El pasado 10 de noviembre de 2023, la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Cantabria celebró una reunión de carácter extraordinario convocada y realizada de forma telemática. La certificación de la misma indica que hubo un único punto de orden del día con título de 'Amnistía' Al parecer no hubo ningún otro tema tratado. Lo que sucede es que cuando se lee el acuerdo adoptado, en modo alguno aparece la palabra amnistía y ni que se tratara de ella en aquella reunión, por lo que parece que hay una especie de acto fallido o quizás un olvido interesado, pues, siendo reunión extraordinaria para tratar de dicho tema, el que no se hable de ello resulta sorprendente.
En todo caso, personalmente me alegro de que en ese aspecto sea así, puesto que indebidamente, a mi modo de ver, la Junta se metió de lleno en un jardín que no es de su competencia y al menos en ese aspecto no confundieron a la opinión pública, entre los que incluyo a muchos de los letrados del propio Colegio. El debate de la amnistía, inundando e incendiando periódicos y tertulias, enemistando amigos y enfrentando a gran parte de la sociedad y al propio Parlamento, como tuvimos ocasión de ver y seguimos viendo, era innecesario en el Colegio.
Pudiera ser que el hecho de no haberse pronunciado sea porque comparte el mismo criterio que tenemos muchos demócratas de los de toda la vida, que es que las leyes se debaten en el Parlamento y si procede se recurren en los tribunales, en este caso si fuere menester, en el Tribunal Constitucional. Ello es así porque el artículo 1.2 de la Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo del que emanan todos los poderes del Estado. Con arreglo a ello en el Título Tercero, el artículo 66 establece que las Cortes Generales representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado.
A mi modo de ver, el Parlamento está absolutamente legitimado para legislar lo que estime oportuno, incluida la reforma de la propia Constitución. Solo después de haberlo hecho podrá ser discutido por y en ese otro poder del Estado que es el judicial, nunca antes, siempre después, y creer que sobre el Parlamento se puede imponer el veto ideológico porque es contrario a lo que piensan algunas personas o partidos es absolutamente antidemocrático.
Ya sé que se invoca a menudo que el artículo 62.1 del Título Segundo de la propia Constitución faculta al rey para ejercer el derecho de gracia, estableciendo que la ley no podrá autorizar indultos generales. Evidentemente eso se refiere al derecho de gracia que se tiene en el Poder Ejecutivo y que sanciona al rey, pero en modo alguno se establece que el Parlamento no pueda legislar sobre ello. En la Constitución de 1931, abolida en el golpe de Estado franquista del 36, se establecía en el artículo 102 que “las amnistías solo podrán ser acordadas por el Parlamento y que no se concederían indultos generales”. El significado era obvio: los indultos pertenecen al Ejecutivo, las amnistías al Legislativo y soy de los que creen que ese mecanismo es el más acorde con la legislación actual y con la historia de nuestro sistema constitucional. La amnistía solo la decide el Parlamento que es el portavoz de la soberanía nacional.
Afortunadamente, la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Cantabria mantuvo silencio, pero, entonces, si no trató de la amnistía como indica la resolución, ¿de qué trataron? Pues tuvieron a bien tratar, al parecer, de un documento que habían firmado el PSOE y Junts para abordar el debate parlamentario de la candidatura del señor Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. No acabo de entender muy bien que la Junta de Gobierno de un Colegio, de afiliación obligatoria para los abogados, entre en el debate de lo que hacen algunos partidos en el ámbito de sus competencias cuando no les gusta lo que hacen. ¿Será que a los miembros de la Junta se les olvidó ir a votar el día de las elecciones? ¿O será que no les gustó el resultado? ¿Será que se han dejado guiar por la crispación permanente a la que nos someten los que pierden?
