MEDIO AMBIENTE

Guerra total en Doñana: Moreno acelera el trámite de la ley para ampliar regadíos y el Gobierno le amenaza con los tribunales

La segunda ley que PP y Vox llevan al Parlamento andaluz para ampliar regadíos en Doñana ha desatado la misma bronca política y guerra de administraciones que la primera. Aquella ocurrió a pocas semanas de las elecciones andaluzas que los populares ganaron con mayoría absoluta, y ésta ha saltado a dos meses de las municipales.

El diálogo entre Junta de Andalucía y Gobierno en materia medioambiental está dinamitado por ambas partes. Los de Juan Manuel Moreno han acelerado la tramitación de su ley, con la vista puesta en los comicios del 28 de mayo; y el Ministerio de Transición Ecológica ha respondido con una amenaza de recurrir ante el Tribunal Constitucional la norma que hoy inicia su tramitación parlamentaria.

El PP andaluz ha registrado este viernes en la Cámara su nueva proposición de ley para “la mejora de la ordenación de zonas agrícolas del Condado de Huelva”, una norma que abre la puerta a la recalifiación de unas 1.600 hectáreas como cultivos de regadío en la corona norte de Doñana. La iniciativa, firmada también por Vox, se ha registrado por la vía de urgencia, acortando a la mitad los plazos de tramitación para su aprobación en este periodo de sesiones, muy cerca de las elecciones municipales del 28 de mayo.

Es la segunda vez que PP y Vox registran una iniciativa parlamentaria que crea expectativas de ampliación de regadíos en el entorno del Parque Nacional. La primera, que contaba también con el sello de Ciudadanos, se registró en diciembre de 2021 también por la vía de urgencia, pero decayó antes de su aprobación cuando el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, disolvió la Cámara y adelantó las elecciones a junio de 2022.

La nueva propuesta, como la anterior, aborda la reordenación de la corona norte del Parque Nacional de Doñana para regularizar suelos que fueron de cultivo hace años, pero dejaron de serlo como consecuencia del diseño territorial que hizo el entonces Ejecutivo socialista de Andalucía: unas 1.600 hectáreas según la Junta; 700 según el PSOE-A. En torno a 10.000 trabajadores dependen de la recalificación de esos terrenos, y de un posterior permiso de riego autorizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Gobierno central.

Advertencias de Bruselas

Al hacerse pública la primera proposición de ley, la Comisión Europea emitió un comunicado advirtiendo a España de que se exponía a duras sanciones y a perder fondos de financiación si la iniciativa respaldada por el Gobierno andaluz salía adelante en el Parlamento. La Unesco avisó de que se ponía en riesgo la consideración de Doñana como Patrimonio de la Humanidad. Más de un centenar de científicos firmaron un manifiesto oponiéndose a la iniciativa.

El PP andaluz cree que ese rechazo, y sobre todo las advertencias de Bruselas, se debían a que “recibieron mala información”. “Hemos aprendido de los errores, no tenemos ningún reparo en rectificar para mejorar”, advierten los populares, aunque admiten que el temor por que la Comisión Europea responda con la misma contundencia “sigue existiendo”.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se opuso rotundamente a aquella ley y también ha manifestado su rechazo al nuevo texto, a pesar de que el PP ha modificado la redacción para tratar de espantar las dudas de Madrid y Bruselas sobre la preservación del Parque Natural. La nueva proposición de ley añade aportaciones que hizo el PSOE-A durante la tramitación de la primera ley -la creación de una oficina técnica que revise caso a caso las hectáreas afectadas- y también “un corta y pega” (en palabras del PP) de la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica para meter la norma andaluza bajo el paraguas de la Ley Forestal de ámbito estatal.

El discurso político del PP que acompaña la norma es el mismo, pero más rotundo: “Este texto no va a resolver nada a los agricultores afectados mientras no haya agua en superficie. Aunque regularicen sus tierras, ahora mismo no podrán regar porque no existe esa agua”, ha advertido el presiente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, tras registrar la propuesta en la Cámara. Los populares supeditan la futura ampliación de regadíos a la culminación de unas obras hidráulicas que garanticen el agua en superficie, “nunca del acuífero de Doñana”, que está siendo esquilmado ahora por muchos de los agricultores afectados.

Esas obras de trasvase de agua, desaladoras, etc -entre ellas la presa de Alcolea y el túnel de San Silvestre- no están empezadas, ni siquiera el trámite administrativo de licitación. En el caso de la presa de Alcolea, además, un informe de Medio Ambiente determinó que el agua está contaminada y no puede usarse, por tanto, para el riego de cultivos.

