El Consejo de Gobierno reunido de forma extraordinaria ha dado el visto bueno a la aprobación por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Energía de Aragón. Un documento que se realiza como respuesta a la anulación el pasado mes de septiembre por parte del Tribunal Constitucional del Decreto Ley 1/2023 de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón.
En su sentencia, el Constitucional estimó el recurso interpuesto por el Gobierno de España, anulando íntegramente dicho Decreto ley “al considerar que no quedaban suficientemente justificadas las razones de extraordinaria y urgente necesidad que han de habilitar el uso de este instrumento normativo”. El decreto aragonés fue recurrido por el Gobierno central, al entender que varios de sus artículos “pueden poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico y su régimen económico”. Una norma aprobada a finales de la pasada legislatura, con el socialista Javier Lambán como presidente, y que entre otras medidas planteaba la posibilidad de conectar instalaciones de producción de energía eléctrica con fuentes renovables a una red de uno o varios consumidores, con el objetivo de “impulsar el consumo de cercanía”. También que los excedentes de energía verde puedan ser utilizados para impulsar el consumo de cercanía “con la finalidad de optimizar los impactos generados por la instalación y la inversión realizada”.
La ley que ahora ha anulado de forma definitiva el Constitucional llevaba suspendida de forma cautelar desde enero de este año, cuando el tribunal de garantías admitió a trámite el recurso del Gobierno.
El nuevo proyecto de ley supone el cumplimiento del compromiso adquirido por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el Debate sobre el estado de la Comunidad, para elaborar una nueva Ley que, “frente al vacío normativo generado por la Sentencia del Tribunal Constitucional, aporte competitividad, seguridad jurídica y confianza al sector energético”, así como a los proyectos e inversiones empresariales atraídos en los últimos meses.
Tras la aprobación de este proyecto de ley, se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria con el objetivo de que la norma esté aprobada a lo largo del mes de diciembre.
Recuperación de la normativa anulada
El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno incorpora nuevamente buena parte de las disposiciones del Decreto Ley de 2023 anulado por el Tribunal Constitucional, aunque ajustándolo en gran medida a las objeciones de constitucionalidad planteadas por el Estado en su recurso.
Es así como se incluye entre los fines fundamentales del proyecto de ley los de favorecer el autoconsumo; incrementar el nivel de autoabastecimiento y diversificación energéticos regionales; promover la expansión de las energías renovables y la participación del sector económico empresarial, mejorar la competitividad del tejido productivo y facilitar la constitución de comunidades energéticas.
En los nueve capítulos de la ley se plantean medidas para fomentar el autoconsumo y la regulación de las comunidades energéticas, así como la creación de un Fondo Aragonés de Solidaridad Energética cuyo objetivo fundamental es canalizar la reinversión en los territorios afectados por instalaciones de generación de una parte sustancial de los ingresos obtenidos por los tributos ambientales autonómicos que gravan tales afecciones.
Asimismo, el proyecto de ley incluye la regulación de los proyectos e inversiones prioritarios con generación renovable asociada, configurados como una modalidad especial de planes y proyectos de interés general de Aragón. A estas iniciativas podrán recurrir iniciativas públicas y privadas para acelerar inversiones productivas que vayan asociadas a instalaciones de generación de electricidad a partir de fuentes renovables.
Por último, el documento incluye la regulación del informe autonómico preceptivo y no vinculante en los concursos de acceso y de transición justa que se convoquen en relación con nudos ubicados en el territorio de aragonés.
Recomendaciones de las Cortes: planificación energética
De otra parte, el texto aprobado trata de acoger algunas de las recomendaciones formuladas por unanimidad de los grupos parlamentarios de las Cortes en la Comisión de Investigación sobre la implantación de las energías renovables en Aragón el 28 de junio de 2024.
En este sentido, se incorporan medidas que tratan de actualizar la normativa energética para adaptarse a las nuevas necesidades, incorporando medidas de agilización de los procedimientos administrativos sobre la materia, así como, principalmente, se configura la planificación como uno de los ejes principales de la política energética del territorio.
Así, la Ley encomienda al Gobierno de Aragón el impulso de un procedimiento participativo dirigido a la aprobación de un Plan Energético de Aragón que sustituya al de 2013-2020. Este nuevo Plan Energético comprenderá, entre otras cuestiones, una ordenación territorial de las energías renovables en Aragón que pondere los impactos ambientales, paisajísticos, agrícolas, culturales, urbanos y territoriales que puedan verse implicados, bien restringiendo su implantación en determinadas zonas, como pueda ser el caso de los embalses, bien reservándolas para su aceleración. De este modo, se pretende lograr en la Comunidad Autónoma de Aragón una política energética competitiva, ordenada y sostenible.
Otra de las recomendaciones de las Cortes acogidas en el proyecto de ley es la creación del Foro Permanente de la Energía, como un órgano administrativo integrado por los agentes públicos y privados que participan en el ámbito energético, con funciones de carácter consultivo de la Administración autonómica, coincidiendo con uno de los compromisos de investidura del Presidente del Gobierno de Aragón.
En la parte final del texto legal cabe resaltar la incorporación de una disposición transitoria que ampara a todos aquellos procedimientos en tramitación que se iniciaron bajo la vigencia del Decreto ley 1/2023, con el propósito de permitir su continuación o reanudación en aras de dar continuidad a la aplicación de la normativa anulada.
Por último, resulta destacable que la ley, en su disposición final quinta, autoriza al Gobierno de Aragón para que, en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, apruebe un texto refundido de las disposiciones legales aragonesas vigentes en materia de energía, que incluya su regularización, aclaración y armonización.