El Parlamento andaluz tramita de urgencia una reforma de su reglamento para avalar la expulsión de Teresa Rodríguez por “tránsfuga”

Todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, han pactado una reforma exprés del Parlamento de Andalucía para encajar lo dispuesto en el Pacto nacional Antitransfuguismo, que da carta de naturaleza a la expulsión de Teresa Rodríguez y otros ocho diputados del grupo Adelante Andalucía el pasado 18 de noviembre. La reforma no entrará en vigor de inmediato, porque no ha contado con el voto unánime de la Junta de Portavoces necesario para que sea aprobada por lectura única, como pretendía la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet.

La proposición de ley, a la que ha tenido acceso este periódico, contiene “un artículo único” que modifica los artículos 21, 24 y 26 del actual reglamento, relativos a la composición y el funcionamiento interno de los grupos parlamentarios. Se añade una definición más pormenorizada de la condición de diputado no adscrito por “supuesto de transfuguismo”, caso actual de Rodríguez y sus ocho compañeros, que está justificada tanto por la “expulsión” en sí de su grupo, como por la “separación del criterio político del diputado que concurrió por la candidatura de la que trae causa el grupo parlamentario”. Esta última frase, que sale directamente del texto del Pacto Antitransfuguismo, ha despertado muchos recelos y “dudas jurídicas”, a las que se agarra Vox para no apoyar el borrador.

¿Qué alcance tiene el concepto “criterio político”? En la normativa existe la llamada “disciplina de voto”, que el reglamento interno de los partidos penalizan cuando uno de sus miembros se desmarca del grupo y emite un voto contrario al resto. El criterio político es más abstracto, podría ser una declaración pública contraria al ideario del partido o la participación en una manifestación u acto social que contravenga los principios identitarios de dicha formación.

Es algo que depende del código ético de cada partido, por eso la reforma de la Cámara exige a todos los grupos con representación dotarse de una “normativa interna” que determine los derechos y obligaciones de sus diputados [ahora mismo el único grupo del Parlamento andaluz que carece de reglamento interno es Adelante Andalucía, en parte por las discrepancias notorias que dividen a sus fundadores: Podemos e IU, y que está en el origen de la expulsión de Teresa Rodríguez]. Quien determina el “criterio político” al que los diputados deben obediencia, según el texto propuesto, será “el representante legal del sujeto político que presentó la candidatura o al del partido que propuso su inclusión en ésta, en caso de coalición electoral”.

En su cuenta de Twitter, Rodríguez ha tildado esta redacción de “robo a la voluntad del pueblo andaluz”. “El partido decide cuando te ”separas del criterio político“ aunque no hayas roto la disciplina de voto y aunque defiendas el programa electoral comprometido con la ciudadanía. La reforma del reglamento que nos han hecho a medida las fuerzas del régimen, incluida Unidas Podemos”.

La propuesta de reforma del reglamento fue registrada en el Parlamento el pasado 21 de enero con la firma de PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía. Vox, que tampoco apoyó el Pacto Antitransfuguismo en el Congreso. El texto iniciará ahora el procedimiento de urgencia que acorta a la mitad los plazos de tramitación, con idea de que entre en vigor a principios de marzo, según cálculos parlamentarios. No es la reforma integral que llevaba meses diseñando Bosquet, y negociando con los grupos, sino un encaje exprés que incorpora la III Adenda del Pacto Antitransfuguismo, acordada por una mayoría de grupos en el Congreso el pasado 11 de noviembre.

Esta modificación se ajusta como un calcetín a los argumentos esgrimidos por el Parlamento andaluz para acusar a Teresa Rodríguez de “tránsfuga” y apartarla del grupo que presidía y de la coalición que ella misma fundó. Esa tercera adenda “compromete” a los parlamentos autonómicos a incorporar a sus reglamentos las modificaciones del pacto y “adaptarlos a las modificaciones legales que de estos se deriven”.

