Trapero pide que el fiscal diga ya si acusará por sedición y pone en duda la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarlo
El major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha pedido un previo a su juicio por el que pretende dilucidar si la vista oral se celebrará en la Audiencia Nacional, tal y como está previsto, o en la Audiencia Provincial de Barcelona. Este previo, tan importante como inesperado, trae origen en la sentencia del procés del Tribunal Supremo que condenó por sedición y, más importante aún para el major, descartó la rebelión al concluir que el procés fue un “engaño” que no buscaba en realidad imponer la independencia de Catalunya sino promover una negociación de la Generalitat con el Gobierno.
En base a lo establecido por el Alto Tribunal, la defensa del major y de la intendente de los Mossos Teresa Laplana, que ejerce la penalista Olga Tubau, ha planteado al tribunal de la Audiencia Nacional un trámite que reconoce que es “excepcional” debido a la sentencia del Supremo. En esencia, la defensa pide que la Fiscalía diga ya (y no al final del juicio, como es habitual) si variará su acusación de rebelión a sedición, tal y como insinuó la fiscal general del Estado, María José Segarra, en una reciente visita a Barcelona. Segarra sí dejó claro que cualquier cambio en la calificación se produciría al final del juicio, no antes.
Trapero argumenta que si la Fiscalía confirma que pasará de acusar por rebelión a hacerlo por sedición la Audiencia Nacional perdería la competencia para juzgarlo y la vista oral se tendría que celebrar en la Audiencia de Barcelona.
La “única” razón, indica el major, por la que la Audiencia Nacional era competente era porque, según el relato del fiscal, Trapero perseguía “la secesión de Cataluña y el quebranto de la Constitución”, aspectos castigados por el delito de rebelión. Pero al descartar el Supremo que los exconsellers quisieran en realidad materializar la independencia, la Audiencia Nacional, expone el major, “habría perdido esta competencia objetiva”. En consecuencia, el juez natural predeterminado por la ley para juzgar al major, la intendente Laplana, el exsecretario general de Interior Cèsar Puig y el exdirector general de los Mossos Pere Soler sería la Audiencia Provincial de Barcelona.
Cabe recordar que hasta ahora la defensa de Trapero no había puesto en duda la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar el caso. De hecho, la defensa del major no se sumó a la petición de Puig para que la causa pasara a los juzgados catalanes, solicitud que fue desestimada por la propia Audiencia Nacional. En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía pide once años de prisión por rebelión para Trapero, Puig y Soler por un delito de rebelión y cuatro para Laplana por sedición.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera a Trapero un subordinado de los políticos enjuiciados en el Supremo, por lo que al no apreciar la rebelión para los exconsellers no se podría condenar por este delito al major. Con todo, la negativa a la rebelión del Supremo no fue acompañada de un aval total a los alegatos de Trapero. Así, frente a la defensa del major de que los Mossos actuaron en todo momento para cumplir la orden del TSJC para incautarse de urnas y papeletas, el Supremo sentenció que en algunos colegios hubo “episodios de auténtica complicidad” y “casi connivencia” entre agentes de la policía catalana y los ciudadanos que estaban apostados ese día en los centros de votación.
