Colectivos vecinales afectados por los proyectos de polígonos eólicos en el centro y sur de Cantabria denunciarán por allanamiento de fincas mancomunales y se movilizarán contra la entrada de maquinaria en las mismas si las empresas que han obtenido autorización ambiental para desarrollar parques eólicos realizan prospecciones.
Representantes de juntas vecinales y concejos están tramitando alegaciones a todos los proyectos que están obteniendo informes favorables, tanto los del Gobierno central como los del Gobierno autonómico, paso previo a la presentación de sendos recursos de reposición en caso de no ser tenidos en cuenta.
Actualmente en Cantabria han obtenido el aval de las administraciones cinco proyectos, estando más avanzado el de El Escudo. Tienen la autorización de una administración pública los siguientes: El Escudo, que ya está en vía judicial, Bustatur, Somaloma-Las Quemas, Campo Alto-La Costana y Cuesta Mayor. Estos proyectos, “y los que vengan”, tienen en contra a buena parte de los ayuntamientos de la franja central de la Comunidad, salvo el de Molledo, así como a una amplia relación de juntas vecinales y concejos que no quieren ver cómo el desarrollo eólico acaba con el patrimonio natural y cultural de sus valles y montañas.
Para oponerse a su desarrollo, estos colectivos vecinales cuentan con el respaldo jurídico del Fondo de Defensa de la Cordillera Cantábrica y de la Plataforma Sur de Cantabria y están recabando financiación mediante micromecenazgo, conscientes del coste que tendrá paralizar la instalación de molinos en la zona sur y sureste de la Comunidad.
“Burbuja eólica”
Marina Sainz de la Maza, Mónica González, Fernando Garrido y Alejandro Isidro han comparecido este lunes en Santander para denunciar que el Ejecutivo autonómico “se ha plegado” a los intereses de la “burbuja eólica” y está “pasando por encima” de la voluntad de los pueblos del centro y sur de la Comunidad para “facilitar la especulación” a las empresas del sector.
“Es evidente que el Gobierno de Cantabria, con los consejeros de Medio Ambiente y de Obras Públicas a la cabeza, está intentando pasar por encima de la voluntad popular de los vecinos directamente afectados, así como de los distintos colectivos que reclamamos salvaguardar el patrimonio agroganadero, natural y cultural de nuestros montes”, han criticado.
Según han dicho, el desarrollo de los parques se está haciendo sin notificar a propietarios y vecinos, al tiempo que se recuerda que las fincas y montes afectados tienen propiedad, que no ha dado su consentimiento. Por lo tanto, combatirán en los campos administrativo y judicial estos proyectos, que carecen de permisos y licencias, al tiempo de que se movilizarán ante cualquier intento de llevarlos adelante.
A juicio de las comunidades vecinales, los sondeos pueden empezar a realizarse en cuanto “se quite la nieve”, algo a lo que se enfrentarán “porque nos oponemos a ser una zona sacrificada”.
Parque Eólico de El Escudo
En concreto, se han referido al proyecto eólico de El Escudo, “un atentado social, ambiental y cultural en toda regla”, en el que en los últimos quince días “la mayoría” de los concejos propietarios de los montes afectados han reafirmado su negativa a la concesión de la ocupación de sus terrenos, al tiempo que las juntas vecinales y los ayuntamientos afectados recibían la autorización para la realización de sondeos.
Según han censurado, el Ejecutivo autonómico ha autorizado a la empresa a realizar perforaciones de hasta 30 metros de profundidad, a pesar de las alegaciones presentadas por la presencia de turberas, “la falta” de un estudio hidrológico completo que “pone en peligro” manantiales y ríos, la existencia de un campamento romano en la cumbre del Mediajo Frío o “el incumplimiento” de la Ley de Montes que prohíbe el cambio de uso forestal de terrenos que hayan sufrido incendios en los últimos 30 años.
“¿Cuánta legislación más va a tenerse que saltar este Gobierno regional para implantar este polígono eólico ilegal?”, se han cuestionado los miembros, que han afirmado que “se está tramitado de forma ilegal desde su propia tramitación administrativa”, que el Ejecutivo “no lo hizo público” y, por lo tanto, no pudieron presentar alegaciones.
También han denunciado las “actuaciones ilegales” llevadas a cabo por el Gobierno cántabro para permitir los sondeos y la ocupación de los terrenos. En este sentido, han avanzado que ya están trabajando en presentar medidas cautelares y se movilizarán cuando lleguen las máquinas al monte para tratar de paralizar dichos sondeos porque “es ilegal” dado que “no tienen permiso” ni de los propietarios ni del Ayuntamiento.
Micromecenazgo
Para luchar contra la “imposición” de los parques eólicos, los colectivos vecinales continúan con la campaña de micromecenazgo o 'crowdfunding', puesta en marcha en noviembre en la plataforma GoFundMe, con la que la sociedad puede contribuir a conseguir fondos para la defensa jurídica contra su instalación.
Si bien han iniciado la campaña con el objetivo de recaudar 6.000 euros, han explicado que los costes judiciales por cada parque varían entre los 1.000 y los 10.000 euros, por lo que han cifrado en unos 100.000 euros el gasto total para recurrir parque por parque.