Marc Puig Guàrdia, uno de los históricos referentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para publicidad y comunicación, utilizó supuestamente en 2012 y 2013 para sus gastos personales la cuenta de Emocional Base, SL, una sociedad en la órbita de Triacom, productora investigada en la Audiencia Nacional por su papel en la causa del 3% de financiación ilegal del partido de Jordi Pujol y Artur Mas.
Los ingresos de Triacom dependían en más de un 80% de los contratos de TV3, de cuyo consejo de gobierno formaba parte Puig cuando contrató el programa estrella de la productora, 'El Gran Dictat', en 2009. A los dos meses de rubricarse el contrato, Puig se compró una vivienda en la Cerdanya a medias con el dueño de Triacom, Oriol Carbó, según la investigación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil.
La causa que instruye el magistrado Santiago Pedraz ha puesto de manifiesto que Triacom, una productora sin estructura ni apenas asalariados, ingresó 31,3 millones de la televisión pública catalana entre 2008 y 2016 por programas que facturó a un precio hinchado al menos en un 50%. Los informes policiales apuntan que con el excedente generado se pagaban facturas que en realidad encubrían trabajos para Convergència, como la campaña electoral de Artur Mas en 2010, relacionados con el 3% alrededor de la Diputación de Lleida o ingresos para sus dirigentes, como David Madí, histórica mano derecha de Mas y mentor de Puig.
La defensa de Madí asegura que todas las facturas que sus empresas emitieron a Triacom “responden a servicios realmente prestados y perfectamente acreditados”. elDiario.es se ha dirigido por escrito en dos ocasiones a The Branding Time, la consultora a la que actualmente está vinculado Puig, que no está imputado en la causa de la Audiencia Nacional, sin obtener respuesta.
Puig hizo siempre carrera en CDC de la mano de Madí, al que sustituyó como secretario general de Comunicación en el último Govern de Jordi Pujol en 2003, cuando tuvo que dejar el cargo por manipular encuestas en beneficio de Mas. En 2004, tras perder CDC la Generalitat, Puig fue nombrado, a propuesta de este partido, miembro del consejo de gobierno del ente de medios públicos, del que depende TV3, cargo que mantuvo hasta que en junio de 2011 se convirtió en director de Comunicación y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona tras la victoria electoral de Convergència con Xavier Trias.
En 2007, el cambio de la ley de los medios públicos en Catalunya endureció el régimen de incompatibilidades para los miembros del consejo de gobierno del ente, precursor de la actual CCMA, para evitar conflicto de intereses en el sector audiovisual. Poco después, Puig se desprendió formalmente de las acciones de su empresa personal, Emocional Base, SL, que fueron adquiridas por un familiar de Oriol Carbó, administrador de Triacom. Según la investigación de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, a partir de entonces Emocional Base se integró en el entramado personal de Carbó al servicio del circuito del dinero generado alrededor de Triacom.
“[Emocional Base y otras empresas] comparten clientes y facturan prácticamente por los mismos servicios a Triacom, de forma que se fragmentan los gastos e ingresos”, sostiene el informe policial. Tras subrayar que los conceptos suelen estar relacionados con 'El Gran Dictat', los investigadores concluyen que el objetivo era “facturar servicios que no se habrían realizado o facturarlos por duplicado para favorecer el desvío de dinero a terceras empresas o personas”.
A pesar de haberse apartado formalmente de Emocional Base SL, Puig siguió teniendo supuestamente acceso a la caja de esta empresa, cuyos ingresos procedían sobre todo de Triacom, que a su vez se nutría básicamente de TV3. La empresa se utilizaba “para desviar fondos a Marc Puig, entre otros”, según subraya el informe policial de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, cuya unidad Anticorrupción dirigía Toni Rodríguez, destituido recientemente por el Govern junto al major, Josep Lluís Trapero. Los investigadores recalcan que Puig “continuó recibiendo beneficios de la misma incluso años después de vender sus participaciones”.
En la causa abundan ejemplos concretos sobre el desvío de fondos desde Emocional Base a Puig, incluidos en un informe de la Agencia Tributaria. En enero de 2011, por ejemplo, consta un apunte de cobro de 1.821 euros de Marc Puig en la contabilidad de la empresa. Pero esto no es nada en comparación con un depósito constituido a su nombre por valor de 40.000 euros en julio de 2012, cuando Puig era ya el director de comunicación del Ayuntamiento de Barcelona.
