El perito director del informe clave de los ERE es administrador judicial de empresas de la Gürtel
Los ERE y la Gürtel se encuentran en el camino. El perito director del informe que todas las partes consideran clave en el caso de los ERE, emitido en diciembre de 2013 por el equipo pericial designado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a requerimiento de Mercedes Alaya, ha ejercido y ejerce como administrador judicial de algunas empresas de la trama Gürtel, entre ellas las conocidas Orange Market y Orange Factory.
Jesús Ruiz-Ayúcar de Merlo, a punto de cumplir 70 años, es funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y fue designado por la IGAE en febrero de 2012 como perito en tareas de auxilio judicial para el caso ERE. Un mes después fue nombrado director de equipo de la Oficina Nacional de Auditoría de la IGAE y el 29 de noviembre de ese mismo año 2012 fue designado administrador judicial de las empresas Orange, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de aquel día, en las páginas 3-4.
No sólo eso. Ruiz-Ayúcar también consta como administrador judicial entre agosto de 2011 y agosto de 2012 de otras conocidas empresas de la trama como Special Events, Easy Concept Comunicación, Studios Vesubio, Caroki, Castaño Corporate, Cresva, Inversiones Kintamani, Osiris Patrimonial, Parque Logístico Montalvo o Welldone 2002. Su nombramiento como administrador judicial de todas estas empresas consta en el Borme del 13 de septiembre de 2011 mientras que los ceses se reflejan justo un año después, en el Borme del 11 de septiembre de 2012.
Fuentes de la defensa consideran “un contrasentido” que la misma persona que dirige el equipo de peritos judiciales de los ERE sea la que maneje la información interna de algunas empresas de la trama Gürtel y tome decisiones respecto a las entidades. “¿No hay más interventores en España?”, apuntan, cuestionando también el tiempo de dedicación que pueden invertir a cada cuestión al estar “en dos de las operaciones más importantes del ámbito judicial”, sin entender que una persona soporte “esa acumulación de tareas”. El informe de los ERE se presentó en diciembre de 2013, cinco meses después de que Ruiz-Ayúcar renovara como administrador de las Orange, por lo que ambas tareas coincidieron inevitablemente en el tiempo.
Administrador de Orange
El plazo de los administradores de Orange Market y Orange Factory se prorrogó el 31 de julio de 2013 y hasta la fecha no consta publicación oficial de cese. Es decir, no consta que haya abandonado ese puesto. Según un acta de comparecencia de los peritos la pasada semana en Sevilla, a la que ha tenido acceso este periódico, el propio Ruiz-Ayúcar le hace constar su labor ante la propia jueza Alaya: “La participación que tuvo en el asunto Gurtel ¿consistió en hacer una prueba pericial o de auditoria sobre esas empresas? (le pregunta un abogado). El Sr. Ruiz-Ayúcar, contesta que difícilmente puede hacer una labor de auditoria de una empresa de la que es administrador”, viniendo a reconocer su vinculación a las empresas Gürtel a las que se refería previamente el letrado de la defensa: Orange Market y Orange Factory.
Aun caliente el auto de apertura de juicio oral para 40 imputados, entre ellos tres extesoreros del Partido Popular, cabe recordar que el PP de la Comunitat Valenciana aportó entre los años 2006 y 2009 un total de 3,4 millones de euros a la 'caja B' de Orange Market, la filial que el presunto líder de la red Gürtel, Francisco Correa, tenía en la Comunitat para conseguir contratos públicos, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
El currículum del segundo de los peritos del caso ERE del equipo de cuatro, Ángel Turrión, igualmente licenciado en Ciencias Económicas, también levanta “sospechas” entre las defensas, cuestionando su idoneidad para la elaboración del informe. “Son dos personas alejadas de la función pública y que han estado en sus negocios privados”, dicen fuentes de la defensa.
Turrión, también funcionario del Cuerpo Superior de Interventores, en concreto, fue nombrado en 1986 director económico de RTVE por Pilar Miró y su actividad ha estado relacionada principalmente con la industria televisiva, como apoderado o repesentante de Boca a Boca Producciones, Besos Beso, o como administrador solidario de otro tipo de empresas como Siete de Agosto o Alfa Solar Servicios Energéticos.
Las transferencias de financiación
Y hay otra cuestión que escama a algunas de las defensas, según dejan entrever en sus preguntas en la comparecencia de los peritos ante Alaya. Las transferencias de financiación se mencionan en la causa de los ERE por primera vez en diciembre de 2010, en el considerado primer atestado policial presente en el caso. No es hasta febrero de 2012, con nuevo Gobierno y nuevo interventor general del Estado, cuando se nombra al perito director y, en los meses siguientes, a los otros tres componentes del equipo pericial. Ese septiembre de 2012, Ruiz-Ayúcar 'suelta' un paquete de empresas de la Gürtel que administraba, entre las que no se incluyen las Orange, ya que empieza como administrador en noviembre de ese año, como se ha comentado.
