Cuando ser ecologista en España también es un riesgo
Doscientas personas murieron el año pasado en todo el mundo por defender el medio ambiente. Ninguna lo hizo en España, ni siquiera en algún recóndito lugar de Europa. América Latina, África, Asia... son los grandes cementerios de ecologistas. En su extenso informe, la organización Global Witness explica que no solo crece el número de asesinatos, sino que se expanden ya por 24 países.
Los países desarrollados no se libran de la represión contra los activistas verdes. Los métodos que gobiernos, empresas y particulares emplean contra ellos son simplemente de otro tipo. El caso más reciente en España es el del histórico líder ecologista Juan Clavero, al que un desconocido le introdujo más de 40 gramos de cocaína en su coche, tras unas protestas y poco antes de que la Guardia Civil lo parara y registrara hasta encontrar la mercancía ilegal.
En apenas dos semanas, un juzgado ha archivado la causa, señalando que pudo ser “víctima de actuaciones malintencionadas por parte de terceros, que pretenden alejar al mismo de sus actividades habituales, involucrándolo en un delito del que no existe indicio” para imputarlo.
Clavero se vio respaldado, desde el primer momento, no sólo por su organización, sino por la práctica totalidad de responsables políticos, entidades sociales y ciudadanos, que mostraron “su total incredulidad ante la acusación contra Juan Clavero, apoyando la hipótesis de que se le había tendido una trampa para intentar desacreditarlo”.
El precio de defender el medio ambiente
Trampas, sobornos, denuncias falsas, agresiones, amenazas de muerte, destrozos, difamaciones... Ese es el precio de defender el medio ambiente en España. Lo que le ha ocurrido a Clavero con la droga “ha sido increíble, probablemente lo más gordo que me ha pasado últimamente”, explica él mismo a eldiario.es Andalucía.
Los activistas recuerdan que el boom inmobiliario supuso en España uno de los mayores conflictos a los que se tuvieron que enfrentar. El propio Clavero tuvo que solicitar protección policial. “En el Puerto de Santa María (Cádiz) aparecieron panfletos con la fotografía de mi casa, diciendo que en aquella casa olía a gasolina. Tuve que acudir a la subdelegación del Gobierno para que me pusieran escolta, porque me iban a quemar la casa”.
El patrimonio suele ser objeto de la ira de aquellos que los ecologistas denuncian ante la opinión pública y los juzgados. “Una protesta contra Puerto Sherry terminó con varios de nuestros coches pintados, rayados y destrozados. Mi coche me lo quemaron poco después en la puerta de mi casa”, afirma el ecologista gaditano.
¿Quiénes suelen ser los responsables? “Los peores son los encargados, los guardas de las fincas, ciertos trabajadores a los que las empresas consienten que hagan este tipo de cosas y que contratan a gente peligrosa, que son más papistas que el papa”, indica Clavero.
En algunos casos, son los alcaldes los que se toman la justicia por su mano. “Hace ya algunos años, un alcalde me soltó aquello de: ”Tú no sabes con quién estás hablando“. Me dijo que no me acercara por su pueblo, que allí mandaba él”, relata un activista que prefiere mantener el anonimato.
Tras la sentencia del Tribunal Supremo que limitaba la comercialización del cangrejo rojo tras una denuncia de Ecologistas en Acción, el pleno del Ayuntamiento de Isla Mayor propuso declararlos 'persona non grata'. Lola Yllescas, portavoz andaluza de la organización, señala que “les contestamos que a los que debían declarar 'persona non grata', en todo caso, era al Tribunal Supremo”.
“Vas a salir con los pies por delante”
Beltrán Ceballos, responsable del centro ambiental Dehesa de Abajo (Puebla del Río, Sevilla), apunta que “todos los que estamos involucrados en la defensa de la naturaleza sufrimos amenazas. Si no nos hace daño físicamente, se lo hacen a nuestras propiedades, allegados o mascotas”. Un activista explica que las amenazas son constantes, que han dañado su coche en más de una ocasión y que una vez le dijeron que iba a “salir con los pies por delante”.
Beltrán, por ejemplo, ha actuado en África, América y Europa. “Afortunadamente aquí tenemos mesas de debate, juzgados y leyes que nos protegen. Fuera de Europa corren las balas y tienes la sensación de que peligra tu vida”. Con la crisis del cangrejo rojo, proliferaron las amenazas. “Pues ya sabemos lo que hay que hacer cuando se vea en el pueblo un coche de estos perros”, amenazaba por Facebook un individuo de Isla Mayor. Cuando hay un riesgo real, los ecologistas no pasan por alto las amenazas: “Allí no vamos, esta gente es de temer”, critica Yllescas.
¿Suelen denunciar los ecologistas?
