Save the Children Andalucía propone convertir la Renta Mínima en una prestación específica para familias con menores a cargo

Save the Children advierte que el 22,1% de los niños y niñas en Andalucía vivirá en pobreza severa en 2020-21, nueve puntos más que en la actualidad, por lo que insta al Parlamento y a la Junta de Andalucía a modificar la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA) convirtiéndola en una prestación específica para familias con menores a cargo. Se trataría de una prestación complementaria al Ingreso Mínimo Vital que podría reducir entre 11 y 12 puntos las tasas de pobreza infantil severa en Andalucía.

El director de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca, ha comparecido este martes en la Comisión de Estudio sobre la Recuperación Económica y Social de Andalucía a causa de la pandemia de la Covid-19 del Parlamento de Andalucía con el objetivo de presentar la visión de la organización sobre los elementos fundamentales que deberían contener las políticas sociales y de protección de la infancia en esta iniciativa de reconstrucción de la comunidad autónoma.

Durante la comparecencia, Cuenca ha centrado su discurso en pobreza infantil, medidas de protección social, equidad educativa y protección de la infancia contra la violencia, según informa la organización en un comunicado.

Pobreza infantil

Save the Children recuerda que antes de esta crisis, según los datos del Observatorio de la Infancia en Andalucía, el 13,3% de niños y niñas vivía ya en situación de pobreza severa (213.000). “Solo estas cifras, antes de la Covid-19, deberían haber supuesto un foco muy importante en la acción parlamentaria y del propio gobierno de Andalucía”, lamenta Cuenca. Además, según una encuesta de la organización realizada durante los meses de confinamiento, en 7 de cada 10 familias vulnerables algún miembro de las familias ha perdido el empleo.

La organización estima que la tasa de paro en Andalucía podría elevarse en 2020 hasta un 27,3%, frente al 21,2% que se registró en 2019. Esto supondría 240.000 ocupados menos, lo que llevaría la tasa de riesgo de pobreza de la población en general a aumentar en casi dos puntos (19,9%), hasta llegar a 1.626.598 personas. Hay que tener en cuenta que Andalucía, donde el turismo representa un 13% del PIB, puede ser una de las regiones más castigadas económicamente por esta pandemia.

“Nuestras proyecciones estiman que los niños y niñas andaluces serían los principales afectados por este aumento de la pobreza. A pesar de que el empleo crezca un 5% en 2021, y la tasa de paro baje hasta el 23,7%, como indican las previsiones económicas, las tasas de pobreza infantil en Andalucía no se recuperarían. Como ya ocurrió en la crisis del 2008, el riesgo de que los niños y niñas de caigan en la pobreza no se reduce porque la economía mejore”, apunta Cuenca.

Medidas de protección social

Save the Children valora positivamente que la Junta de Andalucía haya aumentado de 6.222 a 14.615 hogares los cubiertos por la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA) durante los dos meses del estado de alarma. Sin embargo, para la organización su cobertura sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de las más de 330.000 familias que se encuentran bajo el umbral de la pobreza severa en Andalucía (140.000 de estos hogares con menores a cargo). “A pesar del aumento de beneficiarios de la RMISA producido durante estos meses, esta prestación estaría cubriendo únicamente a un 4,37% de hogares en pobreza severa. Unas cifras insuficientes para acabar con la pobreza estructural. Es posible eliminarla si hay voluntad, y las transferencias de renta son el primer paso para poder conectar a estas familias con un acceso adecuado al mercado de trabajo”, destaca Cuenca.

Por otra parte, para la organización, el recién aprobado Ingreso Mínimo Vital se presenta como una política altamente efectiva a la hora de reducir el número de hogares en situación de pobreza severa en Andalucía. De hecho, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018, se estima que esta prestación podría alcanzar a un 93.5% de los hogares en pobreza severa con menores a cargo en la comunidad.