Este martes, el equipo pericial de la IGAE concluyó la ratificación de su informe tras nueve sesiones en las que han respondido a preguntas de la jueza Alaya, los dos fiscales Anticorrupción, las acusaciones y los abogados de las defensas. Como estaba previsto, los peritos han ratificado en el juzgado el informe de más de 8.000 folios presentado en diciembre de 2013 que rechaza el uso de las transferencias de finaciación como herramienta presupuestaria usada por la Junta de Andalucía para sugragar los ERE. En aquel informe, ratificado ahora 14 meses después, los peritos consideran “improcedente” dicha figura e insisten en que su uso en la fase de presupuesto y de ejecución fue “inadecuado de acuerdo con la Ley”. La contrapericial presentada por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán el pasado enero define dichas transferencias como “un instrumento perfectamente idóneo y legalmente adecuado”.
El propio abogado de Griñán y de dos exdirectores generales de Presupuestos, que no era ajeno a que alguna de las actuaciones profesionales de Ruiz-Ayúcar están o estuvieron en relación al asunto de Gürtel, le preguntó directamente si fue designado por la IGAE administrador judicial de las empresas Orange Market y Orange Factory, declarando Alaya improcedente la pregunta “por carecer de relevancia para la presente investigación”.
José María Mohedano insistió en esa línea preguntando si el interventor general del Estado propuso a Ruiz-Ayúcar como administrador judicial de alguna de las empresas del caso Gurtel, siendo, por los mismos motivos anteriores, declarada impertinente la pregunta por parte de la jueza. Sólo cuando el letrado preguntó si su participación en el asunto Gürtel consistió en hacer una prueba pericial o de auditoria sobre esas empresas, el perito director lo reconoció, como se ha visto anteriormente en la transcripción.
Reuniones previas a la entrega del informe y coincidencias
En aquella comparecencia del lunes 2 de marzo, el abogado planteó también que si el dictamen reflejaba la opinión de los peritos o la opinión de la IGAE. Ruiz-Ayúcar calificó de “evidente” que era la opinión de los peritos y que el papel de la IGAE se limitaba exclusivamente a pagar su nómina. También le quiso preguntar al perito (Alaya consideró de nuevo impertinente la cuestión) el número de publicaciones en relación a la materia sobre la que versa el informe durante los 20 años anteriores a su nombramiento como perito, tras 23 años en excedencia, según aclaró el perito. Mohedano, que consideraba apropiado conocer el grado de conocimiento sobre la materia, apunta que Ruiz-Ayúcar no tiene publicaciones sobre control administrativo sino de temática impositiva.
“Cuando se plantea una pericial de este tipo, en la que va a haber sospechas de independencia y cuestionamiento, normalmente intentas que, al menos, lo parezca. Pero pones a dos señores que han estado fuera de la Administración, sin experiencia reciente en la gestión pública y ambos metidos en Gürtel. Y luego su informe es absolutamente cuestionable, porque si se pudiera defender por sí solo no necesitaría que la jueza estuviera continuamente considerando impertinentes las preguntas de las defensas”, comentan las fuentes.
En otra de las comparecencias de los peritos del Estado, que celebraron varias sesiones con las partes personadas, estos reconocieron que mantuvieron “ocho reuniones aproximadamente” con Alaya antes de presentar su informe en diciembre de 2013, según denunció públicamente el mismo abogado Mohedano. Para el letrado, constituye “un hecho muy grave” porque los peritos no están para auxiliar judicialmente a la jueza sino para emitir “de manera independiente e imparcial” un informe.
Mohedano lamentó públicamente que Alaya no considerara procedentes sus preguntas sobre las “coincidencias” entre algunos párrafos del informe pericial y de autos de la jueza. “En algunos casos” la coincidencia “es textual, en otros es conceptualmente lo mismo, y en otros es una mezcla de literalidad y de concepto”, precisó hace unos días ante la prensa. A este respecto, Ruiz-Ayúcar le contestó en la comparencia que “es evidente y conocida la capacidad de trabajo y la capacidad intelectual” de la jueza y que a esas reuniones ellos venían “documentados” y que se hablaba “de todos los temas”. “Su Señoría toma cuantas notas consideró oportunas; lo que luego hizo no lo puedo decir”, dicen el perito director, según consta en el acta.
La propia Alaya salió al paso de estas insinuaciones y señaló en relación a la comparativa que realiza de autos e imputaciones que se contienen en las actuaciones que “en la práctica totalidad de la comparación realizada no existe la menor coincidencia de expresiones literales, ni siquiera parecidas”. “Es obvio que se traten los mismos conceptos, porque son los conceptos o ideas que conforman la investigación judicial y que fueron objeto de numerosas reuniones con el equipo pericial, al que se le explicó inicialmente la encomienda pericial y asimismo al que se le ha ido encomendando cuestiones que eran de interés y que surgían a lo largo del procedimiento”, explicó la jueza.
“Concurren los suficientes elementos para que esto no sea muy normal pero los peritos se han convertido en una especie de oráculos a los que nadie discute, sin interpretaciones ni valoraciones” y, “en este caso, se está utilizando el prestigio de la institución”, indican las fuentes. En sus consideraciones finales este mismo martes, los peritos han señalado que todas las consejerías y organismos implicados “ocultaron” el destino de las transferencias de financiación. Dicha “ocultación”, según los peritos, impedía que la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Parlamento andaluz y los auditores externos pudieran conocer el presunto fraude.
