El fuego ha calcinado más de 60.000 hectáreas en Castilla y León en poco más de un mes y no ha empezado agosto, habitualmente aún más complicado. Mientras el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asegura que “quieren quemar” la Comunidad y que hay “intencionalidad política”, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, culpa a los ecologistas y a sus “modas”, los datos ponen de manifiesto que la gestión es manifiestamente peor que la de otras comunidades, que la Junta no aprende de experiencias tan catastróficas como las del incendio de Navalacruz en Ávila el pasado año y que el personal subcontratado es temporal limitando las posibilidades de profesionalización.
El pasado año, la partida presupuestaria del operativo contra los incendios forestales fue de 64,86 millones para 5,1 millones de hectáreas, lo que supone 13 euros por hectárea. En Castilla-La Mancha, con 3,5 millones de hectáreas forestales, el presupuesto fue de 95,2 millones, 27 euros por hectárea, un poco más del doble de lo que gastó Castilla y León. Tras el incendio de Navalacruz, la Junta pretendía elevar el presupuesto un 9,7%, hasta los 71,2 millones de euros, también subía un 10,5% la partida de tratamientos silvícolas preventivos hasta los 25,3 millones, y se iban a destinar 13,1 del Programa de Desarrollo Rural para desbroces y tratamientos silvícolas en montes privados.
Todo papel mojado, porque Castilla y León se quedó sin aprobar los presupuestos y hubo que prorrogarlos cuando Mañueco rompió el pacto de gobierno con Ciudadanos y convocó el adelanto electoral que hoy le mantiene en el poder gracias al pacto con Vox. Los presupuestos están prorrogados, así que en 2022 se cuenta con lo mismo que en 2021.
En cuanto a los medios del dispositivo de incendios de la Junta, Castilla y León cuenta con 23 medios aéreos complementados con 10 estatales para luchar contra incendios para una superficie forestal de 5,1 millones de hectáreas. La comparación con una comunidad como Andalucía, con 4,4 millones de hectáreas no deja en buen lugar al gobierno autonómico. Frente a las cifras de Castilla y León, los andaluces cuentan con 36 medios áreos, más 5 ofrecidos por el Estado. Las conclusiones son obvias: Castilla y León invierte menos en medios propios y se apoya más en los estatales.
Pero lejos de reconocerlo, la Junta cree que es lo que le corresponde. Así lo aseguró el lunes el consejero de Medio Ambiente cuando comparecía en una comisión para dar explicaciones sobre el incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora: “Hay que dejar claro, una vez más, que los medios aéreos del Gobierno de España están a disposición de las comunidades autónomas, no porque nos hagan un favor, sino porque es una competencia directa y primigenia, que se ha reservado y que no ha llegado a estar nunca transferida, porque se financia con fondos que no se transfieren. En cuanto al resto de medios del Estado, BRIFF y UME, el Gobierno tiene la responsabilidad de colaborar en la gestión de estas emergencias de protección civil, y son medios destinados específicamente a ello”. Es decir, que la Junta no invierte más porque cree que le corresponde al Gobierno de España cubrir las carencias.
“Los incendios no entienden de fronteras, en ocasiones pasan de nuestro territorio a otros y en ocasiones, como ha sucedido varias veces este año, es al revés, al igual que en ocasiones nuestros medios se desplazan a otros territorios y otros operativos actúan en el nuestro”, se excusó. Para Suárez-Quiñones, es una situación normalizada “desde hace 30 años” y “desde mucho antes de que al Gobierno de España se le ocurriera empezar a hablar de un mando unificado, que se ha establecido formalmente por primera vez en España en el incendio de Ladrillar-Monsagro y en Galicia-Puente Domingo Flórez, pero que llevaba ya siendo puesto en práctica de forma efectiva y eficaz desde hace muchos años por las comunidades sin intervención estatal alguna”. Además justificó esa “colaboración sin límites” en la “consideración real del fuego como amenaza común”.
A pesar de que los incendios empezaron a asolar Castilla y León el 15 de junio, los medios terrestres no fueron activados íntegramente hasta el 1 de julio y tuvieron que ser complementados con recursos estatales y con el uso que hizo la Junta de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Este medio extraordinario de último recurso del Estado, ha sido activado este verano 37 veces. En 14 de ellas ha sido para ayudar a Castilla y León, lo que roza el 38%. Por tanto, casi cuatro de cada diez intervenciones de la UME este verano se han producido en Castilla y León.