¿Denuncian los ecologistas cuando les dicen cosas como “me han traído aquí para te dé una hostia”? Las denuncias son contadas. Según Beltrán, “asumimos que corremos ese riesgo, que es algo consustancial a nuestra forma de trabajar. Por regla general no he ido al juzgado, porque es un pérdida de tiempo, ya que tienes que demostrar una cosa que no puedes. A nivel jurídico, nos interesa más proteger a aquellos que no tienen voz que a nosotros mismos”. El ecologista Juan Romero explica que nunca ha querido denunciar a los trabajadores que le han llegado a amenazar y ha preferido siempre el diálogo o “aguantar el tipo cuando he recibido insultos y evitar así agresiones”.
Según Global Witness, la oleada de violencia contra los ecologistas “es impulsada por una intensa lucha por la tierra y los recursos naturales, ya que las empresas mineras, madereras, hidroeléctricas y agrícolas pisotean a las personas y al medio ambiente en su búsqueda de ganancias”. Al igual que en otros continentes, la minería, la agricultura y las energías son las industrias más conflictivas. En España, habría que incluir la urbanística.
En Andalucía, agricultores ilegales de Huelva, petroleras del Estrecho de Gibraltar y ciertos constructores son señalados por los ecologistas como sus mayores fuentes de conflicto. “Cuando tratas de parar una carretera que afecta a un lince o un campo de golf, sabes que te estás creando enemigos”, indica Ceballos.
“En una ocasión me amenazaron por temas mineros, que son los míos. Yo tengo mal carácter y poco que perder, así que el individuo ha procurado no volver a cruzarse conmigo en el el pueblo en el que vivimos. No lo denuncié”, señala un ecologista veterano.
Un activista que trabaja en la zona del Estrecho de Gibraltar dice llevar casi 25 años recibiendo amenazas e intentos de soborno por parte de las petroleras a las que ha denunciado en múltiples ocasiones por verter hidrocarburos al mar. “Al final nos quedamos siempre solos, porque los medios de comunicación viven aquí de estas empresas contaminantes, que les patrocinan”, denuncia.
“Ten cuidado que cabes en un pozo”
En los regadíos del entorno de Doñana, donde abundan los cultivos y pozos ilegales, la situación llega a ser de máxima tensión. “Ten cuidado que cabes en un pozo”, le llegaron a decir a un ecologista que trabaja en la zona. Este activista señala que “nuestro trabajo es duro, porque nos toca bailar con la mafia. Sabemos a lo que nos exponemos, porque hacemos el trabajo que la Administración no es capaz de hacer. Debería ser la Administración la que denuncie pozos”.
Los ecologistas no son los únicos que sufren las iras de los agricultores que, ilegalmente, esquilman aguas subterráneas y ocupan tierras de cultivo que no les pertenecen. En noviembre de 2014, tres guardas fueron amenazados y agredidos por más de 200 personas durante la inspección de una finca ilegal en Lucena del Puerto.
Al igual que ha ocurrido con Juan Clavero, los enemigos del medio ambiente tratan de servirse de las fuerzas del orden y de la justicia para atacar a los activistas. En el caso de Juan Romero, el Puerto de Huelva le puso una denuncia tras unas protestas contra la construcción de unas balsas con lodos tóxicos y peligrosos. “Me pusieron a disposición judicial, metiéndole mano a mi nómina y embargándome el coche y la moto. Nuestra revuelta había sido pacífica y los trabajadores del Puerto de Huelva y de Canal Sur que testificaron en el juicio, lo hicieron a mi favor”.
Juan Terroba, ecologista de la Sierra de Málaga, también se ha tenido que enfrentar a la justicia. Su trabajo como policía municipal era un arma de doble filo: con él no valían las amenazas violentas, sino las judiciales. “Hace diez años, luchamos aquí contra el complejo urbanístico de Los Merinos de Ronda. Para atacarnos, la empresa nos puso denuncias falsas por prevaricación. Afortunadamente aquellas denuncias terminaron archivadas y luego, curiosamente, los jueces no quisieron investigar nuestras denuncias por denuncias falsas”.
Aunque las denuncias personales no prosperaron, sí consiguieron frenar el proyecto: el Tribunal Supremo tumbó un proyecto que afectaba a 800 hectáreas. “Querían construir en un espacio protegido: un encinar de la Sierra de las Nieves, situado sobre un acuífero. La justicia nos dio la razón, mientras ellos trataban de taparnos la boca”.
En su lucha por el patrimonio natural, la ley y la opinión pública son sus mayores aliados. Para eso, necesitan tener un currículum inmaculado: ser escrupulosamente rigurosos en lo que denuncian y no tener cuentas pendientes con la justicia. Eso explica, en buena medida, que cuando se acusó a Juan Clavero de narcotráfico, ciudadanos, políticos e instituciones de todo tipo no dudaran en poner la mano en el fuego por él.
“Si somos la voz de la naturaleza, tenemos que ser de una honradez intachable. No puedes jugar con cosas feas si eres la voz del buitre negro, la encina o un espacio protegido. Un buen conservacionista no puede ni engañar a su pareja. Todos nos equivocamos, pero tenemos que procurar tener una conducta social y moral intachable”, concluye Beltrán Ceballos.
