La Fiscalía de Ponferrada ha pedido retirar el pasaporte al empresario minero Victorino Alonso, que se le prohíba salir de España, la obligatoriedad de comparecer en sede judicial cada 15 días y que solo se permita su salida del país con autorización judicial por “riesgo de fuga” en caso de sentencia condenatoria firme.
La petición de medidas cautelares llega después de que la investigación de Pandora Papers haya destapado que el Rey del Carbón tiene un patrimonio 'offshore' de al menos 30 millones de euros, a pesar de haberse declarado insolvente. La Audiencia Provincial de León será el órgano que decida sobre estas medidas cautelares, pedidas hace más de 10 días y recurridas.
Sobre Alonso recaen ya dos condenas de prisión, que todavía no son firmes por lo que no se ha pedido su ingreso en la cárcel. La más reciente, de la Audiencia Provincial de León, lo condena a cuatro años de cárcel y 25 millones de euros de indemnización por la explotación durante años de la mina a cielo abierto absolutamente ilegal de 'Nueva Julia', entre las comarcas leonesas de Babia y Laciana. Por la explotación minera de El Feixolín, igualmente sin autorización alguna, se le sentenció a dos años y medio de prisión en 2019, de los ocho que se pedían inicialmente, con indemnización de 135.000 euros al denunciante, el empresario local Antonio Arias Tronco, y multa de 8.500 euros por arrasar el monte.
'Insolvente' con varias sociedades opacas en refugios fiscales
La investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que han participado en España El País y La Sexta identifican ya a Victorino Alonso en septiembre del año 1996 cuando se constituye la sociedad Herriard Limited en las Islas Vírgenes Británicas, “que expidió un poder general en nombre de Alonso unos días más tarde”. Herriard comparte dirección de facturación con otras empresas de Alonso en la madrileña calle de Don Quijote, y permaneció activa y con el empresario como beneficiario al menos hasta el año 2018.
También en 2004 se creó en Panamá la empresa Zimco Business, que en 2009 pasó a llamarse Watercard Holdings. Alonso figuraba en el año 2017 como “la persona que controla los registros y documentación subyacente de la compañía”, remarca la investigación periodística de los Pandora Papers. La dirección especificada, también en Madrid, coincide con el domicilio social de Agrupación Carbonera del Norte, una de las empresas que forman parte del amplio Grupo Alonso.
Tampoco fue la única. Hay otra más reciente en Panamá, a través de la sociedad Neilmar Investments, creada todavía el 21 de junio de 2016. A nombre de esta empresa se abrió en mayo de 2017 una cuenta destinada “a la administración de inversiones en activos financieros”, resaltan. De acuerdo con el formulario de registro desvelado, solo en esta compañía el patrimonio total ascendía a una cifra entre 25 y 30 millones de dólares.
Fue en ese año 2017 cuando Victorino Alonso recibió la primera condena por la destrucción de la Cueva de Chaves (Huesca), a 2 años y medio de prisión y pago de una indemnización de 25 millones de euros, a pesar de que él desde el banquillo de los acusados, donde se ha sentado innumerables veces sin pisar nunca la cárcel, se declaraba “un chivo expiatorio”. En los recursos posteriores vio reducida la pena a 2 años de cárcel y en el proceso se declaró 'insolvente', aunque el embargaron 600 euros de su pensión de 2.500 euros como pago de su parte, y sin ingreso en prisión ya que no tenía antecedentes pese a condenas fiscales de los años 90.