El Gobierno subraya que la solución para Doñana incluye el cierre de pozos legales

El Gobierno presentará “en las próximas semanas” el plan de desarrollo territorial y social para Doñana con el que invertirá 350 millones de euros en la comarca, en un intento por mejorar las condiciones tanto ambientales como económicas del entorno y que eso se traduzca en un respiro para el parque nacional y su castigado acuífero. Para ello, tal y como ha apuntado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, habrá que proseguir con el cierre de pozos ilegales “pero también legales” para así “favorecer la recuperación lo más rápido posible” de este enclave.

El mensaje de Ribera no es nuevo, pero se rodea de la solemnidad de que lo ha hecho en el Parlamento Europeo, donde esta semana ha comparecido en la Comisión de Medio Ambiente y fue interpelada por un europarlamentario sobre la cuestión de Doñana, reconociendo que “ha sido un caballo de batalla muy importante en la política doméstica” pero que ahora se trabaja en común con la Junta de Andalucía. Eso sí, mantiene la premisa de que “no hay agua y no va a haber más agua”, por lo que considera “imposible prometer aquello de lo que no se dispone” y por ello hay que seguir con la clausura de instalaciones con concesiones legales de agua.

Esta línea no es nueva, lo que ocurre es que se avanza de manera lenta porque está muy vinculada al trasvase que tiene que venir desde la demarcación del Tinto, Odiel y Piedras. De los 19,99 hectómetros cúbicos que deben llegar por esta vía, una cifra avalada por ley, en la actualidad se están utilizando ya 7,36 hectómetros, lo que por ejemplo ha permitido el cierre de 450 pozos legales de la comunidad de regantes de El Fresno y dejar de sacar del acuífero un total de 4,26 hectómetros cúbicos con los que se regaban 815 hectáreas.

Viviendas para jornaleros y diversificación agraria

El objetivo es sustituir estas extracciones que cuentan con todos los permisos por el agua superficial que aportará el trasvase, lo que por ejemplo esperan buena parte de los regantes de Almonte. De esta manera se persigue aliviar la presión sobre el acuífero, que tiene declaradas en mal estado tres de sus cinco masas de agua. Y como este recurso escasea de manera dramática, Ribera transmitió a los europarlamentarios que “hay que generar otras oportunidades en lugar de prometer aquello que no va a haber nunca”.

¿Y por dónde pasan las medidas que se van a poner en marcha? La ministra apunta a “un programa muy extenso”, que incluye cuestiones tan dispares como “viviendas para jornaleros, mejora de las infraestructuras urbanas y diversificación de actividades del sector agrario y de la agroindustria vinculada”. La intención expresada en el Europarlamento es “añadir valor” al producto “que sale de lo que sí es legal” para así darle un impulso económico y social a esta comarca “compatible con el desarrollo ambiental”.

Ribera pone el acento sobre todo en la diversificación de actividades y en la generación de oportunidades que no estén vinculadas con el regadío, peticiones recurrentes que se han hecho desde el territorio en las reuniones mantenidas con administraciones locales, entidades sociales y organizaciones empresariales y sindicales. Los ayuntamientos, por ejemplo, reclaman suelo industrial y terciario, mejoras en carreteras y saneamiento, políticas de vivienda para fijar población joven al entorno o proyectos vinculados con el sector turístico.

El “escollo” de los agricultores

En este contexto, el elefante en la habitación sigue siendo el de los agricultores que se iban a beneficiar de la ley de PP y Vox que ahora está en pausa en el Parlamento andaluz, con que sus tierras se iban a convertir en regables aunque no haya agua. De hecho, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), reiteraba recientemente que el único “escollo” que queda pendiente para desatascar un acuerdo con el Gobierno central es “el problema de los agricultores” de la Corona Norte. Específicamente para ellos se diseñó la proposición de ley, aunque oficialmente se desconoce cuántos se beneficiarían y cuántas hectáreas se regularizarían (el propio Gobierno andaluz apunta que serían unas 750).

Así las cosas, estos agricultores siguen con la mosca tras la oreja porque han tocado con la punta de los dedos una recalificación a regable de sus tierras que ahora no tienen garantizada. Por eso, desde la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que lleva años presionando para esta legalización, se afirma que los 350 millones del plan estatal son bienvenidos, pero que en paralelo debería aprobarse la ley en el Parlamento y comprometerse el Gobierno central a no llevarla al Tribunal Constitucional para bloquearla. Y a todo esto, Vox ya ha amenazado con reactivarla si el acuerdo entre los ejecutivos central y autonómico no es del gusto de estos regantes, todo ello cuando enfila su recta final el plazo de un mes que se dieron ambas administraciones para alcanzar una solución.