La polémica “inventada” por las desaladoras andaluzas: el agua enfrenta a Junta y Gobierno

La Junta de Andalucía y el Gobierno de España han protagonizado esta semana un insólito episodio del que se deduce que alguna administración, o las dos, no sabe o quiere saber quién hace qué. Mientras la Axarquía se seca, altos cargos de ambas administraciones se han arrojado a la cara la competencia sobre la desaladora que debe construirse en esa comarca, que tiene más de 220.000 habitantes y el triple en verano. La cuestión no es quién paga (el Gobierno ha prometido 100 millones de euros) ni quién pone los terrenos (la Junta de Andalucía ha encontrado parcelas en Vélez-Málaga), sino quién hace el proyecto y lo pone en marcha. Algo parecido ocurre con la desaladora del Bajo Almanzora (Almería).

La cronología del desencuentro es la siguiente: el martes por la mañana, el ministerio recibe de la Junta documentación relativa a las futuras desaladoras. Inmediatamente, advierte de que allí no está el proyecto de la primera ni el “proyecto adaptado” para la segunda, y lo dice. Entonces, el Gobierno de Juan Manuel Moreno replica que no le corresponde a Andalucía hacer proyecto alguno.

Ahí empieza una ristra de declaraciones políticas. “Quizás” el Gobierno quiere “esconder su incapacidad o falta de determinación”, dice Patricia Navarro, delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, que sugiere que “lo que realmente quiere el Gobierno es no hacerla”. Algo parecido dice su homóloga en Almería, Aránzazu Martín: “Falta de rigor”. Y a ambas les replican los subdelegados del Gobierno central en Málaga y Almería: subrayan que el Estado pone el dinero y piden a la Junta que “asuma sus compromisos”. Carmen Crespo (consejera responsable de Aguas) y Ramón Fernández-Pacheco (consejero de Sostenibilidad y portavoz) califican la polémica de “inventada” y acusan al Gobierno de “demagogia”.

Sin aclaración en el Protocolo

En teoría, hay marco legal para definir esto. En mayo, el Gobierno aprobó el Decreto-Ley con medidas urgentes para combatir la sequía, y declaró que las desaladoras en la Axarquía y Almería eran “prioritarias”.

Para impulsar la actuación, Crespo y el secretario de Estado Hugo Morán firmaron en julio el protocolo para definir las “líneas de coordinación y cooperación”, pero ese documento (que tampoco crea obligaciones jurídicas) no recogió a quién corresponde presentar los proyectos. De hecho, la palabra “proyecto” ni aparece. Sí se dice que la Junta debe “aportar toda la documentación disponible para agilizar” las obras y “colaborar en la puesta disposición” de los terrenos. También se crea un grupo de trabajo técnico conjunto, que se ha reunido varias veces, pero en el que la cuestión se ha resuelto.

La Ley de Aguas declara que la gestión de las obras hidráulicas de interés general “podrá realizarse directamente” por el Ministerio o a través de las confederaciones hidrográficas, y que también “podrán” gestionar la construcción las comunidades autónomas.  

El Ministerio ya advirtió hace un mes de que la Junta no enviaba los proyectos, y ahora insiste: Andalucía debe aportar “proyecto y terrenos”, declaración de impacto ambiental, licitar y ejecutar. Y no importa que financie el Estado, (100 millones para cada desaladora, con capacidad cada una para 25hm3), en este caso recurriendo a fondos europeos. “Cualquier administración puede acometer una obra de este tipo. No es competencia exclusiva del Estado”, dicen.

En el caso de la Axarquía, espera el proyecto; en el de Bajo Almanzora, la adaptación del que ya prepararon los regantes, al cual Acuamed (la empresa pública estatal encargada de este tipo de infraestructuras) hizo varias observaciones.

“Son obras de interés general del Estado, y cuando se declaran así son su competencia. Está clarísimo”, responden en la Consejería. Si la Junta se ha involucrado pidiendo al Estado que haga las obras es porque ambas desaladoras se incluyeron en 2005 en el Plan Hidrológico Nacional y no se han hecho.

“Generalmente lo hace el Estado”, pero no tiene por qué ser así

Este medio ha consultado a cuatro especialistas en derecho e infraestructuras hídricas. “Se trata de una discrepancia frecuente”, observa Leandro del Moral, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que recuerda el caso de las conducciones de la presa de Rules. El hecho de que se trate de obras de interés general pero situadas en las cuencas mediterráneas (cuya competencia tiene la Junta de Andalucía) enmaraña el asunto.