La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Cantabria mostró su preocupación porque se ponga en cuestión el trabajo de jueces y magistrados, según expresamente recoge en el acta de la resolución, y no considera admisible la incorporación al documento de los partidos de un acuerdo que posibilite la revisión de la labor de los tribunales e incluso que pueda determinar la exigencia de responsabilidad de jueces y magistrados al amparo del concepto de lawfare o judicialización de la política.
Que la Junta de Gobierno se dedique a criticar los acuerdos de dos partidos políticos en el legítimo ejercicio de sus funciones y competencias sería pintoresco si no fuera porque tomaron partido por un bando en el contexto del debate político de la elección a la Presidencia del Gobierno, en esa situación que vivimos en la que contra Sánchez vale todo. Pero es necesario aclarar que el artículo 76.1 de la Constitución Española establece que “el Congreso y el Senado, y, en su caso ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de las investigaciones sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas”. De manera que podemos entender que no gusten esas comisiones, pero, en tanto se atengan a lo que la propia Constitución establece, no hay nada que objetar, porque no podrá hacerse nada distinto de lo que la propia ley dice.
Que la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Cantabria se dedique a criticar los acuerdos de dos partidos políticos en el legítimo ejercicio de sus funciones y competencias sería pintoresco si no fuera porque tomaron partido por un bando
No estoy en condiciones de decir si en la reunión en la que se adoptó el acuerdo se valoró el alcance del artículo 76 citado, aunque, a mi modo de ver, en todo caso la técnica de censura utilizada por la Junta no se ajustó a los hechos que analizaba. Efectivamente, en el acuerdo de los partidos expresamente se decía lo siguiente: “En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudiera derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”. La Junta ha entendido que la responsabilidad a la que se hace mención sería exigible solo a jueces y magistrados, pero el acuerdo no dice eso, dice exclusivamente 'responsabilidad', y en esa responsabilidad será mucho más fácil incluir o establecer la responsabilidad patrimonial del Estado por la actuación de las fuerzas de seguridad por los hechos sucedidos en Cataluña con Jorge Fernández Díaz de ministro, que la de jueces y magistrados y, me permito añadir como opinión propia, que si la hubiere no habría por qué no exigirla.
Tirando de memoria, sin necesidad de ir a hemerotecas para comprobar si hay judicialización de la política, me permito recordar que la desviación de la justicia a menudo ha sido vergonzante. El primer caso que me viene a ella es la persecución por parte del juez Gómez de Liaño a Jesús de Polanco y a el periódico El País que, por cierto, le costó la condena por prevaricación, de la que fue inmediatamente indultado en cuanto el PP alcanzó el poder. En aquella época se decía que el consejo que MAR (Miguel Ángel Rodríguez) había dado a José María Aznar era el de que para obtener y perpetuarse en el poder había que acabar con El País y controlar el Poder Judicial.
También me acuerdo de que el juez Salvador Alba está en la cárcel por la persecución a la magistrada Victoria Rosell por su proximidad con el partido Podemos. Nadie ha ido a la cárcel por la vergonzosa persecución organizada por el juez García Castellón contra todo el entorno del partido morado, pues todas las causas abiertas por dicho juez han sido archivadas, pero de sus distintas actividades antes y después del caso Lezo, por los archivos de causas abiertas a políticos y empresarios, siempre “gente bien” vinculadas a ese partido del que ustedes pueden sospechar, solo habla cierta prensa. Todos los montajes hechos por la Brigada Patriótica del comisario Villarejo etc., etc., etc. son una muestra más de esa judicialización y a menudo connivencia.
Lo de la ocupación por una pandilla de golpistas judiciales del Consejo General del Poder Judicial ya no sé si entra o no entra en la politización de la justicia, pero desde luego yo soy de los que se alegrarán mucho si las comisiones de investigación previstas en el pacto investigan toda esa basura judicial que ha creído que, por sacar unas oposiciones o por haber sido nombrados a dedo, el Poder Judicial es de ellos.
Y acabo como empezaba. La soberanía nacional reside en el pueblo. Aunque demasiado a menudo nos impiden ejercerla.
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