La crisis de vivienda disparó un 70% los desahucios en Cantabria en 2024

Los desahucios en Cantabria se dispararon un 70,2% en 2024, con un total de 257 lanzamientos practicados por los juzgados de primera instancia frente a los 151 de 2023, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consultado por elDiario.es. El principal motivo de estos desalojos fue el impago del alquiler, que representó 207 casos, un aumento del 68,3% respecto al año anterior, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias pasaron de 18 a 34.

Estos datos reflejan el agravamiento de la crisis de vivienda en un contexto de precios de alquiler desorbitados, que asfixian a los inquilinos y explican la mayor parte de los desahucios en la comunidad autónoma. En contraste con el alarmismo sobre la ocupación ilegal, las cifras muestran que este fenómeno tiene un impacto mínimo en la sociedad y en la problemática en torno a la delicada situación de la vivienda.

Y es que en todo 2024, los juzgados de Cantabria solo recibieron 19 demandas por ocupación ilegal, frente a las siete registradas en 2023, una cifra irrelevante si se compara con el número de desalojados por no poder asumir el pago de su arrendamiento en un contexto de burbuja de precios y de auge de pisos turísticos que reducen notablemente la oferta de alquiler residencial.

Además, el aumento del 70% de los desahucios practicados es muy superior a la media del país, donde crecieron un 3,4%. No obstante, la tasa de lanzamientos en Cantabria por cada 100.000 habitantes se sigue manteniendo por debajo de la media: 43,4 frente a 56,5. La tasa de desalojos por ejecuciones hipotecarias es de 5,7 por cada 100.000 habitantes, casi la mitad que la media del país, de 10,6; y la de impago de alquiler es de 35 por 100.000 habitantes, mientras que la media nacional es de 42,1.

Por otro lado, las ejecuciones hipotecarias en Cantabria rompieron en 2024 la tendencia a la baja que mantenían desde 2022 y crecieron un 25%, con un total de 240 procedimientos registrados en los juzgados de primera instancia de la comunidad.

Esto se traduce en que más familias fueron demandadas por los bancos por impagos de hipoteca, un reflejo de las dificultades económicas y la falta de alternativas habitacionales en plena crisis de acceso a la vivienda.

A nivel nacional, el incremento fue del 18,3%, lo que confirma un problema estructural que afecta a todo el país. Y aunque no todas las ejecuciones hipotecarias terminan en desahucio inmediato, muchas de ellas pueden acabar conduciendo al desalojo forzoso, contribuyendo al aumento de los lanzamientos en la comunidad.