La muerte de Belén Cortés nos ha dejado en shock. Especialmente a quienes trabajamos en el ámbito social y educativo, acompañando a la infancia y juventud. Su fallecimiento ha desatado un revuelo social, político y mediático, reabriendo debates sobre la legislación penal y la precariedad laboral. La rabia nos impulsa a organizarnos, a exigir justicia y a evitar que su muerte quede impune.
La concatenación de hechos que han acabado con la vida de la compañera es algo que se lleva denunciando desde hace mucho tiempo y sin embargo se ha ignorado sistemáticamente. Hace unos meses releí Con los niños no se juega de Enrique Martínez Reguera. Un libro que, a pesar de haberse publicado en 2007, sigue describiendo una realidad que, lejos de haber cambiado, ha empeorado: la privatización salvaje del sector social, la impunidad con la que operan algunas entidades, el auge de macrocentros, la burocratización ineficaz, el corporativismo absurdo, la securitización de la infancia y la medicalización de niñxs y adolescentes sin explorar otras alternativas.
Faltan voces como la de Martínez Reguera que pongan el foco en lo esencial: lxs principales damnificadxs de este sistema son lxs niños, niñas y adolescentes en centros de protección o reforma juvenil. Es urgente desmontar el discurso criminalizador que les responsabiliza de los fallos estructurales de la sociedad adulta. Su comportamiento es reflejo de nuestras acciones, de la educación y oportunidades que brindamos. Pero cuando la criminalización se entrelaza con discursos de odio, como el racismo, el resultado es devastador. Prueba de ello es cómo se ha señalado a menores migrantes en el caso de Belén sin ninguna base real.
El problema no es la falta de vigilancia, sino un modelo de atención fallido. Macrocentros con 20, 30 o 50 plazas difícilmente pueden ofrecer el entorno familiar que se les presupone. Que cada cual se piense cómo le iría conviviendo con tantas personas a la vez y si se sentiría en familia
El desconocimiento social sobre estos centros es preocupante. Bajo el término “centro de menores” se esconden prejuicios y estigmas que les cargan con una criminalización más grande que ellxs. La mayoría de estos espacios son centros de protección, donde niñxs están porque sus familias no pudieron, supieron o quisieron cuidarles, o porque han migrado solos sin referentes familiares. No están allí por haber cometido delitos. Algunx de ellxs (con su difícil realidad a cuestas para tan cortas edades) puede que haya cometido acto delictivo y por ello pase a los otros “centros de menores”, los de reforma o justicia juvenil, pero el número es muy reducido.
Por ejemplo, según un reciente informe del Observatorio de la Infancia de Andalucía, de los 2.236 menores migrantes sin referentes familiares en centros andaluces en 2023, solo 3 pasaron al sistema de justicia juvenil, el 0,13%. En estos centros necesitan ser cuidadxs, no vigiladxs. Quienes defienden la presencia de personal de seguridad en estos centros desconocen las necesidades reales de dichxs niños, niñas y adolescentes. El problema no es la falta de vigilancia, sino un modelo de atención fallido. Macrocentros con 20, 30 o 50 plazas difícilmente pueden ofrecer el entorno familiar que se les presupone. Que cada cual se piense cómo le iría conviviendo con tantas personas a la vez y si se sentiría en familia. Detrás de estos discursos securitarios pueden esconderse intereses económicos que buscan afianzar la privatización del sistema a costa de la infancia más vulnerable.
Resulta que hay adolescentes de lxs que nadie se ha preocupado hasta que han cometido un delito
¿Y quiénes son lxs adolescentes en centros de reforma? Hijos e hijas de cualquier familia, de cualquier barrio o clase social. A menudo con una combinación de factores ambientales que han influido en la consumación del delito, desde hurtos o robos hasta agresiones a sus progenitores. Y esto no es un problema individual o familiar, es un problema social por lo que su tratamiento debería importarnos a toda la ciudadanía y exigir la asunción de responsabilidad y buenas políticas sociales y educativas a nuestros gobiernos.
Cada vez ofrecemos menos oportunidades a nuestra juventud: recortes en educación, en servicios sociales o en espacios comunitarios gratuitos donde puedan desarrollar un ocio saludable (en muchos barrios hay menos espacios juveniles ahora que cuando escribió Enrique el libro). Y es que resulta que hay adolescentes de lxs que nadie se ha preocupado hasta que han cometido un delito.
Una vez dentro de los centros (de protección o reforma) habría que revisar el impacto que tienen en lxs niñxs el devenir de las políticas sociales y educativas fallidas que se les aplican. Desde el trato prejuicioso de algunos profesionales hasta la precariedad extrema: falta de material, denuncias por escasez de comida, recortes que afectan la estabilidad de sus cuidadores. Sin referentes adultos estables, cuando por fin generan un vínculo con su educadora, esta es reemplazada por la alta rotación laboral. Un sistema que a menudo solo ofrece castigo como respuesta a los problemas conductuales y medicalización como única salida a la salud mental. Apenas hay terapias psicoeducativas alternativas porque son “demasiado caras”.
No olvidemos que esta vulneración de derechos ya ha costado vidas. No solo la de Belén Cortés, sino también la del joven Iliass Tahiri, en un centro de Almería en 2019.
Basta de jugar con los derechos de la infancia. No podemos permitir más muertes víctimas de este sistema fallido. Es hora de cambiarlo.
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