A comienzos de 2022 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prometió ampliar la edad de acceso a los tratamientos públicos de reproducción asistida permitiendo que las mujeres pudiesen alcanzar hasta los 45 años en lugar de los 40 actuales. Esta propuesta, según cuenta Yolanda Jubete, jefa de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Cantabria, es más “política y populista” que médica ya que, aunque la situación social y laboral ha cambiado para las mujeres, los óvulos continúan envejeciendo al mismo ritmo que hace un siglo.
“Estaría muy bien que el cuerpo se adaptase a las nuevas condiciones de vida pero no es así, y que una mujer se quede embarazada con sus óvulos a partir de los 40 años es muy poco probable”, indica la profesional. Asimismo, considera que aumentar la edad a mujeres que ya de por sí van a tener dificultades para concebir por su edad también supondría “un lleno absoluto” en las unidades de reproducción asistida: “Habría muchas mujeres de menos de 40 años y con muchas posibilidades de ser madres que quedaría pospuestas”, reflexiona.
No obstante, y aunque la biología tenga sus límites, en vista de que las mujeres cada vez son madres de forma más tardía, una de las soluciones que Jubete ve como más “factibles” y que no supongan un “derroche” de los recursos públicos por tener muchas más probabilidades de éxito es la ovodonación. Este proceso consiste en obtener los óvulos donados de otra mujer más joven y con mayor calidad en sus ovocitos para conseguir el embarazo: “Lo más perjudicado con el paso de la edad es la calidad de los óvulos. Conseguir un embarazo es más sencillo si no existen otras patologías”, asevera.
Precisamente, Cantabria es una de las comunidades con más restricciones a la hora de acceder a la unidad de reproducción asistida y mientras en algunos aspectos va acorde al programa nacional como ocurre con la edad máxima de 40 años para iniciar el tratamiento, ha aplicado otras condiciones que podrían ser cuestionables incluso por la propia comunidad científica. La más llamativa es la del Índice de Masa Corporal (IMC), que solo permite a las mujeres que se encuentran entre 18 y 33 puntos acceder al tratamiento, aunque, según revela la médica, “no se sigue a rajatabla”. “El límite del IMC se ha puesto porque conseguir un embarazo en una mujer con obesidad mórbida es una misión casi imposible”, señala.
Sin embargo, a pesar de individualizar el criterio, Jubete cuenta que no suele ser hasta los 35 puntos de IMC cuando no admiten a la paciente y, primero, la envían al endocrino para que baje de peso y así poder empezar el tratamiento en cuanto cumpla el rango ya que, además de las dificultades para concebir, la médica añade que la obesidad en el embarazo supone muchos riesgos para la madre.
Así todo, la responsable del área de Ginecología y Obstetricia del hospital santanderino adelanta a este periódico que a principios de 2023 presentarán a la Consejería de Sanidad una propuesta para que el único centro público de Cantabria de reproducción asistida pueda modificar algunos de los criterios de acceso a la unidad, así como ampliar la cartera de servicios. “La población está cambiando y creemos que los criterios de hace unos años ya no nos sirven”, argumenta Jubete.
De esta forma, además de llevar a cabo algunos ajustes que podrían pasar por eliminar cuestiones como la del IMC o ampliar la edad para ser madre a través de la ovodonación, otras propuestas incluyen asuntos que están a la orden del día como la criopreservación de óvulos en mujeres con algunas patologías graves.
Hasta el momento, la sanidad pública solo cubre los casos de mujeres y hombres en tratamiento de quimioterapia o radioterapia que puedan lesionar sus gametos. En cambio, de permitir esta ampliación de los servicios, también podrían acceder a esa congelación de óvulos las mujeres con enfermedades como la endometriosis o patologías reumáticas que requieran de un tratamiento biológico que lesione los óvulos.
Pero además de la edad o el IMC, Cantabria también limita el acceso a la reproducción asistida a aquellas parejas que tengan un hijo sano en común por considerar que ya se ha cumplido el “deseo genésico” de la pareja priorizando, por tanto, a aquellas que no lo han conseguido. En cambio, si una pareja con un hijo se separa y decide tener otro hijo con una nueva pareja que, a su vez, no tiene hijos, sí que se podría iniciar un nuevo tratamiento de fertilidad. En la misma línea, si una pareja tiene un hijo con una enfermedad, también podría repetir el tratamiento para conseguir un nuevo embarazo.
Otro motivo de exclusión es que la mujer padezca una enfermedad grave que pueda suponer un riesgo vital si se queda embarazada. “No estamos hablando de una mujer trasplantada sino de una patología que contraindique la gestación”, aclara Jubete. Y, por último, los hombres tampoco podrían acceder a un tratamiento con su semen si superan los 55 años.
Por tanto, y a pesar de conocer “muy bien” cómo en las clínicas privadas son “más laxos” con los parámetros a exigir, Jubete recuerda que desde la sanidad pública deben tener “unos criterios objetivos y aplicables a toda la población”: “ Los tratamientos de reproducción asistida son muy caros y la población debe conocerlo. Estos parámetros son los que nos permiten mantener un principio de equidad entre las personas, pero también de sostenibilidad del sistema”, manifiesta la profesional.
Cabe destacar que durante el reportaje se habla de forma genérica sobre las parejas de hombre y mujer pero la sanidad cántabra contempla desde 2015 a las parejas de lesbianas así como a las mujeres que desean ser madres solteras.
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