Aferrándose a las palabras del consejero de Agricultura, que hace unos meses aseguró en las Cortes de Castilla-La Mancha que el Ejecutivo Autonómico no aprobará “ninguna macrogranja” de cerdos “que no quieran los ciudadanos”, este fin de semana se celebraba vecinos de Pozuelo, Albacete, y de los municipios aledaños, mostraban su rechazo al proyecto de CEFUSA, empresa del Grupo Fuertes, ha diseñado para la zona y que se ubicaría en la Finca La Lossa.
Son 1.100 hectáreas de terreno en el término municipal de Pozuelo y quedaría muy cerca de núcleos de población como La Zarza (1,5 kilómetros), Casas de Cañete (1,7 kilómetros), Argamasón (2,3 kilómetros), de Pozuelo (2,6 kilómetros) y de La Solana que está a tres kilómetros, escapa, por embergadura, de las que hasta ahora han rondado la región y prevé la instalación de 51 naves para 140.000 cerdos.
Una oposición que, sin embargo, no tendrá el efecto que la plataforma perseguía y con el que convocaron el acto de este pasado fin de semana ya que el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que la responsabilidad de que se instale una macrogranja en cualquier municipio de la región es del Ayuntamiento en cuestión que es el que de “órgano sustantivo”. Es decir, que la Administración local recoge el proyecto de la empresa, traslada ese proyecto y pide la Declaración de Impacto Ambiental a la Consejería de Medio Ambiente. “Son los ciudadanos y el alcalde quien tienen que decidir si quieren una granja de cerdos en su municipio. Es una cuestión que les compete a ellos”, ha dicho el consejero en Albacete.
Así, ha trasladado toda la responsabilidad a los consistorios y, más en concreto, a los alcaldes. “El alcalde tendrá que asumir el coste de promocionar una granja o no hacerlo y es una decisión que le compete al Ayuntamiento de manera exclusiva y que en ningún caso es competencia del Gobierno de Castilla-La Mancha”.
Martínez Arroyo ha recordado que desde el Gobierno regional “lo que hacemos es la Declaración de Impacto Ambiental que es siempre muy exigente” y desde donde se “imponen” unos requisitos al promotor del proyecto.