Este martes llegaba al Aeropuerto de Castellón el primer vuelo regular -un Boeing 737-800 procedente de Londres con 186 pasajeros a bordo operado por la compañía irlandesa Ryanair- y el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, insistía en que “vamos a ver cómo se puede rentabilizar” la infraestructura, porque la intención del Gobierno valenciano es que “no le continúe costando más dinero a los valencianos”.
El aeropuerto castellonense -inaugurado hace cuatro años y medio por el entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y el exjefe del Consell, Francisco Camps e inmerso en una investigación de la Comisión Europea por supuestas irregularidades en su adjudicación- “ya está”, ha sentenciado Puig, quien añadía, “ahora se trata de ver si es una infraestructura que puede favorecer el crecimiento económico, y por tanto, los puestos de trabajo en la provincia de Castellón.
Para ello, la Generalitat solicitará a la Universitat Jaume I de Castellón que colabore en la elaboración de un plan estratégico que resuelva si el aeródromo puede servir para “ayudar a la economía”.
A juicio de Puig, el aeropuerto fue un “extraordinario despropósito” en su concepción, “sin ningún tipo de plan de negocio” que justificara que fuera impulsado por una institución como la diputación de Castellón. En el caso de que no sirviera de impulso a la economía provincial “habría que buscar un plan b”, aunque puntualiza el president que se debe “hacer un esfuerzo para replantear claramente una infraestructura que ha sido el paradigma del despilfarro y el ridículo en toda España”.