El cuñado de Rita Barberá se repartió con un viejo amigo de la ultraderecha una “comisión correspondiente” a una contrata de Acciona por la gestión del servicio de limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia, según la Fiscalía Anticorrupción. Los abogados José María Corbín y Diego Elum mantienen amistad desde que militaban en la extrema derecha valenciana (Elum fue el testigo de Corbín en su boda con Totón Barberá el 19 de junio de 1980 y ambas familias veranean en Xàbia). Tras un periodo centrado en la defensa de narcos y proxenetas, José María Corbín pasó a ocuparse de una supuesta asesoría jurídica de grandes empresas adjudicatarias del Ayuntamiento de Valencia, gobernado durante 24 años por su cuñada, entre ellas Secopsa, Cleop o Acciona.
Diego Elum cobró 2,5 millones de euros de la firma Infilco Española SA, adjudicataria en una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona Infraestructura SA, del servicio de saneamiento de Valencia. El 66,67% de los fondos (1,7 millones) fueron transferidos a la sociedad Corbín Abogados SL, cuya facturación pone en duda un informe de Hacienda que figura en el sumario del 'caso Azud' al que ha tenido acceso elDiario.es. Luis Castilla, CEO de Acciona Infraestructuras SA, figura como investigado en la causa.
El contrato, amparado en una “presunta relación de trabajo”, se firmó el 20 de abril del 2006 y carecía de contenido, según un escrito del fiscal anticorrupción, Pablo Ponce. José María Corbín “era el que realizaba la intermediación con el ayuntamiento, al tener a su mujer como alta funcionaria de su hermana alcaldesa (...) en la época de los hechos, no siendo por lo demás la única actuación realizada y por la que recibe la comisión correspondiente”, agrega el representante del Ministerio Público.
El contrato firmado por el letrado Diego Elum carece de contenido y se confecciona “para dar cobertura” al pago millonario. La facturación entre ambos “no obedecía a ningún trabajo real y, por consiguiente, encubría el importe de la comisión requerida” para conseguir la contrata de la UTE de Acciona Infraestructura SA e Infilco Española SA.
Además, el fiscal anticorrupción “no ha presentado ni realizado trabajo alguno para efectuar el encargo”, tanto por “carencia de conocimientos técnicos” como por la imposibilidad de realizar la hercúlea tarea de semejante naturaleza.
“Es evidente que la utilización de dichos simulados contratos y facturas sirve para encubrir por un lado el origen del dinero que percibe el investigado Corbín, que de esta forma interpone la sociedad de Diego Elum, con el que mantenía una estrecha relación de amistad y que por ello percibe una parte importante del abono efectuado por la empresa adjudicataria del contrato millonario con el Ayuntamiento de Valencia”, señala el escrito del fiscal. Todo ello, argumenta Pablo Ponce, no son “elucubraciones” de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tal como argumentaba la defensa de Diego Elum, sino que son hechos que “se fundan en una consistente fuente probatoria”.
Además de los informes periciales y de la documentación bancaria recabados en la causa, hay un motivo claro para rechazar la pretensión de nulidad de la entrada y registro en el despacho de Diego Elum. El letrado, tal como recuerda la jueza instructora en un auto que figura en el sumario, reconoció que el pago de 1,7 millones de euros a Corbín no se debe a “ninguna colaboración jurídica”. El abogado declaró que uno de los responsables de la mercantil le comentó que “tenía mucho interés” en acceder a la adjudicación.
Corbín “tenía todas las herramientas”
José María Corbín, mantiene la instructora, “tenía todas las herramientas para conseguir los fines” de la empresa supuestamente corruptora “como cuñado de la alcaldesa de Valencia en aquella época y esposo de la hermana de ésta que ostentaba el cargo de jefa de gabinete”. De hecho, un informe de Hacienda cuestiona que la firma del abogado multiplicara por cinco su facturación.
Elum destruyó los contratos que firmó con Infilco Española SA, según destaca el auto. El letrado también intentó justificar su trabajo en ese contrato con “unas tapas y fotocopias”. La coartada “resulta poco creíble a simple vista”, agrega la magistrada Pepa Tarodo, “máxime cuando ni tan siquiera pudo identificar al economista que le ayudó en el trabajo, manifestando que no recordaba quién era y que había fallecido”.
Facturas “falsas”, según Hacienda
Un informe de la Inspección de Hacienda incorporado al sumario recuerda que el contrato se debería haber destruido en 2021 (y no en 2009, como hizo Elum) y recuerda que el letrado conservaba documentación de 1982. Además, también duda de que “en tan solo dos semanas” un abogado “dedicado sobre todo a temas de responsabilidad civil fuera capaz de preparar toda la documentación técnico y económica” de semejante calibre. Todo ello “sin la ayuda de ingenieros expertos y sin que ni su propia secretaria ni su compañero de despacho se percataran de la magnitud del encargo”.
Por otro lado, Hacienda sostiene que “ninguna empresa pagaría a un abogado externo no especializado nada menos que 2.210.000 euros más IVA simplemente por realizar unos trabajos que bien podían confeccionar sus propios empleados dentro del horario laboral y sin devengar retribuciones extraordinarias”. Todas las facturas del letrado y la UTE son “falsas”, concluye el informe. La empresa Acciona no ha respondido a las preguntas de este diario.