000 nuevas plazas públicas de Infantil con cargo a su propio presupuesto, e incorporarlas a la estructura del sistema, algo a lo que se negaron rotundamente.
La redistribución aprobada corresponde a fondos reintegrados por el Ejecutivo de Moreno, que de las 12.069 plazas para las que recibió financiación solo tiene previsto crear 1.040, informa el Ministerio. El montante no ejecutado por esta comunidad (algo más de 112 millones de euros de los 120 recibidos) ha sido reintegrado y parte del mismo se ha destinado a cubrir las necesidades de las comunidades autónomas citadas anteriormente.
La cantidad restante del citado reintegro (algo más de 80 millones de euros) queda reservada para una nueva redistribución entre comunidades autónomas y otros departamentos (como el Ministerio de Defensa, para creas escuelas infantiles en los acuartelamientos), y se destinará, hasta final de 2025, a la creación de más plazas de titularidad pública de 0 a 3 años. Fuentes del ministerio explican que no hay problema en reubicar los fondos en otros departamentos (Defensa, en este caso), toda vez que tiene un fin educativo y serán plazas públicas conveniadas con el Ministerio de Educación.
La Junta de Andalucía renunció a los fondos europeos, luego rectificó, intentó cumplir con la creación de plazas comprometidas instando a los ayuntamientos a abrir escuelas municipales de Infantil, pero finalmente devolvió gran parte del dinero asignado. Al aceptar los fondos europeos, la Junta se comprometió a ofertar cada año –de los tres que duraba el programa– 4.000 nuevas plazas públicas y gratuitas junto a las 123.590 plazas de pago bonificadas que ya existen en las 2.143 escuelas infantiles de Andalucía.
La mayoría de ellas son de titularidad privada, conveniadas por la Junta; y 770 son públicas: 170 de titularidad autonómica y 550 de otras administraciones (ayuntamientos, mancomunidades de municipios...). El 50% del alumno escolarizado, unos 45.000 niños, no paga nada, porque su nivel de renta es tan bajo que reciben una bonificación total del precio de la plaza y el comedor: 320,71 euros al mes.
La tasa de escolarización en el primer ciclo de Infantil ronda el 48% de la población de 0 a 3 años, pero “hay un 52% que no llega a escolarizarse porque no puede pagar un importe significativo para cualquier economía familiar”, explicó entonces la viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo, que ha sido nombrada recientemente consejera en el segundo Gobierno de Moreno, en sustitución de Patricia del Pozo, que es quien firmó la renuncia definitiva al dinero para guarderías.
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