Torres Hurtado, exalcalde de Granada, era el cabecilla de una “organización criminal” según la Policía

La 'Operación Nazarí' está resultando ser algo más que una simple operación judicial contra lo que sucedía en el urbanismo de Granada. La investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) demuestra que lo que ha sucedido en el seno del Ayuntamiento granadino en la última década y media se parece más a una trama corrupta de una “organización criminal” que a simples tratos de favor puntuales hacia determinados promotores urbanísticos. A ese concepto le dedica un apartado entero el sumario de la causa destapado el pasado 7 de noviembre, qu este periódico ha venido desgranando.

Los hechos que llevaron a la dimisión forzada de José Torres Hurtado como alcalde de Granada señalan, según la UDEF, que el propio exedil era el líder de un engranaje perfectamente articulado para beneficiar a los principales empresarios de la construcción granadina utilizando cualquier herramienta que hiciese falta para llevar a cabo dicha tarea. Una organización jerárquica que nada tenía que ver con la que en teoría tenía el área municipal de Urbanismo, presiones y amenazas hacia los funcionarios que pretendían señalar lo que se estaba haciendo mal o convenios redactados sabiendo que eran ilegales, son las tres principales características de la trama que se esconde tras la 'Operación Nazarí'.

Torres Hurtado conocía todo lo que pasaba en Urbanismo

El exalcalde de Granada, Torres Hurtado, compareció ante la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez Muñoz, explicando que él no sabía nada cuando en realidad la investigación demuestra todo lo contrario. No solo sabía lo que ocurría sino que lo permitía. Aunque el que fuera primer edil de la capital sostuvo en su declaración que prefería no interferir en las decisiones de sus concejalías, incluyendo la de Urbanismo, lo cierto es que sí que lo hacía a través de dos personas que eran de su máxima confianza.

Isabel Nieto como concejala por un lado y Manuel Lorente como gerente y posterior director de obras. Ambos eran los siguientes eslabones de la cadena que manipulaba a su gusto el área de Urbanismo. De hecho Lorente ha sido hasta este año uno de los funcionarios que más años han estado en el Ayuntamiento de Granada por lo que su conocimiento sobre todo lo relativo a las tareas municipales era más que evidente. Aunque dimitió como gerente en 2008, continuó ocupando un alto cargo en el Consistorio como director de obras que era el mismo que había ostentado prácticamente desde su ingreso en Urbanismo en el año 1986. Él es a quienes todos señalan como el máximo responsable del área. No había decisión de calado que no pasase por su supervisión y prueba de ello la dan tanto el exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, como otros funcionarios como el asesor jurídico, Manuel Navarrete o Beatriz Sánchez Galiana, técnica en la dirección de Licencias que estaba a las órdenes de Emilio Martín Herrera, estrecho colaborador de Lorente.

Torres Hurtado sostiene que él no tenía trato con Manuel Lorente más allá de las visitas a las obras que solía realizar cuando era alcalde cada miércoles. Pero según el sumario, miente. Miente porque habrían mantenido varias reuniones dirigidas por el exalcalde y en las que estaban siempre presentes el propio Lorente y la delegada de Urbanismo, Isabel Nieto. Porque como se traduce del sumario, no había decisión que no conocieran los tres aunque el propio Torres Hurtado en ocasiones solo hiciera acto de presencia para dar fe de los convenios en las juntas de Gobierno local que él como alcalde presidía.

Según la investigación, Torres Hurtado era tan consciente de lo que ocurría en Urbanismo que cuando se presentó a sus segundas elecciones municipales de 2007, tuvo claro que si ganaba de nuevo, su concejal de ese área, Luis Gerardo García Royo, dejaría de serlo. Y cumplió su promesa pues tras vencer en las urnas, García Royo tuvo que dejar su puesto a Isabel Nieto para que esta desbloquease los convenios pendientes con uno de los principales promotores involucrados en esta trama: José Julián Romero. Pues Nieto aparece en el sumario de la causa como un cargo municipal sin tapujos a la hora de llevar a cabo determinadas medidas dentro de su condición de delegada. Desde desoír a quienes le advertían de la ilegalidad de determinados contratos a amenazarlos verbalmente. Algo que sucedió en más de una oportunidad tal y como relata el exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, que en su declaración recuerda cómo cuando tuvo que acudir como testigo a una causa contra Lorente y Martín Herrera, ésta le dijo que “menos mal que estos no eran de Almanjáyar porque si lo fueran lo mismo te podían dar una puñalada en una esquina”.

Este tipo de presiones y amenazas eran una práctica habitual según la investigación de la UDEF. Quienes no seguían las directrices marcadas desde lo alto de la “organización criminal” debían atenerse a consecuencias. En todo caso si no lo hacían, el propio área de Urbanismo que entre Torres Hurtado, Isabel Nieto y Manuel Lorente habían tejido, se reorganizaba a su parecer para puentear a determinados funcionarios. De ese modo había quienes hacían informes jurídicos favorables sin estar facultados para ello, como es el caso de Emilio Martín Herrera, que entre otros cargos fue el subdirector de Edificación. El objetivo era poder evitar a quienes molestaban por emitir informes negativos. No obstante este tipo de actividades se repitieron mucho durante los años en que Torres Hurtado estuvo al frente de la alcaldía.

