A sus 32 años, Nathan García y su pareja han tenido que marcharse del lugar que les vio nacer por falta de pisos asequibles. No son de Barcelona, ni siquiera del área metropolitana de la capital catalana, sino de Bellver de la Cerdanya, un pequeño pueblo de 2.200 habitantes del Pirineo de Lleida. “La clase trabajadora no tenemos sitio en la comarca. Es triste y doloroso, pero tenemos que coger la maleta y dejar familia y amigos”, señala este joven.
La crisis de acceso a la vivienda en España, agudizada en los años posteriores a la pandemia, se vive con especial crudeza en Catalunya y no solo en Barcelona. Ciudades de la periferia barcelonesa como Badalona, Esplugues o Sant Feliu de Llobregat han registrado subidas de los arrendamientos por encima de la capital, de más del 20% desde 2018. Algo parecido ha ocurrido en localidades de los Pirineos, donde se ha disparado el turismo de interior, y en algunos municipios de Girona y de Tarragona.
“La situación ha empeorado y se ve en todos los indicadores, desde lo que destina cada hogar a pagar el alquiler hasta los años de ahorro que se necesitan para comprar una casa, pasando por la edad de emancipación juvenil”, resume Eduardo González de Molina, investigador en vivienda de la University College of London y durante años residente en Barcelona. A día de hoy, solo el 41% de los catalanes menores de 35 años viven fuera del hogar familiar, cuando hace diez años era el 46%.
Con unas cifras de compraventas de pisos que este 2024 parecen superar el bache de 2023 –2022 fue un ejercicio de récord de hipotecas desde después de la crisis–, el debate público en Catalunya gira en torno al alquiler, que se ha incrementado un 20% en el último lustro y se sitúa en los 835 euros de media en la comunidad autónoma.
Regulación de alquileres y de pisos turísticos
La presión en las grandes ciudades, pero también en algunas zonas rurales y del litoral, ha llevado al Govern de la Generalitat a aprobar una batería de medidas antes de acabar la legislatura para tratar de contener los precios y ampliar la oferta. Pero sus efectos quedarán para el próximo mandato.
En menos de un año, el Govern de Pere Aragonès ha aprobado dos declaraciones de zonas tensionadas para topar el precio de los contratos de arrendamiento, de acuerdo con lo que establece la Ley de Vivienda, y ya son 271 municipios que aglutinan el 90% de la población los que tienen regulador el alquiler. Además, el Ejecutivo ha dado salida a un decreto de pisos turísticos que obliga a eliminar decenas de licencias en varios municipios y otro decreto ley para evitar que los caseros recurran al alquiler de temporada para seguir encareciéndolos.
Esta última normativa, aprobada de urgencia la víspera del inicio de la campaña electoral, ha sido tildada de electoralista por la mayoría de la oposición. PSC y Junts por ahora no la apoyan, con lo que podría decaer en su tramitación parlamentaria.
Para Nathan García, la declaración de zona regulada de algunos municipios de su comarca, como Bellver o Puigcerdà, llega tarde. Los mismo piensa sobre las nuevas restricciones al alquiler de temporada. Ahora vive en la comarca del Berguedà y conduce 40 minutos cada día para acudir a su puesto de trabajo de transportista. “Antes de marcharnos, íbamos a cualquier inmobiliaria y nos decían que no había pisos para residir todo el año, solo te ofrecían contratos de entre seis y once meses para dejarlos libres en verano”, cuenta.
Siendo tradicionalmente una comarca de turismo de montaña, en los últimos años las segundas residencias se han disparado en la Cerdanya hasta superar la mitad de las viviendas. “Es un pez que se muerde la cola: se ha enfocado la economía al turismo estacional, pero quienes tenemos los trabajos precarios para darles servicio no podemos pagarnos la residencia”, reflexiona este joven.
El sector pide más construcción de vivienda asequible
Desde el sector inmobiliario, enfrentado a la Generalitat debido a su afán regulatorio, no niegan los problemas de acceso, pero rechazan las soluciones adoptadas hasta ahora. Convencidos de que la limitación de los precios solo conseguirá reducir la oferta de alquiler, algo que no ocurrió en 2020 con la ley catalana pero que atribuyen al efecto postpandémico, exigen seguridad jurídica y más presupuesto para construir vivienda asequible.
