La Justicia pone el foco en los chalés ilegales de la Cerdanya tras años de denuncias de caciquismo

“Una dinámica clientelar cuesta mucho de romper”. La portavoz de la organización ecologista, SOS Pirineus, Núria Martí, habla con conocimiento de causa: su entidad lleva casi un lustro denunciando malas praxis del poder local de la Cerdanya. La persistencia ha empezado a dar frutos: dos juzgados han abierto investigaciones por los chalés ilegales que dos hijos de familias políticas poderosas de la comarca se construyeron.

Más allá de las particularidades concretas de cada caso –un terreno inundable, obras irregulares, intentos de legalizarlas…–, el caso de los chalés ilegales de los hijos de las familias Porta y Chia ha permitido observar la cara b del poder local de la Cerdanya, una comarca pirenaica conocida por ser sede de segundas (o terceras) residencia de la clase privilegiada catalana y alquileres desbocados para sus habitantes permanentes.

“Quien no está en el círculo del poder local se encuentra desamparado. Hay mucha gente en la comarca que sigue teniendo miedo a significarse”, denuncia Martí, que echa de menos “más controles” de la Generalitat en los municipios de la comarca en áreas como Urbanismo y Medio Ambiente.

Los servicios territoriales de Urbanismo, dependientes de la Generalitat, sí abrieron un expediente de defensa de la legalidad en el caso del chalé de Chia al constatar un reguero de irregularidades: obras sin permiso en terrenos inundable y protegido. Pero ambas construcciones ilegales siguen en pie, sin una orden a la vista para su derrumbe, tal y como reclaman los ecologistas.

El Seprona de la Guardia Civil y los Agentes Rurales de la Generalitat también documentaron gráficamente las dos construcciones ilegales, fotografías que forman parte de las respectivas causas judiciales. Y los ecologistas, con un trabajo de hormiga durante años con consultas al registro, reclamación de documentación a los ayuntamientos y denuncias a la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) han posibilitado que las causas judiciales abiertas recientemente ya dispongan, en su estado inicial, de un historial casi completo de las obras.

Los juzgados de La Seu d'Urgell (Lleida) y Puigcerdà (Girona) investigan no solo las obras ilegales, sino el papel de los ayuntamientos de Bellver y Fontanals de Cerdanya para intentar legalizar las construcciones irregulares de los hijos de los alcaldes. 

En el primer caso, el consistorio entonces liderado por Xavier Porta, padre del también exconcejal Joan Porta –propietario del chalé–, intentó sin éxito catalogar la casa (una antigua barraca de mineros) como una masía. Y en 2021, con las obras ya terminadas, intentó tipificar el chalé como una “construcción agrícola”. Ambos dimitieron a raíz del escándalo y no se presentaron a la reelección en las municipales de 2023.

En Fontanals, el empresario Xavier Chia también intentó legalizar las obras mediante solicitudes al consistorio que lideraba (y lidera) su padre, Ramon Chia (Junts). El caso generó un revuelo en el pueblo, pero Chia se mantuvo en su puesto, y a diferencia del exalcalde de Bellver, se presentó a las elecciones del año pasado.

Chia, hijo del alcalde y hermano del presidente del consejo comarcal de La Cerdanya, “intentó ocultar la ilegalidad y evitar sanciones” mediante solicitudes de varias obras menores ante el Ayuntamiento que comandaba su padre, según relata la Fiscalía en su denuncia. Para intentar tapar la construcción ilegal de la piscina del chalé, Chia pidió al consistorio una licencia para convertir la piscina en depósito de agua para perros y riego e incluso solicitó (aunque después retiró) un permiso para convertir la casa en un museo.

Mientras Joan Porta ya ha declarado en el juzgado como investigado, Xavier Chia, el hijo del alcalde de Fontanals, Ramon Chia (Junts) lo hará en junio. Fuentes de su defensa niegan cualquier relevancia penal de las obras y confían que el caso quedará archivado una vez puedan exponer sus argumentos ante el juez.

Una de las personas que dijo 'no' al chalé ilegal de Chia fue el exteniente de alcalde de Fontanals, Miquel Adam, quien dejó su cargo por sus desavenencias con el alcalde y su hijo. “Como nadie asumía responsabilidades, tuve que dimitir”, explica Adam en conversación telefónica. “Somos un pueblo pequeño y me sentí solo, incluso amigos y conocidos me decían que mejor no meterme en líos”, lamenta.

Adam asegura que llegó a trasladar a diputados en el Parlament y a miembros de la dirección de Junts la situación, pero que nadie hizo nada. ¿Una posible solución? “Limitar los mandatos. Lo que ha pasado en la Cerdanya es producto de estar demasiados años en el poder: se terminan creyendo los dueños de la silla”, diagnostica.

Aunque generaron revuelo en una comarca pequeña como la Cerdanya, los escándalos no se dejaron sentir en las urnas. En Fontanals, en las últimas municipales, Chia (Junts) revalidó sin apuros la mayoría absoluta: obtuvo 166 votos, mientras que la lista alternativa liderada por Adam, 57, y ERC 41. En Bellver, Porta no se presentó tras dimitir en 2022 por el caso del chalé de su hijo, si bien su sucesora, bajo las listas de ERC, también repitió al frente del consistorio.

Por su lado, Martí –a quien Chia padre llegó a demandar por unas declaraciones críticas con su gestión, aunque el proceso legal no siguió adelante– hace hincapié en las personas que tienen una segunda residencia en la comarca para que denuncien las irregularidades que vean en la comarca. “No están tan condicionados por el miedo que pueda tener alguien que sí depende económicamente del poder local”, asegura. La portavoz ecologista también anima a la población local a “organizarse” en las entidades, y dar el salto a candidaturas independientes en las elecciones municipales para “poner fin a los abusos”.