La Fiscalía abre una investigación sobre la Operación Catalunya a partir de la guerra sucia contra su exjefe

Es la primera investigación formal sobre la Operación Catalunya. La Fiscalía de Catalunya ha abierto diligencias para indagar en las maniobras de la brigada política en los Gobiernos de Mariano Rajoy contra políticos, partidos y cargos catalanes que la cúpula de Interior y el PP vinculaban con el independentismo. El ministerio público pide toda la documentación sobre la guerra sucia que aquellas unidades policiales orquestaron con quien fue el Fiscal Superior de Cataluña hasta 2013, Martín Rodríguez Sol, una exclusiva desvelada a partir de una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia.

El decreto lo firma el Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, y pide investigar si las unidades policiales que propusieron investigar a quien fue jefe los fiscales en Cataluña, cometieron delitos de prevaricación administrativa, y contra la intimidad de Martín Rodríguez Sol.

El caso nace de la investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia que a través de las “notas informativas” de aquellas unidades policiales y de fuentes involucradas en aquellos hechos han revelado que el ministro del Interior no solo estaba al tanto de aquellas prácticas sino que exigió ser el primero en conocer esos informes, cuando ya se sabía que muchos de ellos contenían informaciones falsas, que atribuyeron cuentas en paraísos fiscales al expresidente de Catalunya, Artur Mas, y al anterior alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que luego aparecieron publicadas en diarios conservadores de Madrid.

En el caso del Fiscal Superior de Catalunya en aquella época, el nombre de Martín Rodríguez Sol figura en un documento remitido por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía a Jorge Fernández Díaz en el que se proponían una serie de investigaciones a personalidades que la cúpula policial vinculaba con los partidos nacionalistas catalanes. La nota, que no lleva firma pero sí membrete de la Unidad de Asuntos Internos, pide investigar vínculos entre el Fiscal Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol y el partido político Unió Democràtica de Catalunya y las comisiones gestionadas por los abogados del citado partido.

La instrucción se dirige contra el fiscal que ordenó abrir diligencias para investigar la filtración del informe borrador que atribuyó en falso cuentas en paraísos fiscales a Artur Mas, que resultó ser falsa, y del que nadie asumió su autoría. La decisión de indagar sobre aquellas prácticas y unas declaraciones en las que se mostraba comprensivo con la celebración de consultas sobre el independentismo cumpliendo con la ley motivaron que la cúpula de Interior en el Gobierno de Rajoy iniciase una guerra contra él y que el fiscal general de la época, Eduardo Torres Dulce, le abriese un expediente. En marzo de 2013 Rodríguez Sol presentó su renuncia como fiscal jefe en Cataluña. Las fuentes consultadas aseguran que esa instrucción policial se dio en los meses anteriores.

La relación con Unió

No hay ninguna prueba de que Rodríguez Sol tuviese ninguna relación con la financiación ilegal de Unió, aunque dos años más tarde formó parte de una de sus candidaturas. El documento policial, que ahora pide investigar la policía, llevaba el siguiente encabezamiento: “Se resumen a continuación las posibles líneas de investigación derivadas de la información recibida y analizada por esta Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo nacional de Policía”. Y, entre ellas, además de nuevas maniobras para intentar conocer si el expresident Jordi Pujol tenía cuentas en el extranjero, Asuntos Internos pide investigar “vínculos entre el Fiscal Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol y el partido político Unió Democràtica de Catalunya y las comisiones gestionadas por los abogados del citado partido”.

Pero en sus últimas líneas admitía: “Nota: las informaciones recibidas figuran en su mayor parte en Internet y no se han podido contrastar hasta el momento”. La Policía admitía en su propio escrito que se trataba de una investigación prospectiva, prohibida por las leyes españolas. No había indicios sólidos pero s pedía profundizar en esas investigaciones a objetivos políticos y empresariales al margen del control judicial.

El decreto de inicio de las diligencias subraya que ninguno de aquellas unidades judiciales comunicó a la Fiscalía la investigación a quien era su jefe en Fiscalía, y que aquellas prácticas tenían “el indisimulado objetivo de desacreditar a la entonces máxima autoridad fiscal del territorio de esa Comunidad Autónoma o inquitarle en el ejercicio de la misión que el artículo 124 de la Constitución confiere a todos los fiscales”. Y todo ello, continúa el decreto de la Fiscalía, “por el simple hecho de haber expresado su intención de investigar presuntos delitos cometidos desde el Ministerio del Interior en el curso d las investigaciones seguidas desde el Ministerio del Interior en el curso de las investigaciones seguidas contra algunos de los líderes del movimiento independentista catalán”.

“Para lograr aquel objetivo, la unidad policial actuante habría atribuido presuntamente hechos delictivos al Fiscal Superior de Cataluña, según se desprende de la redacción literal del oficio interno publicado por los indicados medios de comunicación”.

Incorporar los informes apócrifos

La Fiscalía cita los informes policiales publicados por elDiario.es y La Vanguardia y advierte de que “en el caso de acreditarse la realización de actividades de investigación policial prospectiva sobre la persona del entonces Fiscal Superior de Cataluña podrían ser constitutivos de un delito contra la intimidad cometido por un funcionario público y en su caso de un delito de prevaricación administrativa, así como de falsedad en documento oficial, todo ello sin perjuicio de otros delitos que pudieran relacionarse con los hechos descritos en esta decreto”.

Las diligencias de la Fiscalía piden incorporar los documentos con sello de la policía publicados por elDiario.es y La Vanguardia, y pide recabar estos y otros documentos en poder de ambos medios de comunicación.

En el listado remitido al ministro del Interior por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía figuraban, junto al del entonces Fiscal Superior de Catalunya, otros nombres a investigar como la presidenta de Coca Cola Europacific Partners, Sol Daurella, y a su marido, Carles Vilarrubí, un histórico dirigente de Convergencia y ejecutivo de banca, al que un supuesto confidente de la policía vinculó con testaferros de los Pujol y que finalmente resultó imputado tras ver cómo una unidad policial en presencia de Villarejo registraba su casa y su despacho.

La decisión de la fiscalía se produce después de que elDiario.es y La Vanguardia revelasen los informes apócrifos que distintas unidades policiales remitían al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de que fuentes involucradas en aquella guerra sucia, confirmasen que las informaciones más sensibles se enviaban en sobres cerrados sin remitente ni destinatario al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a través del servicio de escoltas.