El Gobierno inicia la resolución del contrato de ambulancias con Diavida medio año después de su llegada a Cantabria

La gestión de las ambulancias en Cantabria por parte de Diavida parece tener fecha de caducidad anticipada. Y es que apenas medio año después de su aterizaje en esta comunidad, la Consejería de Salud ya tiene una propuesta de resolución del contrato con la citada empresa adjudicataria del transporte sanitario programado, que será notificada para que pueda hacer sus alegaciones, y tendrá que pasar por el Consejo de Estado.

Mientras tanto, la Consejería tratará de buscar una “solución negociada” para garantizar la prestación del servicio de ambulancias programadas, aunque su titular, César Pascual (PP), vaticina que el asunto “terminará en la jurisdicción”.

Así lo ha dicho en el Pleno del Parlamento de este lunes, preguntado por el PRC sobre las acciones previstas tras el informe elaborado por los representantes de los trabajadores de la entidad valenciana, que han pedido rescindir el contrato tras “miles de reclamaciones e incidencias con retrasos y cancelaciones en los traslados” de pacientes.

Ante las críticas de la diputada regionalista Paula Fernández, que ha lamentado en la sesión plenaria el “calvario” iniciado con la entrada en vigor de este contrato el 1 de octubre, Pascual pedido no hacer “demagogia barata” y ha respondido que “ha costado meses” justificar la resolución contractual para evitar una medida cautelar que paralice el proceso.

Y es que ha subrayado que resolver un contrato “no puede hacerse de forma automática” ni “por razones políticas”, sino que implica “un procedimiento complejo” y “bien hecho”. Así, ha insistido en que la ley de contratación “establece condiciones” y que “no todo incumplimiento vale” para justificar el poner fin a un contrato, pues “tiene que ser grave y de naturaleza sustancial” y además de que “hay que demostrar que hay dolo o culpa” por parte de la adjudicataria.

Respecto al informe elaborado por los representantes de los trabajadores, ha indicado que, “si bien constituye un elemento importante en el expediente en curso, no constituye per se la acreditación indubitada del incumplimiento del convenio”.

Al respecto ha añadido que, como parte interesada, se trata de un documento “parcial”, y “el hecho de que ponga de manifiesto un posible incumplimiento del convenio colectivo por parte de la empresa” -además de los incumplimientos del contrato- “no es determinante”.

En todo caso, ya hay una propuesta de resolución -que Pascual ha advertido que no quiere decir que el proceso esté terminado- y “vamos a seguir actuando conforme a la normativa vigente”, ha dicho el consejero.