Por tanto, Save the Children propone combinar ambas prestaciones para aliviar situaciones de pobreza en aquellos hogares con presencia de menores dependientes. En ese sentido, Cuenca plantea modificar la RMISA convirtiéndola en una prestación específica para familias con menores a cargo. Esto se conseguiría a través de dos propuestas.

La primera propuesta consistiría en utilizar los 142 millones de euros asignados hasta ahora a la RMISA para diseñar una prestación consistente en un ingreso anual destinada a aquellas familias con menores a cargo cuyos ingresos anuales por unidad de consumo se sitúen por debajo del umbral de pobreza severa autonómico. Esta primera propuesta prestación por hijo a cargo como complemento al Ingreso Mínimo Vital podría reducir en 11 puntos las tasas de pobreza infantil severa.

Con un mayor esfuerzo presupuestario se podría aumentar la prestación por hijo a cargo asociada a la RMISA hasta los 100€/mensuales, de manera que prácticamente se eliminaría la pobreza infantil severa de una vez por todas de Andalucía (12 puntos menos), lo que supondría un hito excepcional en las políticas sociales

Medidas educativas

Como consecuencia de la crisis, Save the Children estima que las tasas de abandono escolar en Andalucía pueden aumentar en casi dos puntos porcentuales en 2020-21, igual que la media estatal. A pesar de la reducción del Abandono Escolar Prematuro, en los últimos años, la región acumula una tasa mucho mayor que la media estatal (21,6% frente 17,3%), lo que incide muy negativamente tanto en el pleno disfrute de sus derechos como niños y niñas, como en el desarrollo económico futuro de Andalucía, que contará con menos trabajadores cualificados que puedan generar un tejido productivo enérgico y diversificado.

“La desigualdad educativa no ha llegado con la Covid-19, sino que ya estaba presente en el sistema educativo andaluz. No es un problema de brecha digital, sino de desigualdad e inequidad. Si antes no bastaba con que estuviesen en clase y tuviesen lápiz y libreta, ahora no basta con tener un dispositivo digital. El alumnado con mayores dificultades de aprendizaje y el alumnado más empobrecido y con menos recursos externos ya necesitaba apoyo extra antes de la crisis”, añade Cuenca.

En nuestro informe “Covid-19: Cerrar la Brecha” son varios los ejes que planteamos para garantizar que los próximos cursos atiendan y reduzcan las situaciones de desigualdad para que todo el alumnado vea su derecho a la educación garantizado, como una digitalización inclusiva, un programa de refuerzo educativo extraescolar durante el curso y de recursos extra a los centros educativos con alumnado en las zonas desfavorecidas determinadas, así como tutorías, apoyo psicosocial y educación emocional.

Protección frente a todo tipo de violencia

Save the Children lleva tiempo alertando de que las situaciones de violencia contra la infancia se han podido ver agravadas por el confinamiento y por las situaciones de estrés ante las consecuencias socioeconómicas de la crisis.

“Con la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la Infancia frente a todo tipo de Violencia hemos dado un paso de gigante en la erradicación de la violencia contra la infancia. Por eso, creemos que este proceso de recuperación de Andalucía es una clarísima oportunidad de actualizar y trasponer las legislaciones autonómicas en la materia”, explica Cuenca.

Save the Children cree necesario que, en el marco de la comisión de reconstrucción, se inste al gobierno de Andalucía a tramitar de manera prioritaria de la futura LO de Protección de la Infancia contra la Violencia y que se adapte cuanto antes la Ley 1/98 a la normativa estatal. “No debemos perder de vista estas circunstancias para iniciar los trabajos que nos permitan consolidar y mejorar las políticas públicas andaluzas de protección de la infancia”, concluye Cuenca.

La ONG espera que de esta comisión salgan recomendaciones con medidas específicas centradas en los niños y las niñas de Andalucía, además de que se tenga en cuenta la transversalidad de los derechos de infancia en todas las políticas públicas –salud, economía, medioambiente, infraestructuras, etc.-