En una disposición adicional quinta, la reforma del reglamento reescribe y amplía la definición de tránsfuga para que encaje la denuncia que el Parlamento andaluz hizo contra la ex líder andaluza de Podemos: “Se entiende en situación de transfuguismo a los diputados que, traicionando al sujeto político (partido, coalición o agrupaciones de electores) que los presentó a las elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”, dice el texto. Y añade: “Se considerará tránsfuga al diputado electo por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsado del partido coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso”.

Con la ampliación del concepto de tránsfuga, el Parlamento andaluz avala la operación impulsada por IU y apoyada por PSOE, PP, Ciudadanos y Vox para expulsar a Teresa Rodríguez y otros ocho diputados de Adelante Andalucía, y se dota de una herramienta legal ante posibles acciones legales ya anunciadas por la gaditana. Los nueve parlamentarios apartados de la coalición de izquierdas ya han interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional denunciando a la Cámara andaluza de haber vulnerado sus derechos fundamentales de representación política.

La financiación de Adelante: 1,7 millones

La expulsión de Rodríguez y otros ocho diputados de Adelante Andalucía cercenó un grupo de 17 miembros, reducido ahora a ocho diputados, aunque sólo los seis de IU pilotan la coalición (quedan dos parlamentarias independientes que han sido apartadas de sus portavocías por su afinidad con la gaditana, según denuncian). El tema más espinoso de esta operación es la financiación del grupo. La modificación del artículo 26, en el apartado 2, permite al grupo conservar los fondos que le corresponden acorde al número de escaños obtenidos en las elecciones, aunque la expulsión por transfuguismo deje fuera a más de la mitad de los diputados, que pasarían a ser no adscritos, como le ha ocurrido a Adelante: “Cualesquiera derechos derechos, facultades, funciones, posibilidades de actuación y medios reconocidos a los grupos parlamentarios en este reglamento y demás normativa parlamentaria lo serán sobre la base del número de diputados obtenidos por la candidatura electoral en la que concurrieron a las elecciones y de la que el grupo parlamentario trae causa, sin que resulte relevante el número de diputados con que cuente en cada momento el grupo parlamentario. Se exceptúan en todo caso los supuestos de ponderación de voto”.

Adelante Andalucía, con 17 diputados, tiene una asignación de fondos de 1,7 millones de euros. La expulsión de los nueve parlamentarios acusados de transfuguismo le restó gran parte de esa financiación, pero con la modificación del reglamento previsiblemente el grupo recuperará su asignación inicial, aunque ahora en manos de los seis miembros que comandan la coalición. El mismo efecto tendrá para Vox, que perdió a una de sus 12 diputados (la parlamentaria no adscrita Luz Belinda Rodríguez), y con ello una tajo de más de 90.000 euros a sus recursos de funcionamiento.

La semana pasada, Teresa Rodríguez se reincorporó al Parlamento tras 16 semanas de permiso por maternidad y en su primera comparecencia ya denunció esta situación por adelantado: “Nos han masacrado con la connivencia de la extrema derecha”, dijo, acusando la petición de expulsión que hicieron sus socios de IU, y que contó con el apoyo de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox. “Y esto no termina: amenazan con reformar el reglamento del Parlamento para que seis diputados se queden con los duros de un grupo de 17”.

Esta modificación emana directamente de la última actualización del Pacto Antitransfuguismo: “El grupo político perjudicado o disminuido en su composición no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y asignaciones económicas y administrativas que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad”.

Rodríguez ha tildado ya la propuesta de reforma de “antidemocrática” y acusa a la Cámara legislativa de vulnerar el principio de “un diputado un voto”, aludiendo a este párrafo de la misma: “Cuando el número de diputados no adscritos altere significativamente la proporcionalidad prevista en el artículo 103.4 in fine del Estatuto de Autonomía para Andalucía [que regula el número mínimo de diputados para la formación de los grupos parlamentarios], podrá establecer fórmulas que repongan la representación política emanada del proceso electoral, incluidas la del voto ponderado, sin que se produzca en ningún caso la sobrerepresentación de los diputados no adscritos. Dichas fórmulas se podrán establecer en los supuestos en que la composición del grupo parlamentario mixto comprometa el principio de proporcionalidad”.

