Uno de los principales objetivos de la Justicia en las causas de corrupción es recuperar para las arcas públicas la mayor cantidad posible de fondos ilícitos. El fiscal anticorrupción de Castellón, Javier Carceller, ha aplicado al dedillo esta máxima en su escrito de acusación contra la familia del expresidente de la Diputación Carlos Fabra, cuyos componentes están procesados por ocultar el abultado patrimonio del clan con el objetivo de no pagar el millón de euros que el expolítico del Partido Popular debía a Hacienda tras su condena por la Audiencia Provincial de Castellón hace siete años.
El escrito de acusación de Anticorrupción, al que ha tenido acceso elDiario.es, solicita multas que suman 18 millones de euros a Fabra, su exesposa María Amparo Fernández, sus hijos Claudia y Borja, su yerno Fernando Castro y su presunto testaferro y exasesor en la Diputación, Alejandro Lorca Heredero. Además, el Ministerio Fiscal pide una responsabilidad civil de un millón de euros (la cantidad adeudada a Hacienda por Fabra) a abonar conjunta y solidariamente por los miembros de la familia, el presunto testaferro y el empresario Fernando Roig, presidente del Villarreal CF, su hijo y su apoderado Miguel Pérez Ferrer.
El fiscal considera que Carlos Fabra “urdió y utilizó una amplia trama económica, financiera y contable”, con la ayuda de sus familiares procesados, y “haciendo uso de sociedades pantalla” para no pagar la deuda con Hacienda. El escrito recuerda que la “aparente situación de penuria económica” del expresidente de la Diputación resulta “notablemente discorde” con el manejo de grandes cantidades (2,6 millones de euros entre 2007 y 2017). Mediante complejas operaciones bancarias, la supuesta trama llegó a mover hasta 26 millones de euros.
Los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía Nacional sospechan que el expolítico del PP cobraba comisiones de hasta 100.000 euros por intermediar en proyectos urbanísticos cuando aún presidía la institución provincial.
El “plan defraudatorio de ocultación patrimonial” contó con la cooperación de dos conocidos empresarios castellonenses que le extendieron préstamos a fondo perdido. Así, Anticorrupción solicita para el empresario Fernando Roig tres años y diez meses de prisión por un presunto delito de insolvencia punible y de frustración de la ejecución y nueves meses por cohecho (e idénticas penas para su hijo y para su apoderado). En el caso de Roig, Anticorrupción vincula el préstamo de 1,7 millones abonado a Fabra con los patrocinios del Aeropuerto de Castellón al Villarreal CF (18,7 millones de euros en total).
El fiscal rebaja a nueve meses de prisión su petición de pena para el empresario Enrique Gimeno, dueño de la empresa Facsa, quien ya fue condenado por la Audiencia Nacional por delito electoral y falsificación documental, al haber sido uno de los financiadores confesos del PP.
Severas peticiones de pena
La familia de Fabra se enfrenta a severas peticiones de penas de prisión por parte del Ministerio Público. Si para el expolítico del PP pide seis años por un presunto delito de insolvencia punible y frustración de condena, cinco por blanqueo de capitales y un año por cohecho, además de tres años de inhabilitación para cargo público, para su exesposa, María Amparo Fernández, Anticorrupción solicita un total de siete años de prisión por los presuntos delitos de insolvencia punible y blanqueo.
Borja Fabra Fernández se enfrenta a una petición de pena de seis años por una presunta insolvencia punible y frustración de condena y cinco años por blanqueo de capitales. Mientras que para Claudia Fabra y su marido, Anticorrupción solicita cuatro años por una presunta insolvencia punible y tres más por un presunto blanqueo de capitales. La vivienda del matrimonio en una lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) es uno de los ejes de la investigación.
La instrucción, según revela el escrito del fiscal, ha conseguido bloquear los saldos bancarios de los acusados por un montante de 415.672 euros. Al expolítico del PP sólo han conseguido bloquearle 439 euros mientras que los fondos congelados en cuentas de su exmujer ascienden a 269.148 euros.
El responsable de las cuentas del PP se libra
Miguel Carot Blasco, que ha sido gerente de las campañas del PP de Castellón en la era del fabrismo y figuraba como autorizado en las cuentas del partido cuando se hicieron ingresos a Fabra, se ha librado de esta causa al haber prescrito los hechos. También es el caso de la antigua mano derecha de Fabra, Francisco Martínez, procesado en otra causa por la que será juzgado por un jurado popular.
El juez dictó, entre otros, el sobreseimiento provisional para el empresario Luis Enrique Batalla, de la constructora Becsa SA, una decisión a la que la Fiscalía se adhiere. Anticorrupción también se adhiere al sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a los dos escoltas de Fabra, que reconocieron ante el juez que realizaron ingresos en metálico por orden de Fabra. El juez, eso sí, ha pedido abrir una nueva causa para investigar el pago de los escoltas, cuando Fabra ya había abandonado su actividad pública, por parte de Marina d'Or y de una constructora que financiaba al PP.
Tres empresarios investigados han fallecido, con lo que se extingue su posible responsabilidad criminal.