La Junta de Andalucía reactivó la ley de regadíos cuando Doñana llevaba “suspendida” ocho meses de la Lista Verde

El Gobierno de Juan Manuel Moreno reactivó en el Parlamento andaluz la polémica ley para regularizar regadíos ilegales en el entorno de Doñana cuando ya había sido informado de primera mano de que el parque nacional fue expulsado de la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la mayor organización medioambiental del mundo, de la que formaba parte desde 2015.

La UICN suspendió el certificado ambiental de Doñana el 30 de junio de 2022 y se lo notificó oficialmente a la Junta de Andalucía el 3 de agosto. Así consta en una carta del responsable de dicho organismo, Thierry Lefebvre, dirigida al director del parque, Juan Pedro Castellano, fechada el pasado 30 de noviembre y hecha pública este lunes.

El Gobierno andaluz asegura que no había sido informado “oficialmente” de que Doñana estaba fuera de la Lista Verde, de hecho, sostiene que “hasta hoy” desconocía su estatus actual de “suspendida” y “candidata” a recuperar el certificado ambiental. Un portavoz de la UICN ha confirmado a este periódico que Doñana sigue actualmente fuera de la Lista Verde, como resultado de una evaluación negativa de la que el Gobierno andaluz fue informado en todo el proceso“.

“Doñana recibió una reevaluación integral por parte de un grupo de expertos acreditados independientes conocido como Expert Assessment Group, Green List (EAGL) – España. El resultado de esta evaluación, lograda mediante consenso, indica que el sitio no cumple con el Estándar de la Lista Verde de la UICN. La evidencia proporcionada no respalda suficientemente la acreditación en una serie de criterios e indicadores necesarios para cumplir con el Estándar. Por lo tanto, el sitio no se encuentra actualmente en la Lista Verde, aunque sigue siendo candidato para cumplir con los criterios del Estándar y volver a ser incluido en la lista”, explica el portavoz del organismo a eldiario.es/andalucia.

PP y Vox registraron la proposición de ley para ampliar regadíos en la corona norte de Doñana el 3 de marzo de 2023, ocho meses después de que la UICN suspendiera el certificado ambiental de la reserva natural andaluza. Y tres meses antes de las elecciones municipales, en las que los populares abanderaron su ley para captar el voto de los agricultores onubenses y terminaron haciéndose con el control de la Diputación Provincial de Huelva, gobernada por el PSOE desde 1977.

El Gobierno andaluz defiende ahora que esa suspensión no es “definitiva”, pero desde la oposición de izquierdas y grupos ecologistas denuncian que Moreno decidiera tramitar la ley de regadíos –cuestionada por su impacto ambiental sobre Doñana por la Comisión Europea, la Unesco y gran parte de la comunidad científica– sabiendo que la gestión ambiental del parque estaba en entredicho. “Aunque no tengas diagnóstico definitivo, si estás en la consulta del médico, no te enciendes un cigarrillo”, explican fuentes del Consejo de Participación de Doñana a esta redacción.

Doñana había puntuado negativamente en la mitad de los 20 indicadores evaluados por la UICN, principalmente por el impacto de la sequía y los pozos ilegales en el sobreexplotado acuífero del parque. En dicha evaluación pesan los elementos de gestión del parque, competencia exclusiva de la Junta, pero también la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenó a España en 2021 por no proteger a Doñana del expolio de aguas subterráneas, que compete al Gobierno central.

“Discrepancias con la evaluación”

La carta de la UICN es la respuesta a un “correo electrónico” de la dirección del parque natural, de junio de 2022, donde la Junta mostraba su “discrepancia” por la evaluación que dicho organismo estaba haciendo sobre Doñana, sin que en ese momento –ni hasta la fecha– hubieran enviado a sus inspectores sobre el terreno para certificar el alcance de sus conclusiones. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente insisten a elDiario.es Andalucía que la carta que recibió hace dos semanas “no habla del sello ambiental, sino de la evaluación en curso que hizo la UICN, que no es definitiva y que cuenta con nuestras alegaciones”. “El certificado de Doñana no está suspendido, es la evaluación en sí la que está parada”, advierten. La UICN rechaza esta lectura.

La página web de la UICN no registra este lunes ningún paraje natural de España en la Lista Verde. Doñana, así como el parque nacional de Sierra Nevada, aparecen “en fase de candidatura”. La carta de Lefebvre no sólo lo acredita, también insta a la Junta a “evitar ambigüedades y malentendidos” en sus comunicaciones oficiales sobre este aspecto concreto, afeando a la Junta que no se dé por enterada respecto a la situación actual del parque. “Queremos recordar que, en este momento, el parque de Doñana se encuentra en fase de candidatura, ya que su certificado de Lista Verde fue suspendido el 30 de junio de 2022, como fue notificado al parque el día 03 de agosto de 2022”, insiste la carta.

Y añade: “Es esencial que la comunicación en relación a esta situación sea clara y coherente por parte del Espacio Natural de Doñana [Junta de Andalucía], y que se eviten declaraciones diferentes a comunicar que el parque está en fase de candidatura, a fin de evitar ambigüedades y malentendidos”.

La misiva de la UICN al Ejecutivo andaluz, conocida este lunes, ha reabierto la caja de los truenos en torno a Doñana, después de que Gobierno y Junta sellaran la paz con un acuerdo bilateral tras dos años de dura pugna política. Moreno se avino a retirar la polémica ley del Parlamento, a cambio de una inversión millonaria de 350 millones de euros para la comarca onubense, que incluye el pago de hasta 100.000 euros por hectárea para los agricultores que acepten cerrar sus invernaderos de frutos rojos en el entorno de Doñana.

