Canal 9, la televisión pública valenciana, va a dejar de existir. Así lo ha anunciado el gobierno valenciano horas después de que el Tribunal Superior Justicia (TSJ) haya declarado nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) por que el que se ha despedido a 1000 trabajadores de la televisión pública.
De hecho, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se ha reunido de urgencia con su círculo más estrecho para estudiar y finalmente decidir el cierre de la cadena, que existe desde 1989. La Generalitat ha anunciado su drástica postura en un comunicado:
Visto el fallo del TSJ, “sólo queda la otra vía que es, lamentablemente, proceder a la supresión del servicio público de la radio y la televisión de ámbito autonómico. La readmisión de más de mil empleados hace su continuidad inviable, pues sólo el coste de los gastos de personal de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones de euros; una cantidad a la que habría que sumar el gasto de funcionamiento y mantenimiento de RTVV, un coste que la Generalitat no puede asumir en estos momentos”.
El comunicado, que no concreta cuando ni cómo se cerrará la primera televisión pública liquidada en España, intenta ser revestido de un toque de humanidad. “El Consell ha querido hacer pública esta decisión con celeridad para no prolongar de manera innecesaria la intranquilidad que supondría para los trabajadores de RTVV”.
Y recuerda, aún sin aludir a la situación de quiebra de la Generalitat, las supuesta prioridades del gobierno de Alberto Fabra. “La Generalitat tiene la obligación de priorizar los servicios básicos y garantizar, ante todo, una sanidad, una educación y unos servicios sociales de calidad, universales y gratuitos y ése es el objetivo prioritario de todas las actuaciones que emprende el Consell”.
El Consell, por vía de su vicepresidente y portavoz, José Ciscar, había anunciado reiteradamente que la estructura de la televisión (que tenía 1.800 trabajadores y llegó a acumular 1.200 millones de deuda por la pésima gestión del PP) era insostenible sin la reducción de gastos que comportaban los despidos.
Como la Generalitat Valenciana roza la quiebra, de poco ha valido el rapapolvo que los jueces han propinado al ERE de RTVV, que se hizo de espaldas a los trabajadores y con criterios arbitrarios. El gobierno valenciano, en una decisión draconiana, sin precedentes en el sector de los medios públicos de comunicación, ha decidido acabar con la televisión autonómica.
“La reestructuración de Canal 9 servía para hacer sostenible una empresa que de otra manera no podía subsistir”, dijo recientemente Císcar. El ERE, siempre según el discurso oficial, hace imposible la viabilidad de una televisión que apenas llega al 4% de la audiencia. Ahora, los cerca de 600 trabajadores que continúan trabajando para RTVV en Nou- el nuevo nombre de la televisión-, Nou Ràdio y el ente (los servicios centrales), perderán su puesto de trabajo.
Una ley para el cierre
Al parecer, la Generalitat elaborará una ley para proceder al cierre de RTVV, cuya existencia está recogida en el estatuto de autonomía y en una ley ad hoc. La actual directora general, Rosa vidal, ha asegurado que una vez esté marcada la “hoja de ruta”, abandonará la televisión. “No voy a participar en el cierre de una empresa públca”, ha dicho.
La medida pone patas arriba el sector audiovisual valenciano. Además del despido de los 600 profesionales que aún trabajan para RTVV, se supone que supondrá la cancelación de las producciones externas –L’Alqueria Blanca, la seria estrella de la cadena, había presentado su vuelta este miércoles- y de la externalización de gran parte de la programación de la cadena, adjudicada tras concurso público hace pocas semanas.
Además, está por ver cómo se cerrará la televisión. En cualquier caso, salvo que la ley y los tribunales lo impidan, la decisión está tomada, ya que la Generalitat asegura no tener dinero para sostener el ente autonómico. “En el caso concreto de RTVV, la deuda acumulada y asumida por la Generalitat, superaba los 1.000 millones de euros. Una cifra que dejaba en evidencia que RTVV era claramente deficitaria e insostenible con la dimensión que tenía en ese momento”, dice el comunicado de Alberto Fabra, cuya administración ha adelgazado sin piedad el sector público valenciano.
Así, la Generalitat ha despedido a 3200 trabajadores en expedientes de regulación de empleo aplicados en 17 empresas públicas. El cierre de Canal 9, sin embargo, no ha dejado de ser una sorpresa. Hace pocos días, el secretario general del PP valenciano, Serafín Castellano, defendía la necesidad de la cadena. “RTVV ni puede ni debe desaparecer”. Y el propio Fabra, hace poco más de una semana, se mostraba dispuesto a acatar la decisión del tribunal. “Acataremos la decisión del juez sobre RTVV”, decía.
Un comunicado autoexculpatorio
Pese a los vaivenes del gobierno valenciano sobre el futuro de Canal 9, éste prefirió emitir un comunicado en vez de una rueda de prensa para anunciar una medida de enorme calado. No sólo eso, en vez de asumir su eventual responsabilidad en el fallido ERE, descargó toda la culpa del desaguisado en las sucesivas direcciones de RTVV que impulsaron, supervisaron y ejecutaron el ERE.
“Se promovió una nueva Ley de RTVV que ahondara en la vocación de servicio público, pluralidad y defensa de las señas de identidad de la radio y la televisión públicas”, dice el comunicado, que añade. “Es en este punto donde acaban las decisiones del Consell respecto a RTVV. El proceso de ejecución del ERE siempre ha correspondido, en exclusiva, a la dirección de la empresa pública, en tanto que ésta siempre ha tenido entidad jurídica propia”.
Ni Fabra, que comparecerá el miércoles por la mañana para explicar la decisión, ni Císcar han hecho tampoco mención a las razones que han llevado Canal 9 a un punto de no retorno. El caos, de la mano de los sucesivos gobiernos del PP, que llevó a una televisión autonómica a ser una ruina y el paradigma -o uno de ellos- de la manipulación informativa en España.