Durante varios meses se fueron conociendo detalles de la futura Ley de Memoria Democrática que estaba pergeñando el Gobierno de Aragón (PSOE – CHA). Píldoras que barruntaban que esta iría más lejos que la nacional de Memoria Histórica. Y ahora se confirma. El Consejo de Gobierno aprobó este martes el Proyecto de Ley y la norma definitiva recibirá el visto bueno de las Cortes autonómicas con los primeros pasos del próximo curso político
La principal novedad de este avance casi definitivo se refiere al régimen sancionador. Se sabía ya que habría castigos pecuniarios para quienes ofendieran la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil o la dictadura, así como a las administraciones que no retiraran la simbología franquista. Con el proyecto de ley aprobado se ha conocido la cuantía: en ambos casos, serán consideradas graves y, por tanto, conllevarán una multa de entre 2.001 y 10.000 euros.
El apartado de las ofensas se concreta de este modo en el proyecto de ley:
No serán, sin embargo, las sanciones más altas: se establece un escalón superior –el de las muy graves– que va de 10.001 a 150.000 euros. Dentro de esta catalogación está el traslado de restos humanos correspondientes a enterramientos clandestinos o fosas sin la autorización pertinente; realizar excavaciones con el ánimo de exhumar sin permiso; remover el terreno o construir sobre el mismo, sin autorización, donde haya certeza de la existencia de restos de víctimas; destruir fosas, y destruir o alterar bienes integrados en la Ruta de Memoria Democrática de Aragón que hayan sido declarados bien de interés cultural.
Además, las entidades locales que no eliminen la simbología franquista de sus edificios o espacios públicos, o que cometan algunas de las faltas anteriormente tipificadas perderán el derecho “a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas durante dos, tres o cinco años, en caso de infracciones leves, graves o muy graves, respectivamente”.
Más lejos que la Ley de Memoria Histórica
La futura ley abarca algunos aspectos no contemplados en la Ley de Memoria Histórica. Lo hace, entre otras razones, impelida “por la asfixia económica a la que el Gobierno de Rajoy somete a esta norma estatal”, como apuntó el consejero de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Vicente Guillén (PSOE).
Se desmarca, por ejemplo, de la ley nacional, en que los bebés robados y los familiares directos de las víctimas también serán considerados víctimas del franquismo. Difiere, de igual modo, en lo referido al periodo: esta normativa abarca desde la proclamación de la Segunda República (14 de abril de 1931) hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
El objetivo, señaló Guillén, es “implementar políticas públicas en materia de memoria democrática, que hagan de la memoria un elemento de sensibilización y de educación para mejorar la convivencia y la calidad de nuestra democracia a través del fomento de los valores que le son propios”. Recordó, de igual modo, que los principios de verdad, justicia y reparación sobre los que se asienta esta ley “no son un asunto político partidista, sino que afectan a todos”.
Derogación de la Ley de Amnistía de 1977
En el proyecto de ley se apunta que el Gobierno de Aragón, a través de su Parlamento, solicitará a las Cortes generales “la derogación total o parcial de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, en aquellos términos que den amparo a la impunidad de los crímenes cometidos durante el periodo definido en esta Ley como Memoria Democrática de Aragón”.
Se solicitará también al Ejecutivo estatal que tipifique como delito cualquier manifestación que atente contra la dignidad de las víctimas y que se ratifique la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”.