Comisión Europea, Unesco y UICN

La revisión de los tiempos que manejó el Gobierno andaluz durante la larga tramitación de la ley –con elecciones autonómicas, municipales y generales de por medio– revela que Moreno decidió seguir adelante con la polémica ley de regadíos, no sólo después de las advertencias de multas millonarias por parte de la Comisión Europea, no sólo después de que la Unesco amenazara con retirarle el sello de Patrimonio de la Humanidad, y no sólo después de recibir las críticas de la comunidad científica –en un escrito firmado por más de un millar de expertos– y del propio presidente del Consejo de Participación de Doñana.

El presidente andaluz avaló la ley de PP y Vox en el Parlamento con Doñana ya fuera de la lista verde de la UICN, tras un informe emitido por diez expertos de este organismo que cuestionó la gestión de la reserva natural después de dos años de evaluación. Moreno fue a las elecciones municipales con la ley de regadíos como gran reclamo para Huelva, mientras “cruzaba información con los técnicos de la UICN” para revertir su evaluación negativa y regresar a la Lista Verde.

En todo este tiempo, ni la Junta ni el Ministerio de Transición Ecológica informaron a la ciudadanía al respecto de la expulsión de Doñana de la Lista Verde, una situación que se había comunicado en agosto de 2022 y que era visible en su página web desde entonces.

El consejero de Medio Ambiente y portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, ha insistido este lunes en que la “suspensión” del certificado de Doñana “no es definitiva”, que la carta habla de una realidad en movimiento y que la propia UICN ha tomado nota de las discrepancias del Gobierno andaluz por su sistema de evaluación. “Enviaron inspectores al terreno para evaluar Sierra Nevada [entre el 16 y el 18 de junio], pero no han enviado a nadie a Doñana”, insiste.

La afirmación de que Doñana está fuera de la Lista Verde ha sido también avalada por el propio Ministerio de Transición Ecológica, tanto por la ministra y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, desde Bruselas como por el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela, que antes de entrar en el Consejo de Participación de Doñana celebrado en la tarde de este lunes. Ambos han coincidido al afirmar que tuvieron conocimiento de la cuestión tras recibir el Ministerio el 1 de diciembre la copia de la carta de la UICN que saca a Doñana de la Lista Verde.

Sin embargo, ambas administraciones dieron por hecho que el parque natural mantenía el sello ambiental de la UICN cuando firmaron el Acuerdo por Doñana hace sólo tres semanas, con la presencia de la ministra y el presidente de la Junta. El protocolo suscrito por los dos gobiernos para el seguimiento y la evaluación de lo acordado recopila por escrito las varias figuras de reconocimiento internacional de la reserva, incluida su “pertenencia a la Lista Verde de Áreas Protegidas UICN desde 2015”.

La Junta insiste en que no es definitivo

El Gobierno de Moreno se aferra a que la decisión de la UICN no es definitiva y a que el “proceso de certificación todavía está abierto”. De ahí que el consejero de Medio Ambiente eludiese confirmar la “suspensión” temporal del certificado ambiental de Doñana cuando fue interpelado expresamente por este asunto en el Parlamento andaluz. El pasado 28 de junio, durante una sesión de control al Gobierno, la portavoz del grupo mixto Adelante Andalucía, Maribel Mora, preguntó directamente a Fernández-Pacheco: “¿Tiene constancia de que en la última evaluación de la Lista Verde nos hayan sacado de ella?”

“Pues no, la verdad es que no me consta oficialmente que haya ningún cambio en esa certificación que tenemos en el parque, no sólo de Doñana, sino también en el de Sierra Nevada”, respondió el consejero. “Los dos únicos parques naturales de España que están en la Lista Verde son andaluces, y eso es una magnífica noticia”, remachó. Fernández Pacheco ya dejó caer en ese momento que “no tenía constancia” de la suspensión que le había sido comunicada un año antes porque, subrayó, el “proceso de la certificación aún está vigente”. Mora instó al consejero, sin éxito, a hacer pública la última evaluación de la UICN. “Nos han sacado de la Lista Verde. Y sí que lo sabe. Dice que no lo sabe formalmente, pero lo sabe”, remachó.

La UICN evalúa cada cinco años las reservas naturales que están catalogadas dentro de su Lista Verde. En julio de 2021, el parque de Doñana presentó la solicitud para la renovación de su certificado ambiental, y en marzo de 2022 la organización internacional dio por completada la fase de solicitud, tras haberse aportado toda la documentación requerida. A partir de ahí, la Consejería de Medio Ambiente defiende que el contacto con los evaluadores ha sido “constante” y que, a raíz de las críticas vertidas por la Junta al sistema de evaluación, la UICN solicitó formalmente visitar Doñana para concluir el proceso.

Hace una semana, el consejero andaluz de Medio Ambiente y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, coincidieron con la directora de la UICN, Grethel Aguilar, en el marco de la Cumbre del Clima de Dubái. Fuentes del Gobierno andaluz aseguran que el trato fue “cordial”, y que “en ningún momento se trasladó oficialmente” la suspensión del certificado de Doñana en la prestigiosa Lista Verde.

En comunicación con este periódico, la UICN sostiene que “proveerá su apoyo a las autoridades del parque para ayudar a mejorar las prácticas de gestión y lograr los resultados de conservación deseados con el objetivo de que el sitio vuelva a alcanzar el Estándar de la Lista Verde de la UICN en un futuro próximo”.