“Hasta donde permita la ley y un poco más”. El conseller del Interior del gobierno de CiU, Felip Puig, lo defendía sin rodeos en 2011. También el ministro Fernández Díaz. La frase es una buena síntesis de una determinada concepción de los derechos humanos. Y de un periodo de recortes en el que se tomaron numerosas medidas de dudosa legalidad. Las recientes órdenes judiciales de búsqueda y detención vinculadas a la web de delación ciudadana son el último ejemplo. Cuatro años después, sus efectos aún perduran a pesar de su posterior retirada o la sustitución del conseller. No se puede descartar que permitan llevar a la cárcel a unos jóvenes por su hipotética participación en la huelga general de 2012. Los hechos han sido denunciados en una campaña de apoyo a las redes tras la etiqueta #DonemLaCara. Y en la que se exige el cierre de los casos penales derivados de la polémica web promovida por Puig.
Recordemos el contexto de todo. El advenimiento de la crisis financiera vino acompañado de una política de restricción de derechos sociales impulsada por el Gobierno del PP, y también por el de CiU en Catalunya. Y con ello, su creciente reclamo por vías no institucionales. Con la irrupción del 15-M, la PAH, las mareas o las huelgas generales comenzó un ciclo de protesta inédito. Cuando crece la resistencia ciudadana contra privatizaciones y recortes, se acelera también su criminalización. Fernández Díaz y el conseller Puig reaccionaron, de hecho, con una batería de iniciativas para elevar el listón represivo como nunca. Entre ellas, se incluía la exigencia de mayor contundencia policial y judicial, la restricción del derecho de reunión, la prohibición de ocultar el rostro en manifestaciones, la designación de un fiscal especializado en desórdenes públicos, la creación de más unidades antidisturbios, cámaras de videovigilancia en los espacios públicos o la monitorización de las redes sociales. Estas medidas debían ir acompañadas de importantes cambios legislativos. Se reformó, así, el Código Penal y la ley de seguridad ciudadana conocida como ley “mordaza” o “anti-15-M”.
Esta deriva autoritaria no era del todo nueva. Formaba parte del populismo punitivo que ha caracterizado el proceso de desmantelamiento del Estado del bienestar. A menor Estado social, mayor Estado penal. El propósito de fondo parecía claro. Como había declarado el propio conseller Puig, restaurar el “miedo al sistema” que ciertos sectores sociales golpeados por la crisis habían perdido. Esta parecía ser la pretensión, por ejemplo, de incluir la resistencia pasiva –característica del 15-M– en el delito de atentado contra la autoridad del nuevo Código Penal. O la decisión del gobierno de CIU de personarse como acusación en los procesos penales contra los activistas, a pesar de estar ya la Fiscalía. A diferencia del consistorio barcelonés, el gobierno de Junts pel Sí aún lo sigue haciendo. El último episodio ha sido la reciente petición de penas de cárcel para un matrimonio que se opuso a su desalojo en el barrio del Clot.
Bajo esta óptica, no resultaba extraña la persecución contra todo tipo de activistas.“Se pueden esconder en una cueva, en una alcantarilla o en una asamblea, pero los encontraremos” decía otro alto cargo policial en 2012. Es con este cometido que se diseñó la web de delación. Se solicitaba “colaboración ciudadana” para identificar 68 de ellos con sus respectivas fotografías. La iniciativa indignó a numerosos juristas y defensores de los derechos humanos. Entidades como Jueces para la Democracia, la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados o el Colegio de Periodistas pidieron su retirada. El defensor del pueblo, Rafael Ribó, y la Agencia Catalana de Protección de Datos también encendieron las alarmas. Incluso la Fiscalía de Menores criticó la medida. En la web aparecían sin ningún control judicial personas que no habían sido imputadas.
Las entidades consideraban que la difusión de su imagen estigmatizaba y podía afectar a su derecho al honor, la intimidad o presunción de inocencia. Y más en el caso de menores, en los que la ley lo prohíbe expresamente. Todo ello forzó al departamento de Interior a anular “temporalmente” la web un mes después de su estreno. Sin embargo, los votos de CiU, PP y C 's avalaron su recuperación unos años después. Lo hicieron por la puerta trasera y en el transcurso de una comisión parlamentaria de 2013. El legado antigarantista del consejero Puig, así pues, aún sigue vivo. Cuatro años después, hay que volver a denunciar las listas negras. Hay que volver a dar la cara por los derechos humanos. Y contra la criminalización de la protesta.
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