La fundación del arzobispo de Valencia se alió con la trama del 'caso Azud' en un concurso amañado de un hospital

Una fundación del Arzobispado de Valencia hizo pactos inconfesables con la trama de presunta corrupción masiva del 'caso Azud' para construir un hospital universitario privado, proyecto que finalmente no se llevó a cabo. Para la operación (iniciada a partir del 2011), el empresario Jaime Febrer y la Fundación Universidad Católica de Valencia, con el asesoramiento del conocido despacho de abogados Broseta, crearon una sociedad llamada Ética y Salud S. XXI SL que obtuvo documentación sensible de la adjudicación desde dentro del Ayuntamiento de Valencia. El letrado José María Corbín, cuñado de la alcaldesa Rita Barberá, cobró una comisión de 63.720 euros por un supuesto asesoramiento jurídico del cual los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no han encontrado rastro alguno.

La presunta red corrupta, según un informe de la UCO incorporado al sumario del 'caso Azud' al que ha tenido acceso elDiario.es, consiguió la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia para la reclasificación de los solares donde pretendían construir un hospital universitario privado en el barrio de Campanar.

En una primera fase, la Universidad Católica de Valencia (UCV) firmó un convenio marco de cooperación con la mercantil Inverso SL, vinculada al empresario Jaime Febrer, para “aunar esfuerzos y recursos de cara a hacer efectiva” la puesta en marcha del hospital universitario. La fundación de la UCV, cuyo máximo responsable era el entonces arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, colocó al frente de la operación a Juan Morote Sarrión, directivo de la institución educativa católica.

La universidad privada, que contó con el espaldarazo del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, depende de una fundación opaca que ha llegado a tener siete millones de euros de patrimonio en una SICAV. En 2014, Juan Morote fue destituido por desavenencias con el rector y pocos meses después la Universidad Católica salió de la SICAV.

La firma Inverso SL, más tarde transformada en Ética y Salud S. XXI SL, decidió contratar al conocido despacho Broseta y, concretamente, a la abogada Rosa María Vidal (con unos honorarios de entre 10.000 y 12.000 euros), pese a que ya tenía contratado al letrado José María Corbín. La UCO sostiene que el papel de Corbín era propiciar la “viabilidad o favorecer” los proyectos por sus “relaciones” familiares con Rita Barberá y con el entonces vicealcalde Alfonso Grau.

“No se ha encontrado ningún dictamen, informe, estudio, ningún boceto” de la supuesta asesoría del cuñado de la fallecida alcaldesa, indica la UCO. Los pagos de los honorarios fantasma de Corbín, según los investigadores de la Guardia Civil, contaron con la “connivencia” de Juan Morote, el hombre colocado por la Universidad Católica en la operación.

Las agendas del empresario reseñan las reuniones con Grau para tratar previamente el proyecto. Los investigadores del instituto armado también han detectado que meses antes de la adjudicación del proyecto, la presunta red ya contaba con la documentación sobre los trámites de la modificación del PGOU, finalmente aprobado.

La firma de Jaime Febrer, sostiene la UCO, “habría participado, en connivencia con miembros de la administración pública, en la confección de las bases del concurso” para introducir “aspectos que, en mayor o menor medida, resultaban acordes a sus intereses empresariales”.

Así, la presunta red corrupta habría aprovechado, previo pago, la “influencia” de José María Corbín en el Ayuntamiento de Valencia gobernado por su cuñada. Un documento intervenido en los registros, cuya autoría se atribuye a Corbín, reza: “Hablando con ella, entiendo que le va a gustar”. “Por el contexto”, los investigadores deducen que se refiere a su cuñada, la alcaldesa Rita Barberá. 

El documento con las bases del concurso para la concesión de la parcela de dominio público municipal destinada al centro sanitario y universitario “resulta de especial relevancia”, según el informe incorporado al sumario por su “aparente” confección por parte de la empresa de Jaime Febrer. El documento oficial publicado finalmente por el consistorio “tiene partes o aspectos introducidos por la empresa interesada en el concurso”. 

“Flujo de comunicación” de la trama y los funcionarios

La UCO ha analizado una cadena de e-mails entre miembros del entramado empresarial de Febrer y letrados de Broseta como Fernando Cacho, José Daniel González y Rosa Vidal. Su contenido demostraría, a juicio policial, que “más de un año antes” en la sociedad del empresario “ya se estaba trabajando en la confección de estas bases del concurso”. El documento presenta muchas similitudes en cuanto a la estructura con el documento final publicado por el ayuntamiento más de un año después, figurando algunos datos concretos del contrato“, remacha el informe.

Además, según los e-mails intervenidos por la Guardia Civil, el empresario Jaime Febrer envió el documento a Carlos Masiá León, ex gerente de la empresa pública municipal AUMSA e investigado en la causa. Un mes antes de que se firmaran las bases del convenio, Febrer ya manejaba un documento escaneado “cuyo origen sería el Ayuntamiento de Valencia y que se correspondería con un borrador de estas bases”.

Las pesquisas evidencian “la existencia de un flujo de comunicación e influencia, directo o indirecto, entre los funcionarios del Ayuntamiento de Valencia que habrían confeccionado estas bases” y el personal de la empresa de Febrer. Se trata de María Dolores Cruz Selva, jefa de sección de propiedades inmobiliarias; Jose Luis Camarero Gómez, jefe de sección de la oficina técnica de patrimonio; Carmen Saurí Rodrigo, jefa del servicio de patrimonio, y Manuel Latorre Hernández, secretario del ayuntamiento. Todos, a excepción de Manuel Latorre, figuran como investigados en el 'caso Azud'.

El Grupo Nisa, de la competencia en el sector sanitario, interpuso un recurso ante el servicio de patrimonio del ayuntamiento, que lo desestimó. El vicealcalde Alfonso Grau le habría facilitado a Juan Morote, el alto cargo de la Universidad Católica destinado por el Arzobispado de Valencia para esta operación, el recurso de la empresa de la competencia.

Morote, que más tarde fue rector de la Universidad Europea de Madrid, le reenvió por correo electrónico al empresario Jaime Febrer el recurso con una advertencia: “Alfonso me ha insistido en la confidencialidad del documento porque lleva los sellos internos del ayuntamiento”. En un e-mail posterior, Morote remite a Febrer y a Grau unas “notas para la contestación al recurso de Nisa en relación con el concurso para la adjudicación de la parcela demanial”.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valencia desestimó finalmente el recurso del Grupo Nisa en 2016. Aquel año, cuando el PP ya había perdido el poder en el Ayuntamiento de Valencia, el consistorio archivó el expediente del hospital privado “por desistimiento de los interesados”.

La UCV, en un breve comunicado tras la publicación de esta información, asegura que se “apartó y retiró” en 2014 del proyecto de hospital universitario e “instó a la extinción de las sociedades mercantiles” del proyecto para desistir un año más tarde ante el Ayuntamiento de Valencia a la concesión administrativa para la construcción y explotación del hospital. Además, la institución académica mantiene que cumple “escrupulosamente” con la legalidad municipal, autonómica y estatal y rinde cuentas de forma periódica “en su condición de Fundación”.