La Fiscalía Anticorrupción solicita doce años de prisión para el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, del PP, por el presunto ocultamiento de su millonario patrimonio para no pagar sus deudas con Hacienda. El Ministerio Fiscal, según ha adelantado El Confidencial y ha podido confirmar elDiario.es de fuentes de la investigación, pide seis años por un presunto delito de insolvencia punible y frustración de condena, cinco por blanqueo de capitales y un año por cohecho, además de tres años de inhabilitación para cargo público. Para la exesposa de Fabra, María Amparo Fernández, Anticorrupción solicita siete años de prisión por los presuntos delitos de insolvencia punible y blanqueo.
Para el empresario Fernando Roig, presidente del Villareal CF y uno de los empresarios que prestaron dinero a fondo perdido al expolítico del PP, el Ministerio Público pide cuatro años y siete meses de prisión por los supuestos delitos de cooperación necesaria en la insolvencia y cohecho. Anticorrupción solicita la misma pena para su hijo Fernando Roig Nogueroles. El apoderado de una de las empresas de Roig, Miguel Pérez Ferrer, se enfrente a una petición de pena idéntica.
Un informe de la Fiscalía vincula el préstamo de 1,7 millones abonado por Roig a Fabra con los patrocinios del Aeropuerto de Castellón al club castellonense. El fiscal rebaja la pena solicitada para el empresario Enrique Gimeno, dueño de la empresa Facsa y condenado previamente por financiación ilegal del PP, a nueve meses de prisión por un supuesto delito de cohecho.
El expolítico del Partido Popular recibió 2,6 millones de euros en cuentas a su nombre y mantuvo una “intensa actividad bancaria por él organizada” con abonos superiores a los 26 millones de euros, según la tesis del juez instructor. Además, investigadores de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía Nacional sospechan que el expolítico del PP cobraba comisiones de hasta 100.000 euros por intermediar en proyectos urbanísticos cuando aún presidía la institución provincial.
La causa, en la que también están procesados la hija de Fabra (Claudia) y su marido, ha destapado el patrimonio familiar, que incluye una vivienda en una lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) investigada. La instrucción ha detectado numerosos préstamos a fondo perdido de empresarios castellonenses al expresidente de la Diputación, muchos de los cuales recibieron contratos públicos. El club de Roig obtuvo 18,7 millones de euros en patrocinios del Aeropuerto de Castellón, tal como ha informado este diario.
En el auto de procesamiento, el magistrado Jacobo Pin (una auténtica pesadilla para Fabra) analiza las interminables maquinaciones que orquestó el expresidente de la Diputación de Castellón para desprenderse de su patrimonio con el objetivo de no afrontar la deuda, a través de complejas operaciones con empresas pantallas, familiares directos y testaferros.
“Esta situación de aparente penuria económica no es acorde con el hecho aparentado de haberse desprendido de patrimonio a cambio de créditos futuros aun no cobrados, no reclamados y de difícil retorno, a personas físicas y jurídicas de su círculo próximo”, reza el auto del instructor. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, también destaca el uso de billetes de 500 euros.
La instrucción de la causa, además, ha reavivado la investigación por el campo de golf de Borriol y el juez Jacobo Pin ha solicitado que se abra una nueva causa contra Fabra por el uso de dos escoltas, cuando ya había abandonado la actividad pública, abonados por Marina d'Or y Becsa SA, la constructora de la familia Batalla, cuyo responsable, Gabriel Alberto Batalla Reigada, ya fue condenado por financiación ilegal del partido tras confesión propia.