2007, un año clave

Aunque la investigación policial concluye que la trama corrupta podría llegar incluso hasta el año 2001 cuando gobernaba en Granada un tripartito con el PSOE a la cabeza, los expedientes que se investigan parten sobre todo de la época del PP en el Ayuntamiento de la capital. Aunque de la primera legislatura, la que va desde 2003 a 2007, el que era concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García Royo, no repitió para la segunda porque frenaba muchos convenios que debían salir adelante para los intereses particulares de Torres Hurtado, Lorente y los promotores urbanísticos señalados en la causa. Por eso en septiembre de aquel 2007, el exalcalde nombra a Isabel Nieto como concejal del área empezando la época más intensa de los expedientes que se investigan en la 'Operación Nazarí'.

A lo primero que se tuvo que enfrentar Nieto fue al informe presentado en noviembre de 2007 por el asesor jurídico municipal, Manuel Navarrete, sobre el edificio Penta. En ese informe explicaba que el silencio practicado por Emilio Martín Herrera en años anteriores sobre la reclamación de unos terrenos que se habían cedido sin el consentimiento de sus legítimos propietarios, había provocado que la Comisión Provincial de Valoraciones tasase en 13 millones de euros la multa que debía pagar el Ayuntamiento de Granada por no haber solucionado este problema. Aquello se trató de solucionar pagando con otros terrenos pero ese convenio quedó también en el aire.

Aquel informe de Navarrete fue el primero que molestó a Isabel Nieto. Desde ese momento se empezó a puntear a los distintos funcionarios, empezando por el propio letrado y siguiendo por el exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa. Ambos hicieron en 2008 otro informe en el que señalaban el desfase de más de 23 millones de euros en las cuentas del Ayuntamiento por avales que no se les habían cobrado a los diferentes promotores. En este asuntó se evidenció que la trama ya había crecido demasiado porque según Navarrete, en su declaración ante la policía, desde Urbanismo no le querían facilitar determinados expedientes y si lo hacían habían pasado antes por las manos de Isabel Nieto. Pero es que además de aquel informe en el que la ciudad de Granada perdía 23 millones de euros, no solo tuvo conocimiento la propia concejal sino Torres Hurtado.

Dada la gravedad del asunto, se tomaron medidas. No se les reclamó los avales a los promotores sino que se reordenó la gerencia de Urbanismo al año siguiente. Manuel Navarrete fue apartado del área de modo que no pudiese molestar y Jacobo de la Rosa se quedó al margen de las decisiones porque desde ese momento hubo una dirección en Urbanismo y otra en Licencias que pasó a ser controlada por la mano derecha de Lorente, Emilio Martín Herrera. Así quedaba claro que la organización no tendría más obstáculos con los “no afines”, según aparece en el sumario, y que en todo caso se les podría ningunear desde ese momento en las decisiones que se tomasen para llevar a cabo convenios ilegales.

Los tres promotores beneficiados

Si había una trama que operaba para beneficiarse de las obras que tuvieran lugar en Granada, era porque había una serie de protagonistas por la parte privada de la promoción urbanística. Ellos eran por orden de importancia: José Julián Romero, Roberto García Arrabal y Enrique Legerén. Los tres fueron los grandes beneficiados de Urbanismo según se desprende del sumario de la 'Operación Nazarí' y los tres tuvieron relaciones entre ellos en determinados asuntos con el fin de obtener beneficio mutuo.

José Julián Romero es el principal de los promotores urbanísticos por antigüedad. De Romero, se sabe que hasta la llegada de la crisis económica, él era el principal promotor de la ciudad. Casi todas las obras de importancia desde mediados de la década de los 90 hasta el año 2008, llevan la firma de José Julián. Además, según una fuente que ha preferido mantener su anonimato, el empresario ha llegado a chantajear a diferentes políticos y en concreto, en una ocasión, llegó a amenazar a uno de ellos al decirle que “si tú quieres ser alcalde de esta ciudad tendrás que hacer lo que yo te diga”. Por si fuera poco, era amigo íntimo de Manuel Lorente según la investigación. De hecho llegaron a hacer algún viaje juntos como el que tuvo lugar en 2007 en Japón y que incluso llegó a los tribunales por la supuesta presencia de detectives contratados para confirmar que Lorente y Romero eran conocidos.

Por su parte Roberto García Arrabal ha resultado ser el sucesor de José Julián. Ambos incluso llegaron a tener alguna sociedad conjunta aunque según el propio García Arrabal nunca han podido entenderse por tener formas de ser muy diferentes. No obstante Roberto García Arrabal ha sido hasta la fecha el promotor de los principales edificios que se ha construido en Granada en la última década. Desde el centro comercial Serrallo hasta el Pabellón Mulhacén o el edificio Progreso. Los tres investigados dentro de la 'Operación Nazarí'.

En último lugar está Enrique Legerén. El que fuera presidente de los constructores granadinos y actual tesorero de la directiva que los engloba en la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), es el único de los empresarios que no fue detenido el pasado mes de abril. No en vano su relación con la causa también es estrecha por haberse beneficiado con SierraPark, la empresa que tiene con José Julián Romero, de la concesión del expediente de los aparcamientos públicos de la ciudad de Granada gracias a la mediación de Manuel Lorente.

En resumen la organización que encabezaba José Torres Hurtado contaba con una extensa red de acuerdo con los intereses urbanísticos privados. El sumario de la 'Operación Nazarí' destapa el perjuicio que los trece años en la alcaldía de Torres Hurtado ha provocado para las arcas municipales. Sin embargo tal y como se ve, no es lo único grave de la investigación. Las amenazas, los tratos de favor, la reorganización dentro de Urbanismo y las relaciones personales de los imputados entre sí, dibujan una “organización criminal” que se ha mantenido en el tiempo tal y como recoge la UDEF en su instrucción. Esta es, en al menos una parte, la forma en que el Urbanismo de Granada construyó su propia corrupción.