Una mujer haitiana que cursaba un diploma de especialización en enfermería nefrológica en la Universitat de València (UV) se ha quedado sin visado. La estudiante pidió la continuidad de sus estudios, en principio para un año, debido a las circunstancias de su país y a la crisis de la COVID-19 que impidieron que puediera regresar a Haití para obtener un nuevo visado. La intención de la mujer era cursar un máster en Género y Políticas de Igualdad en la UV, a tiempo completo y para el que tenía garantizado una beca Lluís Vives para el curso 2020-2021.
Sin embargo, la Delegacion del Gobierno denegó la solicitud de prórroga de estancia por estudios de la mujer, que interpuso un contencioso contra la decisión. La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimado el recurso de la estudiante y le ha impuesto 800 euros en costas.
La sentencia argumenta que los estudios que pretendía cursar por segundo año en Valencia “no son continuidad conforme a los cursados conforme a la autorización anterior”. El TSJ-CV se remite a un fallo similar de la misma sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo que concluyó que “la realización de nuevos estudios puede dar lugar a una nueva autorización, pero no a la prórroga”.
Así, establece el tribunal, se deben cumplir dos requisitos para obtener una prórroga: una “necesaria continuidad” entre los contenidos de los estudios o que “la investigación desarrollada por el extranjero progresa adecuadamente”. Este último requisito “podrá acreditarse igualmente a través de la realización de estudios o investigaciones en el territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea, en el marco de programas temporales promovidos por la propia Unión”, señala la sentencia.
La estudiante debería volver a su país para solicitar una segunda autorización para cursar máster en Género y Políticas de Igualdad en la UV, a pesar de que ya contaba con una beca. Para el tribunal, “llama poderosamente la atención” que la propia demandante argumenta para pedir la prórroga “el hecho de que sus anteriores estudios tan solo duraban un año”, algo que acredita la conformidad a derecho de la resolución de denegación de prolongación del visado por parte de la Delegación del Gobierno.