¡Que viene la censura!

¿Qué tal tu semana? ¿Sobrevives a la ola de calor?

Esta semana llegó al fin el esperado plan de regeneración democrática que Pedro Sánchez se comprometió a presentar. Aquí tienes las principales medidas. ¿La respuesta de la oposición? La esperada. A juicio de Alberto Núñez Feijóo, se trata del “mayor ataque a la libertad de información de la democracia española”, que busca “la censura” y poner “comisarios en medios privados”. Para Vox, es aun peor: es “una ley mordaza”, “una caza de brujas” y “un golpe de Estado”. 

De estos dos partidos de la oposición solo hay uno que al menos en esto es coherente. Casi todas las medidas sobre la prensa que ha presentado el Gobierno provienen de la legislación europea: del reglamento de Libertad de Medios de Comunicación, una norma que es de obligado cumplimiento y que entrará en vigor en agosto de 2025. Fue aprobado por amplísima mayoría en el Europarlamento: 464 votos a favor, 92 en contra y 65 abstenciones. Respaldaron la norma la práctica totalidad de los eurodiputados españoles, incluidos todos los del PP. Solo la extrema derecha votó en contra de esta regulación.

Al menos Vox es coherente, insisto. Aunque sea persistente en el error: en su aversión a cualquier límite a los bulos y la desinformación de los que tanto se nutren los ultras. Pero, ¿qué clase de criterio mantiene el PP? ¿Cuál es su rasero? ¿Por qué, ante unas mismas medidas, puede estar a favor en Europa y en contra en el Parlamento español?

Pero vayamos a la propuesta. En mi opinión, la mayor crítica que se le puede hacer al plan es que se puede quedar corto ante la magnitud del problema. Como escribió nuestro compañero Iñigo Sáenz de Ugarte, “Ante la amenaza de la desinformación, un poco de placebo”. Ojalá el Gobierno se atreviera a ir un poco más allá, como le piden buena parte de sus socios. Ojalá la mayoría del Parlamento –que no es progresista, no lo olvidemos– alcance un acuerdo lo más ambicioso posible. 

También es cuestionable el momento elegido para abrir este debate, que el Gobierno debería haber abordado durante la legislatura anterior. La desinformación era un problema real y acuciante desde mucho antes de que la oposición –la política, la judicial y la mediática– convirtiera a la mujer del presidente en su principal diana para desgastar al Gobierno. Pero solo con toneladas de demagogia se puede considerar que hay en alguna de estas propuestas la más mínima amenaza a la libertad de prensa o expresión.

La nueva legislación europea –no solo el Gobierno– pide que sean transparentes los ingresos públicos que recibe cada medio, a través de la publicidad institucional. Es una medida tan razonable que sorprende que alguien pueda estar en contra. 

En elDiario.es ya cumplimos con ese requisito. Cada año, como bien sabes, publicamos un informe de cuentas donde también detallamos cuánto dinero hemos recibido de todas las administraciones públicas y qué porcentaje supone sobre el total de nuestros ingresos. 

Estoy seguro de que nos llevaremos algunas sorpresas cuando el resto de los medios se vean obligados con la nueva legislación europea a publicar estas cifras. Porque cada vez que accedemos a algunos datos suelen ser escandalosos. Por ejemplo: los casi 600.000 euros públicos que se llevó, entre 2007 y 2015, la web nuevatelevisión.com en publicidad del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas de Madrid.

¿A que lo de nuevatelevisión.com no te suena? No me extraña. Era un medio tan irrelevante como desconocido. Pero seguro que sí conoces al dueño: Miguel Ángel Rodríguez. 

Sí, es el mismo Miguel Ángel Rodríguez que hoy trabaja como jefe de gabinete de la muy liberal Isabel Díaz Ayuso. El mismo que amenazó a elDiario.es con “triturarnos” hasta que tengamos que cerrar. El mismo al que se le atribuye la siguiente frase: “No hace falta comprar a un medio de comunicación, basta con ser su mejor cliente”. Una máxima que también suele aplicar. 

Las nuevas medidas presentadas con el Gobierno, en línea con la legislación europea, también obligarán a detallar los nombres de los principales accionistas de cada medio de comunicación. No es aceptable que unas personas tan importantes para el debate público, como son los dueños de los medios, ejerzan esa influencia desde el anonimato. 

Estoy seguro de que cuando conozcamos todos esos nombres también habrá sorpresas. 

Entenderemos, por ejemplo, por qué algunos medios de comunicación que pierden dinero cada año siguen abiertos: porque el verdadero negocio de sus dueños está en otros sectores para el que la influencia política que proporciona la prensa es algo de mucho valor.

En elDiario.es siempre hemos contado esos datos. Aquí tienes los nombres de nuestros accionistas: somos los de siempre, el mismo equipo que fundamos este medio hace doce años. La gran mayoría de nosotros trabajamos aquí. 

