Cuatro de cada cinco jóvenes andaluces que pidieron la ayuda que debía facilitar su acceso al alquiler no ha recibido ni un solo euro de la Junta de Andalucía, más de un año después de haberlo solicitado. El bono joven del alquiler, nutrido con fondos estatales pero gestionado por la Junta de Andalucía, está siendo un dolor de muelas para el Gobierno andaluz, hasta el punto de que el presidente Juan Manuel Moreno ya ha pedido públicamente perdón en dos ocasiones, después de que los afectados hayan salido a la calle. El propósito de enmienda no ha servido por ahora para mejorar sustancialmente los resultados de la gestión, a pesar de que en octubre prometió que el asunto estaría resuelto “en seis u ocho semanas”.
El retraso en Andalucía contrasta con la práctica finalización del programa en el resto de España. El bono del alquiler ha llegado a 66.000 jóvenes (menores de 35 años), según detalló la ministra Isabel Rodríguez la semana pasada. Casi todas las comunidades autónomas firmaron su convenio con el Estado (que aporta 200 millones de euros en total) en el primer semestre 2022. Pero Andalucía firmó más tarde, y ahí empezó el retraso en una andadura a la que todavía no se ve fin.
Para muchos afectados, es un desastre burocrático con el efecto tangible de socavar (o cortar de raíz) sus posibilidades de independizarse. Algunos han tenido que regresar a casa de sus padres, y tendrán que renunciar a la ayuda si finalmente se la reconocen. Para la oposición, el Gobierno andaluz estaría dejando “tirados” a los jóvenes por una gestión “calamitosa”. “No le han puesto ningún cariño a este asunto”, lamenta Isabel Ambrosio, diputada andaluza del PSOE, que denuncia la opacidad de la administración andaluza con este tema.
A pesar de todo, hace un par de semanas Moreno se felicitó ante el Parlamento Andaluz de haber “puesto el turbo” por resolver (que no abonar) 6.210 solicitudes hasta la fecha. “El 54%”, dijo. Es un porcentaje con truco, según se deduce de los propios datos aportados por la Consejería de Fomento. 6.210 es el 54% de 11.500 solicitudes, pero esta última es una cifra ficticia basada en una previsión irreal: corresponde al número de solicitudes que la Junta de Andalucía podría abonar si reconociese la cuantía máxima (6.000 euros) a todas ellas. La realidad es que la Junta de Andalucía recibió muchas más instancias (17.266), y que resolver 6.210 de ellas supone el 36%.
“La Junta de Andalucía hace contabilidad creativa basándose en un cálculo utópico”, dice Manuel Sanz, portavoz de la plataforma de afectados, que explica que hay muchos expedientes desestimados y la media de reconocimiento ronda los 4.000 euros por solicitante.
Peor es el balance de solicitudes efectivamente abonadas, que es lo que interesa a quienes necesitan ayuda para emanciparse: son 3.568, apenas el 20,6% del total de solicitudes recibidas.
La lentitud en gestionar de manera efectiva estas ayudas contrasta con los esfuerzos que la Consejería de Fomento dice estar dedicando al asunto. La consejera Rocío Díaz anunció el 28 de septiembre en el Parlamento un “plan de choque” que incluía la contratación extraordinaria de 57 interinos con “dedicación exclusiva” a resolver y abonar las ayudas, con incorporación “inmediata”.
No parece que el plan esté cundiendo demasiado: el 9 de octubre, la Consejería había resuelto (no abonado) 4.100 solicitudes, y el 14 de diciembre Moreno dijo que ya iban por 6.210. Esto arroja un balance de 2.110 resoluciones en 45 días laborables, con una media de 47 resoluciones diarias. Para 57 personas en exclusiva dedicadas a esto, tocan a menos de una solicitud gestionada por persona y día. Según las nuevas cifras ofrecidas por la Consejería a este medio, en la última semana se habrían resuelto otras 580 solicitudes, hasta las 6.790 propuestas “definitivas favorables”, lo que mejoraría algo el ritmo.