En lo que va de campaña de incendios, el Gobierno de España ha tenido que aportar a Castilla y León 2.523 efectivos de tierra, 597 máquinas y 126 medios aéreos. En estas cifras no se incluyen los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente la Guardia Civil, a quien el presidente de la Junta ha llegado a pedir más implicación. Mañueco reclamaba el pasado lunes al Gobierno de España que dé más medios a la Guardia Civil “para que siga investigando todos los incendios que han sido presuntamente provocados”. “Deseo que cuanto antes a quienes están intentando quemar Castilla y León se les detenga y se les ponga a disposición judicial y caiga sobre ellos todo el peso de la Ley”, afirmó.
Por otro lado, el gobierno autonómico tiene el mismo plan regional de incendios desde 1999, por lo tanto no recoge nuevos abordajes derivados de la gestión de incendios desde hace 23 años. Todo se hace igual que entonces. Quizás por eso la Junta no supo interpretar adecuadamente los avisos que dio la Aemet sobre la llegada de una primera ola de calor en la segunda semana de junio y estableció que el periodo de máximo riesgo empezaba el 1 de julio. El incendio de la Sierra de la Culebra demostró que en la Consejería de Medio Ambiente eran ajenos a la realidad, a pesar de los avisos por las condiciones extremas previstas para ese momento y de los parámetros que ya se tenían que manejar tras una primavera muy seca. La Junta no quiso adelantar la campaña ni la contratación de la totalidad del dispositivo.
Por otro lado el dispositivo de la Junta tiene deficiencias de gestión: no hay una autoridad regional central que coordine el conjunto de los episodios en todo el territorio. Son los Delegados Territoriales los encargados de declarar situaciones operativas de nivel 2 (interés autonómico), lo que provoca una gran descoordinación interna. Además, hay un cambio continuo en los directores de extinción en cada incendio –cada 12 horas– lo que dificulta la continuidad de la gestión de cada emergencia. Esa falta de coordinación interna tiene efectos también externos en forma de distorsiones en la información que se facilita al Sistema Nacional de Protección Civil. No se informa con la regularidad y la exactitud necesarias para ordenar mínimamente los recursos de apoyo.
Por si eso fuera poco y a pesar de la experiencia de Sierra de la Culebra, las fajas cortafuegos de pinares de llanura que se limpian todos los años en varias comarcas de Valladolid y Segovia están sin labrar y deberían haber estado terminadas antes del 15 de junio. Fuentes de Medio Ambiente aseguran a elDiario.es que esa fue la causa de un incendio que amenazó la reserva natural de las Riberas de Castronuño en Valladolid el pasado 14 de julio. Al parecer a las 15.00 horas y con 40 grados de temperatura, había un tractor 'gradeando' los cortafuegos de los montes que gestiona la propia Consejería. Ardieron 160 hectáreas.
Además, Castilla y León no dispone de un sistema de radiocomunicación TeTrA para los operativos de extinción que evite zonas de sombra, una dificultad añadida para los bomberos forestales, a la que se une la baja calidad del avituallamiento a los retenes y de la que se han quejado repetidamente a través de las redes sociales –ante el desprecio de la Junta–: poca agua y bocadillos casi sin relleno que han hecho que el conocido chef José Andrés aterrizase en Zamora con su ONG 'World Central Kitchen' para alimentar a los bomberos.
En cuanto a la situación del personal dedicado a la lucha contra incendios, hay déficits de contrataciones, pero además hay falta de profesionalización. Los únicos profesionales son los de las ciudades. El déficit de personal llega al 25% de vacantes sin cubrir y los contratos mezclan tareas de prevención y extinción durante su vigencia, de forma que no pueden dedicar su jornada a ambas necesidades.
La mayoría de esos contratos tienen entre 3 y 6 meses de duración, llegando excepcionalmente a los 9 meses. Por ese motivo, por ejemplo, los puestos de vigilancia no están cubiertos de forma permanente por personal. En Castilla-La Mancha, la situación es muy distinta: el 90% del personal trabaja los 365 días del año. Esa falta de profesionalización llega a los helicópteros, que se contratan por temporadas.
El consejero avanzaba el lunes que la Junta iba a “transformar” el operativo de lucha contra incendios forestales, “a través de diversas líneas orientadas a una mayor dotación de medios, mejor equipamiento logístico y de infraestructuras, mejores condiciones de personal (estabilidad, formación, especialización y profesionalización), modernización, digitalización y apoyo experto”, pero añadía que “ningún operativo es suficiente en determinadas circunstancias” por lo que hay que “profundizar” en la “integración, cooperación y colaboración de las administraciones en la materia”, derivando, una vez más, a otros organismos sus propias responsabilidades.
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