Esto, no obstante, sólo afectará a la composición de las comisiones. En caso de que un grupo pierda diputados -que pasen a ser no adscritos- y su formación disminuya una vez empezada la legislatura, esto no afectará a su representación en las comisiones parlamentarias, donde mantendrán la misma proporción en función del resultado electoral que obtuvieran.

Sin informe jurídico

La Diputación Permanente, órgano que vela por los poderes de la Cámara en periodos inhábiles, ha calificado este miércoles favorablemente la proposición de ley, e iniciará su tramitación de urgencia que culminará previsiblemente con su entrada en vigor en el mes de abril. Los diputados no adscritos tienen muy mermado su margen de acción política en la Cámara, pero pueden presentar enmiendas a la calificación favorable por parte de la Diputación Permanente, cuando ésta se publique en el BOJA. El pasado 22 de diciembre, los nueve afectados, sabiendo que se estaba tramitando esta reforma, solicitaron por escrito a la Mesa una copia de la proposición de ley, que Bosquet les negó alegando que la iniciativa dependía de los grupos, no de la institución en sí.

El recorrido es casi el mismo que el de una proposición de ley que parte de los grupos, salvo que no necesita pasar por el Consejo de Gobierno ni requiere informe jurídico de los letrados de la Cámara. Una vez ha sido calificada por la Diputación Permanente, la presidenta Bosquet enviará el texto al Pleno para su toma en consideración -previsiblemente en el primero de febrero-, y de ahí pasará a la comisión de reglamento, donde será debatida por todos los grupos, con opción a solicitar comparecencia de los agentes sociales y de presentar enmiendas al articulado. En esa comisión se sienta, además de los representantes de los cinco partidos, uno de los diputados de Adelante acusados de “tránsfuga”, Nacho Molina, que participará en el debate sobre un nuevo reglamento que avala a posteriori su expulsión y la de sus compañeros.

La exposición de motivos de la propuesta de modificación del reglamento del Parlamento andaluz reproduce varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que abundan en la definición de tránsfuga y acotan la responsabilidad individual de los diputados para con los partidos que representaban en las elecciones y por los que accedieron a un escaño. “El Parlamento de Andalucía, mediante esta modificación de su reglamento, pretende, además de ganar seguridad jurídica, adecuar su funcionamiento a la voluntad popular expresada en la elecciones”, reza el texto, en velada alusión a la situación de Rodríguez y los otros ocho diputados expulsados.

La gaditana, ex secretaria general de Podemos Andalucía, fundó junto al ex coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, la coalición Adelante Andalucía, con la que concurrió a las elecciones autonómicas de 2018, obteniendo 17 escaños. Un año después de los comicios, Rodríguez abandonó el timón de Podemos Andalucía, pero antes de salir facilitó la entrada a la coalición electoral del otro partido al que iba a estar vinculada a partir de ahora: Anticapitalistas.

Esta formación, al que pertenecen la mayoría de diputados expulsados, terminaría virando el rumbo político de la coalición en contra del criterio de los partidos cofundadores: Podemos e IU. La reforma del reglamento interpreta este movimiento como una acción clara de transfuguismo: “Los votos son de una candidatura, aunque la elección fuera de una persona. Y los votos de esa candidatura, de esa formación política, son la expresión de la voluntad popular que sirven de respaldo al correspondiente grupo parlamentario, con independencia del número de miembros que ostente”, dice el texto.

Rodríguez siempre ha negado su condición de tránsfuga y recuerda que su ruptura con Podemos y su decisión de no concurrir por tercera vez a la dirección andaluza fue pactada previamente con Pablo Iglesias, y difundida en un vídeo en redes sociales en el que ambos dirigentes hablaban de un “divorcio amistoso”, un “hasta luego”, y dejaba la puerta abierta a una futura alianza en los siguientes procesos electorales.