La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pulsa de nuevo las medidas de reparación del Estado español con las víctimas del franquismo. Será con la visita del Relator Especial sobre justicia transicional, Pablo de Greiff, que se reúne el viernes en Sevilla con representantes estatales y de la sociedad civil. Un día más tarde recorrerá varios lugares de memoria de la región y, con las conclusiones extraídas, emitirá un informe al Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional.
Según informa la Plataforma Andaluza de Apoyo a la Querella Argentina (PaZ), la presente convocatoria tratará “el tema de la situación de indefensión en la que se encuentran las víctimas de la represión del fascismo español”. Primero, en reunión con asociaciones de Sevilla y provincia y, más tarde, con las del resto de Andalucía. Por la mañana, De Greiff se entrevista con varias instituciones andaluzas.
La evaluación se produce a tan sólo unas semanas del informe definitivo del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, que pasó examen a España –por primera vez desde su creación en 1980– en septiembre pasado. En aquella ocasión, las conclusiones preliminares hablaban de una persistencia en la impunidad del régimen fascista español, con la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977 como obstáculo principal para la investigación de las violaciones cometidas. Entre ellas, más de 115.000 desapariciones o 30.000 robos de niños.
Naciones Unidas ya recomendó a España investigar los crímenes franquistas
Como representantes de Naciones Unidas actuaron Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky, que recomendaron al Gobierno central que debía acatar la legislación internacional sobre derechos humanos y sus principios básicos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes de lesa humanidad. A día de hoy, sin embargo, el único proceso judicial abierto contra el franquismo reside en la querella argentina promovida desde el Juzgado Federal Número 1 de Buenos Aires.
Para estudiar la rendición de cuentas y el acceso a la justicia, el experto de Naciones Unidas, Primer Relator Especial sobre las garantías de no repetición, mantendrá además estos días reuniones en Madrid, Cataluña y Galicia. Las pesquisas de Pablo de Greiff pasan por responder al tratamiento de la desaparición forzada como un delito continuado, un crimen internacional y una permanente violación de los derechos humanos, por lo tanto, imprescriptible.
Hasta ahora, y desde que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU crease la figura del Relator sobre justicia transicional, sólo había mantenido una reunión informativa con el embajador español en Ginebra (Suiza). Fue en junio de 2012, cuando De Greiff expuso el ideario sobre la ejecución de su mandato. Entre sus objetivos, dar reconocimiento a las víctimas, contribuir a la reconciliación y consolidar el Estado de derecho.
El primer Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición se nombra en septiembre de 2011, tras resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Su nombre, Pablo de Greiff, colombiano de nacimiento y reconocido experto internacional en programas de reparación de víctimas.
Su labor se centra en la protección y promoción de los derechos humanos, la justicia de transición, el derecho a la verdad y la genética forense. A través, sobre todo, de la lucha contra la impunidad y el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
Prevenir así, como objetivos, la repetición de las crisis y futuras violaciones de los derechos humanos, asegurar la cohesión social, la construcción de la nación, la implicación en el proceso y promover la reconciliación. Todo bajo un enfoque global que abarque toda la gama de medidas judiciales y no judiciales y registre el derecho de toda víctima a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la marcha y los resultados de las investigaciones y la suerte de la persona desaparecida. Y también, en todo caso, las obligaciones del Estado a emprender las medidas adecuadas a ese fin.
El nombramiento de un Relator Especial está guiado, según el Consejo de Derechos Humanos, por la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Convenios de Ginebra (de 1949 y protocolos adicionales de 1977), otros instrumentos internacionales de derechos humanos y de derechos internacional humanitario pertinentes y la Declaración y el Programa de Acción de Viena.