“Feijóo hará las obras”

El PP ha justificado la tramitación de urgencia de la proposición de ley, aunque admite que su aplicación efectiva depende de grandes infraestructuras de ámbito estatal que tardarían años en empezar a funcionar. “Si el próximo Gobierno de España es de Alberto Núñez Feijóo, habrá más sensibilidad con esto”, ha rematado González. Para los socialistas, la segunda proposición de ley de PP y Vox persigue el mismo objetivo electoralista que la primera, registrada en la antesala de las autonómicas.

Hay cinco municipios onubenses donde se ubican los agricultores afectados, tres gobernados por el PSOE con mayoría absoluta y dos por partidos localistas muy arraigados. PP y Vox se disputan el voto conservador en la zona -sobre todo en Lucena, con fuerte arraigo de la ultraderecha-, pero también los socialistas se juegan mucho con este asunto.

Tanto los alcaldes como la Diputación Provincial de Huelva, en manos socialistas, se alineó con la iniciativa del PP en la primera proposición de ley. La dirección del PSOE-A, en manos de Juan Espadas, decidió abstenerse en la toma en consideración de la iniciativa cuando llegó al Pleno del Parlamento, conscientes de la repercusión que tendría para su electorado en el territorio. Tanto el Gobierno de Sánchez como la ejecutiva federal socialista reprocharon aquella decisión. Tras las elecciones andaluzas, Espadas anunció un giro de su posición inicial y se alineó con el no, un rechazo que mantiene contra la nueva proposición.

Los socialistas andaluces afean al Gobierno de Moreno que se parapete tras el grupo parlamentario popular en vez de impulsar directamente un proyecto de ley, obligándose a pedir un informe preceptivo sobre la norma al Consejo de Participación de Doñana, donde están presentes todos los actores afectados. El presidente de este órgano, el biólogo Miguel Delibes, ya expresó su rechazo frontal y rotundo a la primera proposición, argumentando que “no se podían abrir expectativas de riego en una zona donde hay un problema manifiesto de falta de agua”.

Un diálogo roto

En esta segunda iniciativa, el PP ha puesto el acento en sus intentos de negociar y pactar con el PSOE, el Gobierno central y las autoridades europeas. Entre el pasado diciembre y esta misma semana, los responsables de la Consejería de Medio Ambiente han mantenido reuniones y conversaciones con el Ministerio del ramo y algunas autoridades europeas para dejar claro que “Doñana es intocable”.

Pero la gestión se ha hecho a dos bandas: el Gobierno andaluz buscaba una negociación para una ley que no promovía directamente, sino a través del partido que lo sostiene (PP). La semana pasada los populares tenían previsto registrar la proposición de ley en el Parlamento, pero desde la Junta mandaron desconvocar para intentar una última reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Moran.

Ese encuentro tuvo lugar el pasado lunes y, según coinciden ambas partes, el Gobierno expresó su rechazo rotundo a que la proposición de ley se registrara tal y como estaba redactada. Morán acusa al presidente Moreno de “usar un atajo” -tramitarlo a través del PP y no como proyecto de ley de su Gobierno- “para eludir los informes técnicos y jurídicos preceptivos del Consejo de Participación de Doñana, que ”se han saltado“. El número dos del ministerio denuncia que ”la política ambiental no forma parte de la agenda del Ejecutivo andaluz“ y les afea que hayan optado por la vía de los ”hechos consumados“, renunciando a la negociación bilateral entre ambas administraciones.

Tras registrarse la proposición de ley, este viernes, el Ministerio de Teresa Ribera ha lanzado un comunicado desmintiendo que haya tenido ningún tipo de negociación con la Junta o con el PP y anunciando, como ya hizo con la primera iniciativa, que “llevará al Tribunal Constitucional toda actuación que ponga en riesgo a Doñana”. “El Ministerio no ha negociado ni, mucho menos, ha llegado a ningún acuerdo con PP y Vox para aumentar los regadíos en Doñana, tal y como pretenden hacer en la proposición de ley que han registrado hoy en la Parlamento andaluz”, dice la nota.

El Ministerio considera que el nuevo texto de la ley “supone repetir una política fallida que provocó la reactivación, por parte de la Comisión Europea, del expediente por incumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a tomar medidas para proteger el humedal”. “Esta proposición de ley es un atropello. Desprecia el papel del Consejo de Participación de Doñana. Debería ser tramitada por la Junta de Andalucía como proyecto de ley para que las administraciones y órganos competentes puedan entregar informes”, dice el comunicado, que concluye advirtiendo de que “aumentar el regadío en estas zonas, cercanas al Parque Nacional de Doñana, dañaría más una zona ya gravemente afectada por la sequía”.

La confrontación entre Gobierno y Junta, con amagos de recursos en los tribunales de por medio, coincide con el inicio de la campaña de la recogida de la fresa, piedra angular de la economía onubense. De la que dependen muchos puestos de trabajo, pero también muchos votos en las elecciones municipales de mayo.