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PP, Vox y PRC evitan la condena de los ataques homófobos del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria

Mensaje en la cuenta oficial del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria.

Javier Fernández Rubio

Santander —
5 de febrero de 2024 16:26 h

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El Parlamento de Cantabria se ha puesto de perfil a la hora de condenar los ataques homófobos publicados desde las redes sociales del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria, un escándalo protagonizado por el anterior equipo directivo del órgano universitario y que irrumpió en pleno proceso electoral de renovación.

PP, Vox y PRC han coincidido en sus argumentos durante el debate del pleno celebrado este lunes para evitar la condena al ataque al colectivo LGTBI y un presunto delito de odio argumentando que atenta contra la “presunción de inocencia” y la “autonomía universitaria”, dado que los hechos están pendientes de las conclusiones de la investigación interna que está realizando la Universidad.

Las tres formaciones han rechazado los insultos proferidos en redes sociales y los populares anunciado una iniciativa parlamentaria de condena propia. El voto de los regionalistas, quienes finalmente se han abstenido, ha estado vinculado a una enmienda de los populares que finalmente no fue aceptada por Jorge Gutiérrez (PSOE), diputado socialista, quien ha llevado al debate la propuesta de “condena de todo ataque contra las personas LGTBI por su orientación sexual”.

Álvaro Aguirre (PP) ha justificado el voto negativo de su partido en que la propuesta es “una aberración jurídica cuando se pretende una sanción cuando ni siquiera están esclarecidos los hechos. ¿Y dónde está la autonomía universitaria?”, se ha preguntado, tras lo cual ha ofrecido una enmienda que ofrecía “todas las garantías jurídicas”. El PSOE no la ha aceptado al descafeinar la suya, que proponía que el Gobierno de Cantabria tomara cartas en el asunto en cumplimiento de la Ley LGTBI.

El diputado popular sí que ha hecho pública la “firme condenada de mi partido y de mi Gobierno en la defensa de los derechos LGTBI. Desde el primer día los hemos condenado y calificado como vergonzoso. Si alguien espera tibieza y ambigüedad pincha en hueso, otra cosa es que pretenda el PSOE que apedreemos a alguien al amanecer. No es cierto que el Gobierno de Cantabria no haya hecho nada. El Gobierno de Cantabria se ha dirigido a la Universidad para que le dé traslado del resultado de la investigación y así hacer lo que tenga que hacer”.

Vox tampoco ha apoyado la medida “porque hace saltar por los aires la presunción de inocencia” con una declaración que ya señala al anterior presidente del Consejo (por Álvaro Moreda) y califica los hechos como graves. Además, y al igual que el PP, Vox ha considerado que la condena que se pide hace también “saltar por los aires” la autonomía universitaria, que desarrolla su propia investigación interna.

Rosa Díaz, diputada regionalista, ha pedido que concluya la investigación antes de pedir medidas en virtud de la autonomía universitaria. El PRC ha vinculado su voto a la aceptación de la enmienda del Partido Popular, algo que finalmente no ha sucedido.

Cumplimiento de la Ley

El socialista Jorge Gutiérrez les ha replicado que “el papel del Gobierno es cumplir la Ley y castigar al infractor. Lo dice la ley. Si este no es el momento, ¿cuándo va a ser? Han pasado dos semanas, ¿cuándo se va a cumplir la Ley LGTBI de Cantabria?”, ha defendido en la tribuna del Parlamento de Cantabria.

“No se cansan de compartir argumentos PP y Vox cada vez que hay que defender los derechos en Cantabria. Hoy, gracias a la inacción del Gobierno, Cantabria es menos igualitaria y más insolidaria. Su enmienda lo que viene a decir es que el Gobierno no tiene que hacer nada”, ha añadido, tras lo cual ha denunciado “la incapacidad del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) para estar al lado de los que han sido insultados”.

“El papel del Gobierno no es calificar los hechos de vergonzosos, el papel del Gobierno es hacer cumplir la Ley y perseguir al infractor que ha señalado e insultado a una persona desde una institución pública por razón de su orientación sexual. La ley de Derechos LGTBI es taxativa: la responsabilidad no es de la Universidad de Cantabria, sino del Gobierno de Cantabria. El papel del Parlamento no es juzgar los hechos, lo que se exige al Gobierno es que investigue los hechos y aclare las responsabilidades”, ha señalado el líder de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga (PSOE), tras la finalización del debate.

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