Los pagos de Emocional Base a Puig no se limitaban al dinero en efectivo, sino que incluyó varias operaciones en especie, según el informe de la Agencia Tributaria asumido también por la investigación conjunta de Mossos d’Esquadra y Guardia Civil. Así, consta un cheque de Emocional Base en 2012 por valor de 25.000 euros por la compra de un vehículo TVR, modelo Chimaera, que según el informe de Hacienda acabó siendo registrado a nombre de Puig, y de reparaciones de este vehículo descapotable que ascendieron a 14.474 euros también pagadas por Emocional Base.
En 2012 constan asimismo facturas emitidas por Metropol Palamós a Emocional Base por un importe de de 9.649 euros “en concepto de reparación de una embarcación de titularidad de Marc Puig”. Se trata, según el informe, de la puesta a punto de una embarcación de 11,83 metros de eslora llamada Emocional Attacks Cranchi Atlantique y registrada en 2007 a nombre de Puig.
Este mismo año 2012 constan igualmente facturas a nombre de Emocional Base por compras en Pilma Disseny e Ikea de muebles (mesa, sillas, estanterías, sofá…) que fueron entregados, según se indica en los albaranes, al domicilio particular de Puig.
Por todo ello, la policía judicial concluye que la mayoría de facturas de Emocional Base a Triacom “serían presuntamente falsas” al hacer referencia a “servicios generales y poco precisos” por conceptos ya prestados por Mediapro, a la que Triacom derivaba toda la producción de los encargos de TV3. Y concluye que Emocional Base y otras empresas de la trama de Carbó tenían “una operativa que pone de manifiesto el uso de sociedades pantalla o meramente instrumentales para el desvío de fondos de Triacom”.
Una portavoz del ente de medios públicos catalanes aseguró a elDiario.es que “no se ha constatado ninguna anomalía” en relación a los contratos suscritos entre TV3 y Triacom, la productora del exgerente de la cadena investigada por el 3%. La citada portavoz afirmó que el ente desconoce si existían conexiones entre Puig y Triacom y subrayó que los contratos “eran propuestos por las direcciones de Televisió de Catalunya y por la dirección general de la Corporación, en distintas etapas según los años indicados”. Y añadió: “La dirección general presentaba contratos para ser informados o aprobados en conjunto en las sesiones de los consejos de administración y de gobierno. El detalle y la negociación de todos los contratos correspondía a las direcciones de los medios y a la dirección general, no a los consejos de administración o de gobierno”.
El primer contrato que Triacom suscribió con TV3 para 'El Gran Dictat', su programa estrella hasta 2016 y el que más ingresos reportó a la productora, se firmó el 28 de febrero de 2009. Dos meses exactos después, el 28 de abril de 2009, y según consta en la documentación aportada al sumario por la Agencia Tributaria, el administrador y dueño de Triacom, Oriol Carbó, y Marc Puig, en aquel momento miembro de la comisión de gobierno del ente audiovisual público catalán, acudieron juntos ante un notario de Puigcerdà para la compraventa de una vivienda en Bor, en el término de Bellver de Cerdanya, comarca del Pirineo donde tienen su segunda residencia muchas familias pudientes de Barcelona.
Según la documentación aportada a la causa, la vivienda, de tres plantas y 189 metros cuadrados, se escrituró al 50% cada uno y a partir de un precio de venta de 294.500 euros, de los cuales se hipotecó el 79%. En mayo de 2013, según la misma documentación, Puig vendió su mitad a Carbó por 187.250 euros, de los que 90.756 correspondían al saldo hipotecario pendiente de amortización.
La vivienda pasó a constar en el activo de la mercantil Orieu SL, una de las sociedades de Carbó, en cuyo balance los investigadores constatan también “la existencia de una deuda de Puig desde antes del año 2009, que finalmente no se cobró y se contabilizó como una pérdida”. El informe policial no especifica la cuantía.
Según la documentación de la Agencia Tributaria aportada a la causa, en 2008 y 2009 Orieu SL había pagado facturas por valor de 58.000 euros por supuestos informes de consultoría sobre la misma vivienda de la Cerdanya a empresas vinculadas a las esposas de Oriol Pujol Ferrusola y de David Madí. Carbó declaró, según consta en el informe tributario, que había encargado dichos trabajos “porque estaba buscando inversiones en la Cerdanya” y que finalmente “decidió invertir en Bor”.