El juez imputa a otros cuatro policías nacionales por aporrear “sin motivo” a votantes del 1-O
Nuevas imputaciones en la causa que investiga las cargas policiales del 1-O en Barcelona. El juez ha acordado investigar a otros cinco agentes por su actuación “desproporcionada” en la escuela Àgora, la Infant Jesús y las escuelas Pías de la capital catalana. Uno de ellos ya estaba imputado por la intervención en la escuela Mediterrània. En el primer centro, tres antidisturbios emplearon la fuerza contra los votantes pese a que, expone el juez, “no existía motivo por el que las defensas [porras] fueran usadas de la manera en que lo fueron”.
En un auto, al que ha tenido acceso este diario, el juez, tras analizar 25 minutos de vídeo y 154 fotografías aportadas por quince heridos y el Ayuntamiento de Barcelona, que ejerce la acusación popular, ve motivos suficientes para investigar al mando que dirigió el operativo en el colegio Àgora y a dos agentes. Con estas nuevas imputaciones ya son nueve los agentes investigados por su actuación el 1-O en la capital catalana.
En el caso del colegio Àgora, el instructor expone que los agentes empezaron a hacer uso de sus porras “sin que pueda saberse el motivo”, pues hasta entonces, salvo algún empujón, no había ocurrido “nada digno de mención”. Los porrazos fueron, en palabras del juez, “indiscriminados”: los agentes golpearon “de arriba a abajo”, por lo que los votantes recibieron los golpes en la parte superior del cuerpo en vez de en las piernas, como obligan los protocolos.
La desproporción de la actuación policial en este colegio se ejemplifica en un hombre que, tras ser empujado por dos agentes, cae al suelo y allí recibe varias patadas y golpes de porra. “Tendido ya en el suelo –continúa el juez–, con los brazos en la cabeza, aun es golpeado y pateado varias veces [por uno de los agentes imputados], que incluso le golpea en la cabeza por detrás cuando se está incorporando”. Le ayudó el otro antidisturbios investigado, que también “le golpea, patea y empuja”, concluye el juez.
El abogado de este herido, Andrés García Berrio, del centro Iridia, ha destacado la importancia de la labor de observación y captación de imágenes realizada el 1-O por el colectivo #SomDefensores, y ha reiterado su intención de depurar “todas las responsabilidades”. Uno de los vídeos grabados en el colegio Àgora ha sido difundido por el teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, que ha destacado que los agentes “tendrán que rendir cuentas”.
En las escuelas Pías de Sant Antoni, el juez ha imputado al mando que dirigió el operativo. El togado es contundente a la hora de censurar la actuación policial: “Sin que se oiga aviso previo o advertencia, los agentes empiezan a agarrar a las personas congregadas y las lanzan al suelo o las empujan hacia afuera, sin miramiento alguno y utilizando una violencia desproporcionada a la situación que allí se da”, afirma el juez, que describe además dos “agresiones claramente gratuitas”.
Respecto a la primera agresión, un agente de información sin número identificativo y con la cara semitapada da una patada en el costado a un ciudadano que acaba de ser empujado al suelo “de forma absolutamente innecesaria. En otro momento, un votante con las manos en alto recibe tres puñetazos por un agente, para luego ser agarrado por el cuello por otro antidisturbios, que le propina una patada. Las imágenes no han captado el número identificativo de estos antidisturbios, pero el juez ha pedido a la Policía que identifique al agente de información que intervino en el colegio.
Y en la escuela Infant Jesús, el instructor decide investigar al mando del operativo en el centro tras constatar que varios agentes “actúan arrastrando a la gente que se haya sentada en el suelo, a veces con golpes y patadas”. Y destaca además que la actuación policial, al igual que en el colegio FEDAC Horta, podría no estar amparada por la orden del TSJC de impedir el 1-O al ser un centro privado.
En este sentido, llama la atención del juez el hecho de que en el primer informe policial sobre la actuación en el centro, la Policía afirmó que no ordenó ninguna carga al tratarse de un centro privado. “Debe preguntarse cuál fue el motivo por el que se actuó, se golpeó, empujó y zarandeó a las personas”, zanja el juez.
El magistrado destaca además que en ningún momento se observan agresiones a los policías por parte de los votantes. De hecho, considera compatibles las lesiones reportadas por los agentes “con la propia violencia ejercida por ellos mismos”.