No suele ser lo habitual: que los periodistas sean también los dueños de la redacción. Y es importante que la ciudadanía conozca quiénes están detrás de cada medio. Es una información imprescindible para entender si hay un posible conflicto de intereses. 

Un ejemplo que siempre pongo: el de mi tierra, Burgos. Allí hay solo dos periódicos. Uno es propiedad de un constructor con numerosos nexos con el PP y que fue condenado por corrupción urbanística: Michel Méndez Pozo. El otro es propiedad de otro constructor con numerosos nexos con el PP que fue condenado en la trama Gürtel: José Luis Ulibarri. Son también los dueños de muchos otros medios españoles. 

Ambos son competidores en Burgos, pero también aliados. Son los copropietarios de la televisión autonómica de Castilla y León, una empresa que financia la Junta. ¡Prensa libre a más no poder!

Pero volvamos a las propuestas para los medios. El Gobierno, tras un acuerdo entre PSOE y Sumar, también ha anunciado algunas cosas más: una reforma de las leyes que regulan el derecho a la rectificación y el derecho al honor. Ambas son de la década de los 80; de hace cuarenta años. Se han quedado tan obsoletas como la televisión UHF, que era la tecnología punta en aquellos años previos a Internet. 

También quieren modificar la ley de publicidad institucional. Fue aprobada por el Gobierno de Zapatero hace dos décadas y sin duda necesita una actualización. Entre otros motivos, para que sea coherente con el nuevo reglamento europeo, que exige una transparencia que –hasta ahora– no ha regido en España.

La legislación europea –no el pérfido Sanchez– también obligará a los medios a someterse a algún sistema independiente de autorregulación: una especie de certificado ISO que garantice el cumplimiento de unos mínimos éticos y de transparencia. En elDiario.es nosotros estamos ya adheridos al que promueve Reporteros sin Fronteras: el Journalism Trust Initiative. Y también nos hemos sumado al Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE).

Hace pocos días, la comisión de quejas de la FAPE dictó varias resoluciones sobre un asunto que probablemente recordarás: el bulo de los periodistas encapuchados de elDiario.es que asaltaron la casa de Ayuso, una mentira que lanzó MAR y publicaron –sin contrastarla– varios medios de comunicación. Según esta comisión, estos medios vulneraron el Código Deontológico de la FAPE. No es más que un reproche ético, sin otras consecuencias. Un mínimo, que aún así, algunos de los medios reprobados han tachado como un ataque a la libertad de prensa. La libertad de mentir. 

¿Y la censura que denuncia el PP? ¿Dónde se supone que está? 

Como en tantos otros temas, sorprende la doble vara de medir. El mismo PP que usó a la policía para perseguir a sus rivales políticos acusa a Pedro Sánchez de “estalinismo”. La misma derecha que ha convertido todos los medios públicos allá donde gobierna en herramientas de propaganda acusa al gobierno de manipular. El mismo PP que, cuando estaba en La Moncloa, se ocupó de purgar a numerosos periodistas incómodos es hoy el que habla de censura. 

¿Algunos ejemplos? El de Televisión de Galicia, que gestionaba hasta hace nada Feijóo; donde sus trabajadores llevan años protestando contra las injerencias políticas. O lo que ha pasado con Telemadrid. La primera ley que aprobó Isabel Díaz Ayuso tras ganar las elecciones de 2021 fue para tomar al asalto esta televisión pública; para tumbar la ley que el PP había tenido que aprobar durante la época en la que gobernó con Ciudadanos, que le daba cierta autonomía a esa redacción. Esa independencia se acabó en cuanto Ayuso tuvo los votos necesarios para ello. Purgaron a todo el equipo directivo que había, y que había logrado remontar una audiencia que antes estaba hundida –unos despidos que después fueron anulados como ilegales por el Supremo–. También echaron a la periodista Silvia Intxaurrondo, a la que Ayuso nunca perdonó que preguntara según qué cosas. Al frente de esta televisión, que pagamos todos los madrileños, Ayuso nombró a un periodista que cobró de la caja B del PP, según los papeles de Bárcenas. 

Esta es la práctica de la censura. En cuanto a la teoría, no hace falta mirar a ninguna de las leyes que el Gobierno plantea reformar. Sigue siendo posible en España con la legislación actual: la censura previa está vigente durante los estados de guerra o excepción, según el artículo 3 de la ley de Fraga y Franco, aún en vigor. 

Es una ley que debería avergonzar a cualquier demócrata. Pero que sigue siendo la regulación vigente. Sin que provoque ni la mitad de críticas que los mínimos intentos reformistas que el Gobierno quiere impulsar.

Un abrazo,

Ignacio Escolar