Una diputada del PP cobró 15.000 euros de la fundación cultural de Camps con un contrato irregular
La Fundación Jaume II el Just, el capricho cultural del expresidente del PP valenciano Francisco Camps, pagó 15.000 euros a una actual diputada popular por coordinar y realizar las labores del bicentenario de la Constitución de Cádiz con un contrato irregular. Según apunta la Intervención de la Generalitat, para el encargo a María José Ferrer Sansegundo no se cumplieron los pasos necesarios.
Considera el organismo de la Generalitat que la Fundación, sin formalizar previamente el expediente de contratación, firmó un contrato con la ahora diputada popular para el asesoramiento, coordinación y dirección de distintos actos por la celebración del bicentenario de la Constitución de Cádiz por el que la institución cultural pagaría a Sansegundo 15.000 euros en cinco periodos, según el informe de Intervención.
El informe apunta que no consta acta ni expediente que justifique la contratación, aunque la diputada ha demostrado a eldiario.es que sí que existe un acta, con fecha de 26 de noviembre, donde Vicente Garrido, presidente de la Comisión, la propone como responsable de los trabajos. La diputada también ha facilitado la nota de prensa emitida por el Consell y el boletín oficial en el que consta su nombramiento. También que debía responder ante la comisión, no ante la fundación, a la cual nunca acudió, explica, señalando que las reuniones las mantenían en la sede del Consell Jurídic Consultiu que presidía Garrido.
Jurista de profesión, cuando se le encargó el cometido, la hoy diputada no tenía ni carnet de partido, ni desempeñaba ningún cargo para el mismo. En declaraciones a eldiario.es, Sansegundo explica que la comisión la presidía Vicente Garrido, el director de la tesis de Camps, junto a varios juristas, entidades públicas y otros cargos del Gobierno valenciano. “Me llegó la propuesta y dije que sí porque me pareció un trabajo fascinante”, señala la diputada. “Es el mejor trabajo que se ha hecho de la Constitución de Cádiz y así nos lo han reconocido”, añade, señalando que en la memoria presentada en 2012 constan todos sus trabajos.
En relación con estas actividades, la Fundación contrató una videoentrevista para la comisaria por valor de 7.000 euros a una empresa audiovisual y un vídeo promocional del bicentenario, en cuyo contrato figura un valor de 50.000 euros a la misma empresa, aunque la Intervención no aprecia irregularidad, ya que se hizo por concurso público.
El lunes comparecieron en las Corts Valencianes, ante la comisión de investigación del caso Taula, la exconsellera de Cultura de Camps, Trinidad Miró, también presidenta de la Fundación, y la administradora de la entidad designada por la misma. Ninguna de las dos comparecientes supieron explicar por qué se contrató a Ferrer Sansegundo o de quién vino la recomendación de recurrir a ella.
Entre las acciones coordinadas por Sansegundo hubo actividades culturales, el diseño de un cómic por el ilustrador Paco Roca, la representación de una Ópera sobre 'La Pepa' y una serie de actividades divulgativas sobre el papel de los valencianos en la constitución liberal. La diputada insiste en que no fue contratada por la Fundación -aunque sí le abonó los pagos-, sino que esta entidad, como otras del sector público, colaboraron con la financiación de la efeméride.
Fraccionamiento de contratos
La Fundación Jaume II tenía entre sus motivaciones la recuperación del patrimonio histórico valenciano y la dinamización cultural a través de la rehabilitación del monasterio de Simat de la Valldigna. No obstante, las investigaciones policiales apuntan a que se convirtió en un chiringuito de enchufados para el PP.
El informe de Intervención también apunta a un fraccionamiento de contratos por parte de la Fundación para eludir la ley de contratación del sector público, en vigor desde 2008. La Fundación encargó un audiovisual que costó más de 40.000 euros, dividiendo su pago en realización y producción y el propio audiovisual, para utilizarlo como promoción de monasterio.