“Las obras de interés general dicen quién la financia [el Estado], pero nada más”, resalta Abel La Calle, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Almería y experto en gestión del agua, que añade: “Generalmente, el proyecto lo hace el propio Estado a través de Acuamed, que contrata el proyecto y la gestión. Eso es lo usual”. “Si está declarada de interés general del Estado, se entiende que es el Estado el que debe impulsar”, concuerda otro experto jurídico del ámbito universitario, bajo condición de anonimato.

Sin embargo, no tiene por qué ser necesariamente así. “Que sea declarada de interés general no significa nada”, señala Luis Babiano, gerente de AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento). El proyecto ampliación de la desaladora de Tordera (pasará de una capacidad de 20 a 80 hm3 anuales) fue licitado por el Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (dependiente de la Generalitat de Catalunya), aunque los 220 millones de euros que costará son a cargo del Estado.

La “teatralización” política

Todos los consultados coinciden en que hay una “teatralización” por motivos políticos. En Andalucía hay un nerviosismo creciente por la falta de lluvias y el vaciamiento de embalses y acuíferos. El gobierno andaluz se plantea abastecer a una gran ciudad como Málaga por barco, y Moreno anunció cortes generalizados en las principales capitales “si no llueve 30 días seguidos”. Es decir, sí o sí. Urge tomar medidas, y que se note.

Sin embargo, la desaladora no solucionará la escasez a corto plazo, porque se trata de una tramitación y obra de largo alcance. “Aunque sea de urgencia, hay que hacer proyecto, buscar ubicación, el impacto ambiental, poner un tendido eléctrico adecuado… Y Andalucía plantea una desaladora sin terrenos, sin proyecto y sin informe de impacto ambiental. Eso va a dilatar aún más un proceso que ya es muy largo”, resalta Babiano. En el mejor de los casos, estaría lista en 2027. En paralelo, se tramita otro proyecto de carácter privado, ahora con dos opciones en liza.

Situada en el extremo oriental de la provincia de Málaga, la Axarquía necesita agua ya. Es la comarca más azotada por la sequía y por la escasez. La sequía se debe a la falta de lluvias: hace seis años que en el embalse de La Viñuela, su principal reserva de agua hoy escuálida (menos del 7,5%) no llueve por encima de su media histórica, 420 litros por metro cuadrado al año. Los dos últimos años hidrológicos han sido especialmente secos (242 l/m2 y 282 l/m2) y este no lleva camino de ser mejor. Pero en la escasez juegan otros factores: una demanda de uso por encima de la disponibilidad (con aguacates y mangos bebiéndose 20 hm3 al año, más de la mitad del consumo total), la falta de previsión o una red obsoleta.

También, la falta de alguna infraestructura que solo se considera urgente en escenarios como el actual. Precisamente, cuando ya no puede contribuir a paliar el problema. La desalación en la “Costa del Sol” fue declarada de interés general en 2005, cuando el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero modificó el Plan Hidrológico Nacional y apostó por la desalación como herramienta prioritaria para zonas con escasez hídrica. Pero no se ha hecho nada desde entonces. En contra de este recurso siempre ha jugado el coste de la desalación.

“El agua solo importa cuando cobra valor de existencia”

“El proyecto es básico. Tiene que haber una evaluación de impacto, elegirse un sitio… Y debe saberse quién lo hace. Si no, es un diálogo de sordos. Pueden acordar una cosa u otra, pero no es creíble que no sepan quién tiene que hacer el proyecto”, resalta La Calle.

“Se necesita que las instituciones sean responsables y trabajen en un marco común con espíritu de lealtad institucional”, pide Babiano, que echa en falta medidas inmediatas que alarguen algo la oferta. “Hay cosas muy sencillas: el sector turístico gasta más, es normal; se puede exigir a los hoteles que eliminen los tapones de las bañeras”. También pide un avance “radical” en los tratamientos terciarios de depuración de infraestructuras ya existentes y un plan de choque contra las pérdidas en la red. “Pero no aprendemos. Seguimos gestionando hidro-ilógicamente y ahora todo son emergencias”.

La desaladora de Mijas-Fuengirola se proyectó en 2005 y se adjudicó en 2008. Fue el Gobierno central. En 2009 y 2010 llovió intensamente, y en 2011 llegó al Gobierno el PP de Mariano Rajoy, que rescindió la adjudicación en 2012. Ahora la Junta de Andalucía plantea duplicar la capacidad de la de Marbella. “Estas son infraestructuras de medio y largo plazo, pero el agua solo es importante cuando cobra un valor de existencia”, concluye Babiano.