Carles Sala, portavoz de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), recuerda que Catalunya está muy lejos de cumplir con el Plan Sectorial de Vivienda, que establece la necesidad de construir 220.000 viviendas asequibles hasta 2037, a razón de 15.000 al año –la mitad de ellas, en régimen de alquiler–. Por comparar, los últimos planes de la Generalitat pasan por incorporar 10.000 al parque de alquiler social de ahora a 2026.
“Lo que hay que conseguir es dejar de estar a la cola de Europa en vivienda social, y no ir aprobando leyes que son gratuitas para la Administración, que suenan bien en la oreja del ciudadano, y que no aportan soluciones”, critica Sala. Según él, no tiene sentido que se someta a la misma regulación Falset, en Tarragona, con 3.000 habitantes y unos alquileres de 450 euros, que l’Hospitalet de Llobregat, con 250.000 vecinos y un alquiler a 800 euros al mes.
Los hogares barceloneses destinan más que nunca al alquiler
Más cerca de Barcelona, en la colindante Esplugues de Llobregat, con una renta per cápita parecida a la barcelonesa y 46.000 habitantes, los precios del alquiler también superan los 1.000 euros al mes. El incremento supone un quebradero de cabeza para personas como Sarai Hidalgo, de 45 años, que actualmente se tiene que cambiar de piso.
“Es totalmente imposible encontrar algo a no ser que tengas un conocido... Y, a veces, ni así”, dice. Una clienta suya le ofreció alquilar su apartamento por 1.200 euros al mes. “Y eso era precio amigo”, se lamenta. Esta mujer, que llevaba 20 años viviendo en un edificio municipal conocido como El Barco –desalojado recientemente por problemas estructurales–, se confiesa desesperada porque todas las ofertas de pisos que ve se comen la mitad de sus ingresos.
Actualmente, en la provincia de Barcelona los hogares destinan de media un 40,8% de sus ingresos a pagar el alquiler –lo máximo recomendado es un 30%– y un 21,5% a la hipoteca, según un estudio de Idealista. Además, el número de personas del área metropolitana de Barcelona que se ha cambiado de municipio para encontrar un alquiler se ha duplicado en los últimos cinco años. Y casi un cuarto de las personas que ha tomado esta decisión lo ha hecho por motivos económicos, una cifra que ha pasado del 5,7% al 24% en este periodo de tiempo.
“Como la falta de oferta asequible que hay en Barcelona no llega a cubrir la demanda, esta se desplaza a la periferia, en ciudades como Badalona, que está al lado”, constata González de Molina. “Este es un problema de fondo que padecen las grandes ciudades, donde hay una concentración de la creación de empleo que crece mucho más rápido que la tasa de creación de vivienda”, reflexiona.
Para Sarai Hidalgo y su marido, los precios son un problema. Pero también la falta de movimiento en los anuncios. “La oferta es tan baja que, cuando sale un precio que está más o menos bien, vuela enseguida”, asegura Sarai, que lleva dos meses peinando todos los portales inmobiliarios. “Buscar piso, y más en estas condiciones, es un trabajo a tiempo completo en el que tienes que ser rapidísima”, asegura.
Girona, un caramelo para el capital extranjero
Otra de las zonas con precios al alza, tanto de compra como de alquiler, es Girona y los pueblos que la rodean. “El desencaje entre la mucha gente que busca piso de alquiler y los pocos propietarios dispuestos a alquilar sus viviendas es muy grande ahora mismo”, sostiene Víctor Domínguez, CEO de la empresa De Piso en Piso, que esencialmente se dedica conectar los anuncios y búsquedas de habitaciones.
Registrado como agente inmobiliario y buen conocedor del mercado local, Domínguez apunta al creciente atractivo de la ciudad como una de las causas del boom de precios, un crecimiento del 28% desde 2018 que sitúa la media de contratos en 765 euros. Su tamaño y entorno es un reclamo para barceloneses, que con el AVE tienen la capital a 40 minutos, pero también para nómadas digitales e incluso para los equipos de ciclistas profesionales, todos ellos con un poder adquisitivo superior al gerundense.
Además, la provincia de Girona es actualmente una de las que más peso extranjero hay en las compraventas. En esta provincia, el 45% de las transacciones se hacen a día de hoy al contado (solo superada por Alicante, Castellón, Almería y Santa Cruz de Tenerife). Y el 29% de las adquisiciones son de extranjeros, según datos del Registro de la Propiedad para el segundo trimestre de 2023. En Barcelona fueron la mitad, el 12,9%.