La consejería cifra en 32,1 millones de euros la cantidad ya atribuida a los jóvenes (con resolución), que “se van abonando conforme se va justificando”. Hasta los 68,4 millones destinados a Andalucía por el Ministerio de Vivienda, faltan más de la mitad por resolver. Llama la atención la disparidad por provincias. Mientras que cuatro rondan o superan el 90% de resoluciones, hay dos por debajo del 40%.
La comparativa con otras comunidades autónomas tampoco deja bien a la Junta de Andalucía. Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura o La Rioja empezaron a abonar el bono en 2022 y concluyeron en los primeros meses de 2023, sin ningún problema. Cantabria, Aragón, Castilla y León, Galicia o Castilla-La Mancha tuvieron alguna incidencia que resolvieron definitivamente a principios de 2023. Sólo Madrid acumula un retraso parecido al de Andalucía.
De ahí que los afectados estén entre la indignación y la risa cuando escuchan al Presidente hablar de “meter el turbo”. “Sí, íbamos a 10 km/h y ahora vamos a 15/h: eso es meter el turbo”, comenta el portavoz.
Los afectados por el retraso llevan meses denunciando que el impago les impide emanciparse, más aún en un contexto de alzas del precio del alquiler por encima del 10% anual en las grandes ciudades andaluzas. Han acudido al Defensor del Pueblo y ya valoran con abogados interponer reclamaciones.
No les ayuda mucho la solución de abonar retroactivamente la ayuda en un pago único o en unos pocos pagos, que plantea la Junta de Andalucía. El bono está concebido para un pago de 250 euros mensuales porque es la mejor fórmula de ayuda al pago del alquiler. “La ayuda debería ser para independizarte. Pagar 6000 euros del tirón a quien ya está independizado les viene muy bien, pero no es el carácter de la ayuda”, explica Manuel Sanz. Fuentes de la consejería aseguran que la ayuda se abona “en varios pagos”, “conforme los interesados remiten su documentación”.
Los afectados advierten de otra irregularidad: la norma prevé el estudio y abono de las solicitudes en orden cronológico, pero esto no se estaría respetando. Todas las solicitudes llegaron en tres días (en los cuales colapsó la web), y hay resoluciones del día 16 de noviembre resueltas, mientras otras del 14 aguardan turno.
Otro temor es que el retraso obligue a la Junta a devolver los fondos estatales que ha sido incapaz de asignar. La consejería niega que eso pueda ocurrir: “Estos fondos estatales no se pierden ni hay que devolverlos si no están ejecutados a finales de este año. Lo que no se haya ejecutado, se carga automáticamente en el presupuesto de 2024”, subrayan desde la administración autonómica. Pero el Decreto estatal señala que la no justificación en tiempo y forma de “la adquisición de compromiso financiero, del gasto o de la aplicación de los fondos transferidos”, así como el incumplimiento de plazos para gestionar las “actuaciones subvencionables” serán “causa de la reasignación” de los fondos.
Fuentes del Ministerio aclaran que si la Comunidad Autónoma no ha justificado el cumplimiento de los objetivos una vez vencido el plazo para hacerlo [en teoría, seis meses desde la solicitud], el Ministerio “podrá proceder a reclamar” la parte de los fondos transferidos cuyo gasto no se haya justificado. Pero no parece que ninguna administración esté por la labor de cargar sobre los jóvenes solicitantes el peso de la mala configuración o gestión de las ayudas.
Esta y otras cuestiones llevaron al PSOE a plantear una Proposición No de Ley en el Parlamento Andaluz, achacando los retrasos a la Consejería, y pidiendo que asuma con fondos propios el pago de los intereses de demora sobre las cantidades a las que tienen derecho, que en teoría les debían haber sido abonadas antes de abril de este año. La PNL fue tumbada por la mayoría del PP, que en su programa para las elecciones autonómicas de junio de 2022 prometía “implementar el bono joven de alquiler, con 250 €/mes durante dos años y una cuantía global 68 de millones para Andalucía y que beneficiará a 11.400 jóvenes”, sin mencionar que se nutre de fondos estatales.
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