Cientos de trabajadores están logrando un contrato de trabajo indefinido en el ayuntamiento de Marbella gracias a que el consistorio ha incurrido durante años en una política de contratación laboral en fraude de ley. El ayuntamiento de Marbella ha venido utilizando subvenciones a la contratación temporal por obra y servicio para contratar empleados en precario que realizan tareas y servicios propios y habituales del consistorio.
Desde hace meses, el consistorio marbellí está recibiendo un aluvión de sentencias condenatorias por esta práctica, que obligan a readmitir o indemnizar a los trabajadores, a elección de estos. El sindicato CGT cree que el consistorio podría verse obligado a contratar como indefinidos no fijos a un número de trabajadores que supera el millar. El Tribunal Superior de Justicia ya ha confirmado en al menos dos ocasiones las sentencias contra el ayuntamiento, que ha recurrido ante el Tribunal Supremo.
Durante meses, el ayuntamiento de Marbella utilizó la línea de ayudas de los programas Emple@Joven y Emple@30+, subvencionados por la Unión Europea y la Junta de Andalucía, para una finalidad muy distinta a la prevista en la norma que regula esas ayudas. En lugar de destinar a los trabajadores contratados a “proyectos de cooperación social y comunitaria” consistentes en una obra o servicio diferenciado, los empleaba en una actividad “ordinaria y habitual” que forma parte de sus fines y funciones propios, según vienen declarando reiteradamente las sentencias de los juzgados de lo social de Málaga.
En otras ocasiones, el consistorio marbellí utilizaba los trabajadores eventuales de varias bolsas de trabajo para atender “su necesidad normal y permanente de la actividad de jardinería”, pese a que su contratación debía limitarse a cubrir determinados picos de trabajo en épocas de poda o de especiales necesidades de riego.
Tanto los contratos de los programas Emple@Joven y Emple@30+ como los de algunas bolsas de empleo tenían una duración máxima de seis meses, pero ahora los juzgados están declarando el despido improcedente de los trabajadores, al entender que el ayuntamiento reforzó su plantilla mediante contratos temporales para realizar “labores esenciales de su cotidianeidad”.
“De la lectura de estos cometidos y del objeto del contrato se infiere que el actor ha sido contratado para atender a una necesidad permanente del Ayuntamiento demandado durante todo el año, razón por la cual la contratación temporal fue fraudulenta y ha de transformarse de temporal en indefinida”, dice una de las sentencias a la que eldiario.es Andalucía ha tenido acceso. Esta jurisprudencia ya ha sido confirmada por el TSJ, en una sentencia de mayo de este año.
De esta forma, el consistorio marbellí destinó las subvenciones comunitarias y autonómicas a realizar funciones que le son propias, como la limpieza o el mantenimiento de jardines, y empleó para suplir vacantes a trabajadores de bolsas de empleo previstas para cubrir vacaciones, incapacidades y bajas.
Marbella recibió 2.411.310,16 euros para aplicarlos a los programas Emple@Joven y Emple@30+ hasta 2017, según los datos de la Consejería de Empleo. Durante este tiempo ha estado gobernado por el PSOE y por el PP. El ayuntamiento, actualmente en manos del PP, no ha respondido a las preguntas de este medio sobre el número de contrataciones que realizó con este dinero, el número de sentencias condenatorias y los casos pendientes ante los tribunales.
“Aquí la gente entra por sentencia”
“Aquí la gente entra por sentencia”Además, los tribunales están condenando al ayuntamiento de Marbella a pagar a los trabajadores contratados con estos planes de empleo de acuerdo con las condiciones recogidas en el convenio de trabajadores del ayuntamiento, dado que realizaban idéntico trabajo.
Los trabajadores de estos planes cobraban unos 600 euros al mes (30,96 euros al día, 35 horas a la semana) por realizar las mismas tareas que los trabajadores del ayuntamiento, cuyo salario podía rondar los 1.500. Esta diferencia salarial llevó a CGT a demandar al consistorio en 2016. Posteriormente, la demanda se amplió al objeto del contrato, para denunciar que el ayuntamiento utilizaba los planes de empleo para el trabajo ordinario. La confirmación por parte del TSJ de las primeras sentencias de los juzgados de lo social ha provocado una auténtica avalancha de demandas, algunas ya resueltas y otras a la espera de que se celebre vista.
“Aquí la gente entra por sentencia”, señala Daniel Pérez García, secretario de la sección sindical de CGT y miembro del comité de empresa en el ayuntamiento. Sólo su sindicato ha obtenido unas 80 sentencias favorables para sus afiliados, y tiene abiertos unos 150 procedimientos. En lo que va de 2018, CGT ha participado en 81 juicios.
Los programas Emple@Joven y Emple@30+ están recogidos en la Ley 2/2015, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. Podían ser destinatarias de la ayuda personas en situación de desempleo, contratadas por cualquier ayuntamiento andaluz. La dotación total del plan era de 250 millones de euros.
El artículo 6 de la ley establece que los contratos se formalizarán para realizar “proyectos de cooperación social y comunitaria” que permitan a los beneficiarios “mejorar su empleabilidad”. Contratando eventuales con subvenciones de la Junta de Andalucía y la Unión Europea, el ayuntamiento evitó aumentar la plantilla de trabajadores por vía de oposiciones, que no se celebran en Marbella desde el año 2007. Deberá hacerlo ahora consolidando como indefinidos no fijos a cientos de trabajadores contratados en fraude de ley.