El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Toledo ha condenado al Gobierno de Castilla-La Mancha a proporcionar a STAS-CLM Intersindical, en el plazo de dos meses, datos sobre los puestos de libre designación, comisiones de servicio y dotación de plazas de funcionario que este sindicato había solicitado sin que le fueran remitidos. La sentencia admite el recurso interpuesto por el sindicato y afirma que no entregar esa información atenta contra los derechos fundamentales y libertades sindicales. También impone a la Junta el pago de unas costas judiciales de 300 euros, el tope máximo para este tipo de casos.
En la argumentación de su recurso, el STAS defendió que, en dos escritos enviados en junio de 2018 al director general de la Función Pública, pedía información sobre el número de puestos ocupados y adjudicados por el sistema de libre designación de la Junta en la anterior legislatura, junto el tiempo transcurrido desde la toma de posesión.
Pese a que se trataba, según los recurrentes, de información “relevante para el ejercicio de sus acciones sindicales” y para la preparación de las Mesas de Negociación en las que participa, la Administración “ni tan siquiera contestó a la solicitud”.
El Gobierno regional pidió que el recurso no se admitiera por “extemporaneidad”, es decir, por haber vencido el plazo para ello, ya que se presentó en octubre de 2019. También alegó la “inadecuación” del procedimiento y cuestionó la “legitimación del sindicato”. Pero la sentencia establece que el derecho de información de los sindicatos forma parte del derecho fundamental de libertad sindical, “no existiendo en el ordenamiento jurídico norma alguna que imponga la exclusividad” de la Administración en suministra una información.
Por todo ello, el juzgado considera que los datos pedidos por el STAS son “puntuales, proporcionados a los fines inherentes a su función y necesarios”. “Tienen un interés evidente para el desarrollo propio de las funciones del sindicato”.
Condena a la “opacidad”
Tras conocerse la sentencia, la agrupación sindical afirma que se trata de una condena a la “opacidad y mal gobierno que viene desarrollando” el Gobierno de Emiliano García-Page desde su llegada a la Presidencia de Castilla-La Mancha, al “ocultar información determinante para el control de la política de personal, sobre todo en los puestos discrecionales de la administración”.
Interpreta con ello que la sentencia condena al “nespagismo ilustrado” como “entramado basado en la opacidad y el privilegio en la adjudicación de puestazos en el escalón administrativo inmediatamente inferior a los altos cargos” que, detalla, han aumentado esta legislatura pasando de 76 a 137 sin haberse incrementado las competencias autonómicas. “Un duro golpe al nepotismo en la Junta, una buena noticia para la transparencia de cara a la ciudadanía”.
“Con esta condena, el Gobierno de Page entra con todos los honores en el Club de Cospedal, que llegó a acumular sentencias por vulneración de derechos fundamentales, varias ellas ganadas por STAS-CLM”, añade. Dicho esto, pide a Emiliano García-Page, como “constitucionalista”, el cese del director general de la Función Pública, José Narváez por vulnerar la libertad sindical recogida en la Constitución Española.