La Junta de Castilla y León no se va a pronunciar sobre el informe que la ONU ha remitido a España en el que alerta de que los pasos dados por los gobiernos autonómicos de Aragón, Valencia y Castilla y León pueden “invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista que omiten nombrar o condenar”, en referencia a las leyes de “concordia”. Desde el gobierno autonómico aseguran no conocer el informe porque no lo han recibido y “difícilmente pueden pronunciarse”.
El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha comentado que se han enterado de la existencia del informe “a través de los medios de comunicación” y que está deseando recibirlo “de manera formal” para estudiar su contenido. Según García-Gallardo “lo que hay que preguntarse es quiénes son estos relatores” y “qué saben de la legislación española y del contenido contenido real de las leyes” porque lo que ha visto en la prensa “ya denota mucho desconocimiento”. “¿Quiénes son estos señores? ¿Con quiénes guardan afinidad? ¿Quién los ha nombrado?”, se ha preguntado. Para él son datos importantes para valorar el contenido del informe. “Con el tiempo”, ha dicho, “se irá viendo si tienen una visión imparcial o si por su trayectoria están condicionados”.
“Estamos convencidos de que es de justicia tratar de una manera neutral y amplia a todas las víctimas de conflictos políticos y de persecución religiosa que ha habido en España durante el siglo XX, de eso no nos va a mover la ONU”, ha subrayado. Respecto a la omisión de la condena a la dictadura franquista en la futura ley y al pronunciamiento explícito del PP a favor de una PNL socialista que sí lo hacía, García-Gallardo ha optado por la ironía: “Le confirmo que en la Ley de Concordia no vamos a condenar la Reconquista por islamofobia, ni a los reyes católicos por antisemitismo, ni tampoco vamos a condenar la conversión al catolicismo de Recaredo, en fin, no vamos a hacer cosas absurdas como es juzgar la historia desde las leyes”, ha aseverado.
Así, se ha referido a “ofrecer una ley a la ciudadanía” que ampare “a todo tipo de víctimas de persecución política y religiosa”. Además, García-Gallardo ha recordado que la ley debió registrarse en junio de 2022 y que las negociaciones con el PP se han hecho “con pausa, con serenidad y con mucho diálogo” para llegar al “consenso” y registrar la ley de manera conjunta, por lo que “no sería razonable” que el PP pretendiese incluir en la ley la condena de la dictadura franquista “porque las leyes no están para eso”. “Son bombas de humo de la izquierda y maniobras de distracción”, ha zanjado.
Mañueco asegura que es una “prioridad política” el tratar “siempre bien” a todas las víctimas “sin distinción”
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha afirmado, en relación con el informe de la ONU que insta a España a tomar las medidas necesarias para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox, que en la Comunidad es una “prioridad política” el “tratar siempre bien a las víctimas, a todas las víctimas, sin distinción”, informa Europa Press.
“Esa es nuestra principal preocupación”, ha proclamado el líder 'popular' durante su visita este viernes a Reus con motivo de las elecciones catalanas.
Allí, Mañueco ha asegurado desconocer el contenido del informe de la ONU, si bien ha señalado que el documento se leerá con “detenimiento” para ver quién lo ha pedido y se analizará qué es lo que el PP está dispuesto a hacer.