Archivada la denuncia contra la macroresidencia Hogar Santa Rita por las 27 muertes durante la pandemia

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia de la Fiscalía contra el director del Hogar Santa Rita, la mayor residencia de mayores de Canarias, con capacidad para 600 personas, por un contagio masivo de covid-19 y 27 fallecidos.

Antes que la Audiencia, el juzgado de instrucción 2 de Puerto de la Cruz también había decretado el archivo de las diligencias que abrió a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía en base a un informe de profesionales del hospital de La Candelaria que a finales de 2020 se hicieron cargo del geriátrico para intentar contener los contagios de covid.

En ese informe reflejaron, aparte de deficiencias en los protocolos para evitar contagios de covid, brotes de sarna, desnutrición y deshidratación, así como un excesivo espaciamiento entre comidas, con intervalos de hasta 13 horas, y menús deficitarios en aporte calórico y proteico.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación de la Fiscalía a la decisión del juzgado instructor de archivar las diligencias al no apreciar indicios de la comisión de un delito de homicidio imprudente por parte del director del centro.

En el análisis de la responsabilidad penal del director, la Audiencia recalca que los hechos se enmarcan dentro de “una situación extraordinaria generada por un virus que era desconocido hasta su irrupción en España en 2020, en el que había escasez de medios tanto materiales como humanos”.

Respecto a las deficiencias y anomalías reseñadas en el informe de la directora gerente del Hospital de La Candelaria, la Audiencia indica que “tienen su origen en el mal asesoramiento y en la vaga y genérica evaluación de riesgos” realizada por el servicio de prevención ajeno.

También destaca que en dicho informe consta que durante el tiempo que intervinieron profesionales de La Candelaria en el geriátrico se constató que los pacientes “intentaban eludir el aislamiento, con lo que no se puede descartar que esa misma actitud se produjera durante el desarrollo del brote si se les hubieran dado consignas de no moverse ni circular” entre los diferentes edificios del centro.

Otro “hecho relevante” al que alude la Audiencia es el “retraso significativo”, de 18 días, que se produjo en la comunicación al Hogar Santa Rita del resultado del primer cribado efectuado en sus instalaciones: un caso positivo, el de una trabajadora.

En un segundo cribado dieron positivo cinco residentes, aunque asintomáticos; en el tercero, 18 residentes y cuatro trabajadores; en el quinto, 55 residentes, en el sexto, 80...

Concluye la Audiencia que de los testimonios y el material probatorio recabado se puede inferir que “hubo anomalías” pero en las mismas “influyeron multiplicidad de factores” y que no constan datos sobre si los fallecidos en la residencia presentaban patologías previas, estaban vacunados o fueron trasladados a un centro hospitalario.

Tampoco queda acreditado si la carencia de medios materiales en el geriátrico “fue debida a la mala gestión” de su director, “a un mal asesoramiento desde el servicio de prevención o a una situación de carestía generalizada en toda la isla”.

“Con estos datos y en el estado actual de la ciencia es imposible acreditar, con la certeza que exige en un proceso penal, la formulación del juicio de autoría. No es posible afirmar que el resultado de muerte o lesiones graves sea imputable objetivamente a una omisión negligente del investigado”, concluye el auto.

El Hogar Santa Rita fue fundado en 1981 por el fallecido padre Antonio, quien se hizo popular por la venta de “trocitos de cielo” o aportaciones populares para la construcción de esta macroresidencia.

En declaraciones al periódico El Día, que ha adelantado la noticia del archivo de la denuncia de la Fiscalía, el presidente de la Fundación Hogar Santa Rita, Tomás Villar, se ha quejado de que el “linchamiento” que ha sufrido el centro todos estos años ha ocasionado “consecuencias irreparables”.

Entre esas consecuencias alude a la retirada de líneas de colaboración por parte de entidades públicas y privadas.

El Cabildo de Tenerife llegó a solicitar su inclusión en el patronato de la fundación con la excusa de dar estabilidad y garantizar el bienestar de los usuarios del centro, que cuenta con un cupo de plazas concertadas con el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS).